El Gobierno de coalición dispara el gasto en altos cargos con España en crisis: 46 millones en 6 meses
Si se suman los cargos 'a dedo' que el Ejecutivo ha ido nombrando en estos meses, el importe asciende a 76,24 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha supuesto para las arcas públicas españolas un gasto de más de 46 millones de euros en lo que va de año, según se desprende del último informe del avance comentado de pagos de la Administración General del Estado. Si se suman además los cargos ‘a dedo’ que el Ejecutivo ha ido nombrando en estos meses, el importe asciende a 76,24 millones. Un gasto récord con el país sumido en la peor crisis económica.
Sólo en junio -último mes contabilizado- el gasto en altos cargos superó los 14 millones. El Gobierno socialcomunista es el segundo más extenso de la democracia, únicamente superado por el de Adolfo Suárez, en 1980. Es el que tiene más vicepresidencias: cuatro. Ello supone además todo un despliegue de altos cargos, asesores y otro personal asociado.
Más cargos
La crisis económica derivada de la pandemia no disuade al Ejecutivo de seguir nombrando cargos. Esta misma semana, sin ir más lejos, el Ministerio de Sanidad anunció la creación de una nueva Secretaría de Estado. El departamento de Salvador Illa justificó la decisión por «la necesidad de reforzar el Ministerio de Sanidad de cara al control de posibles rebrotes de la enfermedad, así como ante la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico». España, en cambio, afronta ya una situación preocupante en la expansión del virus, con la multiplicación de brotes por todo el territorio.
Ese nuevo organismo, de alto nivel, tiene como objetivo fundamental, según fuentes del Ministerio, apoyar al ministro en la comunicación de las políticas sanitarias y facilitar una mejor interlocución con diferentes actores del ámbito nacional e internacional.
En plena pandemia ya fue polémica la reestructuración de varios departamentos ministeriales, lo que disparó el número de cargos. En concreto, en abril -con la pandemia desatada y los españoles confinados- se crearon hasta 11 nuevas direcciones generales, una dirección general y otra nueva división.
Enchufes
El Ejecutivo de Sánchez también lidera el dudoso podium de enchufes de altos cargos, al eximirles del requisito de ser funcionarios, pese a lo establecido por la ley, que sólo contempla excepciones justificadas por «las características específicas de las funciones» de la correspondiente dirección general. Es decir, casos puntuales y excepcionalmente motivados.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha convertido esa excepción en norma para eximir del requisito de ser funcionario a una veintena de directores generales, colocando así a sus afines.
Uno de los ejemplos más polémicos fue el de José Ignacio Carnicero como director general de Agenda Urbana y Arquitectura, como reveló ABC. Carnicero es un amigo de la infancia del presidente del Gobierno y ex compañero de colegio y del equipo de baloncesto.
El Gobierno se resiste en cambio a un ejercicio de austeridad. Recientemente, en una respuesta parlamentaria revelada por OKDIARIO, el Gobierno descartó recortar el sueldo a sus miembros como gesto de solidaridad con la ciudadanía sumida en su peor crisis económica. La Moncloa argumentaba que «ahora más que nunca hay que resaltar la importancia de contar con un sector público robusto» y añadía que «todos los empleados públicos están dedicando todo su tiempo y esfuerzo a gestionar los efectos derivados de esta crisis, de la misma manera que lo está haciendo el Gobierno de España».
En otra pregunta, en este caso en el Senado, el Ejecutivo cerró también la puerta a una remodelación del gabinete para hacerlo más económico, justificando que el mastodóntico organigrama «replica en su composición las grandes prioridades de transformación que precisa la sociedad española».
Estas son, enumeraba: «Crecimiento económico sobre la base de la ciencia, la innovación, la investigación y la creación de empleo de calidad; entendimiento territorial y reto demográfico; justicia social; transformación digital y transición ecológica justa de la economía española e igualdad plena y efectiva de la mujer».
«Cuatro vicepresidencias que atienden a las cuatro primeras prioridades. Con respecto a la quinta prioridad, cabe subrayar que impregna la integridad del Gobierno de España», concluía el Gobierno en su respuesta.