El Gobierno intenta bloquear los nombramientos del Supremo por miedo a no poder ‘colocar’ a De la Mata

El Gobierno está tratando de bloquear los nombramientos de las tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo por miedo a no poder ‘colocar’ al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata. De hecho, fuentes de toda solvencia vinculadas al Alto Tribunal, al Consejo General del Poder Judicial y a la Audiencia Nacional, consultadas por OKDIARIO, explican que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comenzado una cruzada para conseguir que los vocales del CGPJ nombrados a propuesta de su partido bloqueen los nombramientos.

Hasta tal punto llega el miedo de que De la Mata no salga, que Campo llegó a “dejar caer” las peticiones del Gobierno no sólo en una entrevista en la Cadena Ser, sino en la propia apertura del año judicial, donde no pasó, según las fuentes, nada desapercibida la actitud del ministro.

Las injerencias políticas en el órgano de gobierno de los jueces son históricas. De hecho, todos los partidos cuando están en la oposición apuestan por cambiar el sistema de elección del consejo, pero se olvidan cuando llegan al poder. Sin embargo, nunca se había visto a un ministro ordenar, ni siquiera solicitar, a los vocales lo que deben hacer.

En la entrevista, Campo aseveró que un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato finalizó hace dos años no debería hacer nombramientos de cargos judiciales y llamó al PP a retomar la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Así, el ministro, más allá de respetar la separación de poderes, dijo: «El CGPJ no tiene una función limitada, pero lo que hay por encima de todo es un ámbito claro y un mandato constitucional. Hacer nombramientos dos años después de haberse nombrado, es fácil defender que no deberían».

El motivo

Lo que podría parecer un llamamiento a conseguir una renovación del consejo, no es ni por casualidad, según las fuentes, la realidad de la situación. El problema para el PSOE es que su candidato, José de la Mata, no había entrado ni en la terna elegida por el Consejo, tuvieron que nombrarle a posteriori vía otros vocales, lo que no aseguraba, ni de lejos, su elección. Pero a ello se le suman las injerencias políticas denunciadas por varias vocales.

La vinculación de este magistrado con el partido de Sánchez es clara, pues De la Mata fue entre los años 2009 y 2011 director general de Modernización de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, está considerado desde el partido de la rosa como el adalid contra el PP por ser el magistrado instructor del caso Gürtel, que acorraló al partido conservador hasta tal punto de costarle la dimisión al entonces presidente Mariano Rajoy.

José de la Mata no sólo cuenta con el apoyo socialista en su carrera hacia un sillón de la Sala Segunda del Supremo, también tiene dos pilares, a priori de la cuerda contraria al PSOE dentro de dicha sala, que verían con muy buenos ojos su incorporación. Son los magistrados Carmen Lamela, de la que se hizo muy amigo mientras estuvo con Zapatero, y el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, con el que le une una estrecha amistad desde hace años.

Problemas

El problema para De la Mata es que las ganas de imponerlo del PSOE son tan evidentes que el bloque contrario, del que varios miembros ya hicieron un voto particular denunciando las injerencias políticas, no parecen estar dispuestos a ceder ante las presiones, por lo que el PSOE teme que el nombramiento pueda terminar cayendo para ceder su sitio, algo absolutamente excepcional, a un candidato que verdaderamente sea de consenso más allá de las imposiciones políticas de turno.

Denuncia

En el mes de julio, el CGPJ ya retiró del orden del día los nombramientos. Ante tal imposición, tres vocales, Carmen Llombart, Nuria Díaz y Ángeles Carmona emitieron un voto particular durísimo, de los más duros que se han visto en los últimos años en el consejo.

Entre las cosas que decían, las tres magistradas aseveraban que “no se trata más que de un criterio de oportunidad, que, de admitirse en este caso, debería basarse en el interés general y no en intereses políticos o personales. A la vista de lo expuesto, dada la falta de motivación y de fundamentación legal, entendemos que el acuerdo es el resultado de la injerencia política en el Poder Judicial, denotando una politización del Consejo contraria a la separación de poderes que requiere el Estado de Derecho”.

Ahora, con los vocales revolucionados y no queriendo formar parte del folletín político, el PSOE tiene miedo, mucho miedo, de no poder ‘colocar’ a sus candidatos. La respuesta a todo este culebrón se conocerá a finales de mes, cuando se vea si los candidatos consiguen 13 de los 21 votos o, por el contrario, el voto de los vocales más de izquierdas se divide impidiendo el mínimo de 13 necesario para elegir a un candidato.