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El Gobierno oculta al Congreso el blindaje de Interior al casoplón de Pablo Iglesias: «Es secreto oficial»

El Gobierno se ha remitido a la Ley de Secretos Oficiales para negar al Congreso información sobre el despliegue de Interior para proteger la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en la localidad madrileña de Galapagar. Una vez más, el Ejecutivo recurre a esta Ley para ocultar información sobre temas sensibles, como ya hizo, por ejemplo, con el uso del Falcon por parte de Pedro Sánchez. Esta excusa se utilizó también para negar información a través del Portal de Transparencia sobre el dispositivo de Guardia Civil ante el chalet.

El Gobierno responde así a dos preguntas por escrito trasladadas por el Grupo Parlamentario Vox dirigidas, en concreto, a conocer el despliegue en plena crisis pandémica, cuando tuvieron lugar distintas concentraciones de protesta con caceroladas ante la vivienda de los líderes de Podemos. Como informó entonces OKDIARIO, la Guardia Civil llegó a cortar el acceso de los vecinos a la vía, pública y de libre circulación, en la que se ubica el domicilio, obligándoles a desviarse por un camino de tierra. El dispositivo, reforzado provocó las críticas de las asociaciones de la Benemérita, que instaron incluso al vicepresidente segundo a dimitir «ante la incoherencia de sus actos», recordando que él, así como otros miembros de su formación política, profirieron numerosas «ofensas y ataques contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

En la pregunta, Vox solicitaba información sobre «quién requirió ese despliegue policial no habitual» -que, como informó OKDIARIO, fue una orden directa del ministro Grande-Marlaska- así como «los motivos del tal despliegue» y «con cuántos agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil cuenta la seguridad del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero de manera habitual».

«Intereses de seguridad pública»

El Gobierno, en su respuesta, elude cualquier explicación en relación al asunto y se limita a destacar que, en base a la Ley de Secretos Oficiales, dicha información «debe ser objeto de un acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado, lo que determina su clasificación como «Secreto» o «Reservado» en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros».

Así, el Ejecutivo argumenta que se trataría de información «reservada» aquella «relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades». «Por tal motivo, la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección de miembros del Gobierno de España, poniendo en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes, perjudicando, con ello, los intereses de la seguridad pública». 

Con idéntica respuesta despacha otra pregunta de Vox, en la misma línea, en la que exige al Gobierno una valoración sobre la «necesidad» de emplear «tan elevado número de agentes» para la protección de Pablo Iglesias. «¿No es excesivo?», se preguntaba la formación de Santiago Abascal. «¿Considera el Gobierno que tiene mayor relevancia la protección del vicepresidente segundo que la del de los ciudadanos?».

La seguridad en torno a la vivienda de Iglesias y Montero está siempre en el centro de la polémica. Recientemente, por ejemplo, se supo que la Guardia Civil había sido relevada por la Policía en la custodia del chalé, según adelantó elDiario.es.

El motivo de este cambio súbito es la pérdida de confianza de Iglesias y Montero en el Instituto Armado después de que el domingo 12 de julio, en plena noche electoral, una persona se encaramase a la valla del casoplón y grabara a la pareja y un colaborador del partido mientras seguían la hecatombe electoral de Podemos en Galicia y el País Vasco.

El Ministerio del Interior ha convertido el chalet de Iglesias y Montero en todo un fortín. Mientras el número de efectivos destinados a la protección de Iglesias-Montero ha ido en aumento, también crece la inseguridad ciudadana en los municipios afectados por la reestructuración de las funciones de la Guardia Civil, según denuncian las asociaciones.

La Guardia Civil, como informó OKDIARIO, llegó además a emitir una orden de servicio a los agentes encargados de la vigilancia de la vivienda en la que se les exigía que evitasen «realizar corrillos, así como elevar el tono de voz o causar molestias innecesarias a las autoridades residentes y demás vecinos próximos».

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