El Gobierno de Carmena ocultó la contabilidad B de 2 millones de euros en el área de Informática

La gerente del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Román, ha reconocido este lunes la contabilidad paralela en la entidad municipal ‘Informática del Ayuntamiento de Madrid’ (IAM). Y aunque el tema se trató en la Junta de Gobierno que preside cada jueves la ex jueza Manuela Carmena no se ha hecho público.

El Ayuntamiento de Madrid anunció en febrero que se habían detectado anomalías –el desvío de fondos por valor de más de 700.000 euros de una partida total de dos millones– en la contabilidad de IAM y que las trasladaban a la Fiscalía. Los hechos fueron detectados durante una actuación reservada realizada por la Inspección General de Servicios.

Los posibles delitos que se han podido cometer son «malversación de caudales públicos, falsedad de documento público y fraude por funcionario público», ha dicho Román. La Junta de Gobierno, en palabras de la gerente, dio cuenta de la aprobación de la convalidación de gasto a raíz de estas prácticas.

La confirmación de que se ocultaron estos posibles hechos delictivos es la principal novedad conocida en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto celebrada este lunes a petición del Partido Popular y su edil Percival Manglano. Fue únicamente tras la publicación de la información en prensa cuando se confirmó que se iba a abrir una investigación reservada y, posteriormente, que se llevaría a la Fiscalía. Pese a la petición del PP, siguen manteniendo en secreto el contenido completo de ese informe.

Román ha confirmado que se había abierto una hoja de cálculo Excel a espaldas de los altos cargos del IAM donde se iba registrando de forma paralela la ejecución de las compras independientemente de los presupuestos. Se abrió una bolsa de dinero al margen de los contratos en curso sobre suministro y mantenimiento de equipos informáticos. Según el equipo de Gobierno, no había afán de lucro sino tan solo ser más ágiles en la gestión. En todo caso, además de llevarlo a la Fiscalía optaron por cesar al ‘número 2’ de este organismo autónomo del Ayuntamiento y hay otros dos altos cargos cuestionados.

A esto se suma que cuando se hizo el inventariado del almacén del IAM las cámaras de seguridad se apagaron porque «eran alegales». «Se intentaron legalizar en 2013 pero no se completó, no están bajo el control del área de Seguridad por lo que por Protección de Datos se apagaron», ha destacado la gerente.

Desde el PSOE, el edil Ramón Silva ha pedido más información y ha comentado que tienen experiencia en conseguir estos datos en los tribunales si el equipo de Gobierno no los ofrece a iniciativa propia. Silva ha dicho que los concejales deberían tener acceso en algún foro restringido a la información reservada. En caso contrario, deja caer que harán como en el caso Madrid Arena o en la Empresa Funeraria en los que personándose en la causa obtienen la documentación. «En estos casos, la Justicia no pone en cuestión nuestra legitimidad, solo es cuestión de dinero», apunta.

El concejal del PP Manglano critica esta «falta de transparencia». Espera que no se tome por buena la hoja de Excel y que de ahí se derive que se sí se ejecutaron 380.000 euros del más de los dos millones previsto.

Del grupo municipal Ciudadanos, Silva Saavedra ha preguntado acerca de qué pasará con los contratos en curso. «La administración ha incumplido una obligación haciendo certificados servicios que no se han realizado, no nos resulta muy claro cómo se ha hecho la resolución de estos contratos».

«Nadie más interesados que nosotros para que se resuelvan responsabilidades, pero lo cierto es que las circunstancias que nos encontramos son unas instalaciones realmente obsoletas», ha añadido la gerente madrileña Carmen Román. Avanza que la auditoría externa que ha licitado directamente la Intervención Municipal se dará a conocer en julio.