La Fundación Franco declara su «máximo respeto a las víctimas» de la Guerra Civil y de la dictadura

La Fundación Francisco Franco ha reformado sus estatutos para proclamar, expresamente, su «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977». Tras ello, el Ejecutivo de PSOE y Sumar ha borrado del Plan Anual Normativo de 2024 su promesa de modificar la Ley de Asociaciones en línea con la nueva Ley de Memoria Democrática para, a la postre, extinguir a la fuerza esa entidad civil.

Hace unos meses la Fundación Francisco Franco blindó sus estatutos para sortear la Ley de Memoria Democrática de Sánchez. Tras esta modificación, la entidad dedicada a la memoria de Franco estipula expresamente, entre sus fines: «En el desarrollo de sus actividades, la fundación velará en todo caso por el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo de la historia de España, comprendido entre los años 1931 y 1977, evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares».

La fundación también señala entre sus objetivos «promover el estudio de la vida, pensamiento y legado de Franco, difundir el estudio del Estado que rigió los designios de España entre 1936 y 1977, fomentar la educación e investigación, la defensa de todo ello en medios de comunicación, ante administraciones públicas y ante la Justicia». Se trata de unos estatutos que, sostienen, Interior les ha aprobado por la vía del silencio administrativo.

En este contexto, Sánchez ha retirado del Plan Anual Normativo de 2024 recién aprobado una previsión legal que atacaba de lleno a la Fundación Francisco Franco. En 2023, entre las cinco iniciativas con carácter de Ley ordinaria que Sánchez pretendía aprobar estaba la de modificación de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación.

Un plazo de un año

En concreto, dentro de los planes legislativos del Ministerio del Interior estaba ese punto con el objetivo de «dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, la cual fija el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor [en octubre de 2022], para promover la modificación de la Ley, de 2002, del Derecho de Asociación, con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Sin embargo, tras consultar el Plan Anual Normativo de 2024 ese compromiso desaparece. Por ejemplo, se reseña que el Ministerio de Juventud e Infancia, que comanda la ministra Sira Rego (IU), pretende sacar adelante un Real Decreto para el fomento de las asociaciones de niños, niñas y adolescentes. También se apunta la intención de aprobar este año un real decreto para regular el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de raza pura. Sin embargo, ni rastro de algún proyecto legal dirigido a acabar con la fundación franquista más conocida. Junto a ella, el PSOE también había puesto el foco en cerrar las fundaciones de Gonzalo Queipo de Llano, Blas Piñar, Ramiro Ledesma Ramos, Serrano Súñer, José Antonio Primo de Rivera y Juan Yagüe.

Interior, que debería ser el ministerio competente en regular el derecho de asociación, afirma tener siete proyectos legales en marcha. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en manos de Ángel Víctor Torres, tiene 3 textos normativos entre manos.

En materia estrictamente de memoria histórica, Sánchez prevé que en 2024 podrá aprobar un real decreto para facilitar la inscripción de nacionales españoles en los registros de las oficinas consulares en el extranjero, otro para crear el Consejo de la Memoria Democrática y el Registro de las Entidades de Memoria Democrática, y otro para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros.

Expulsión de los monjes

Por tanto, aunque olvida sus planes para censurar las asociaciones civiles ligadas al franquismo, sí muestra su voluntad de acabar con los monjes del popularmente conocido como Valle de los Caídos. No obstante, este punto también se incorporó en el plan de 2023 sin éxito. Además, como ha publicado OKDIARIO, se trata de una iniciativa sin visos de éxito. La Iglesia ha respaldado a la congregación de 21 monjes que habitan la basílica y, si no se violan los acuerdos de España y la Santa Sede, los religiosos y el colegio-escolanía permanecerán.

Además, según indican fuentes próximas a la basílica, hace unos días se celebró una cena multitudinaria en el Valle de los Caídos en los que el prior, Santiago Cantera, de forma solemne afirmó al terminar su discurso: «No nos vamos a ir de aquí, no nos van a echar nunca». Se trata de unas palabras de enorme calado en esa comunidad que sabe que el máximo responsable de esas dependencias mide muy bien sus palabras.