El ex nº 3 de Marlaska admite que contactó a Koldo, pero encubre a la persona que le dio el número

El director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, conocido como Lenin, ha admitido este lunes en la Audiencia Nacional que fue él el alto cargo del Ministerio del Interior que contactó con Koldo García para concretar los polémicos encargos de material sanitario con la empresa investigada Soluciones de Gestión SL. No obstante, a la pregunta de quién le dio el número de teléfono del asesor del ex ministro José Luis Ábalos el entonces subsecretario de la Secretaría de Estado de Seguridad ha asegurado no recordarlo.

José Antonio Rodríguez reconoce que en el ámbito de su trabajo en el Ministerio del Interior se le informa que el Ministerio de Transportes liderado por Ábalos estaba adquiriendo mascarillas y se le facilita el contacto de Koldo García con quien habla para realizar otro contrato con Soluciones de Gestión. Sin embargo, no dice quién le da los datos de contacto del asesor ministerial que da nombre al caso que investiga el juez Ismael Moreno. Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que está encubriendo a alguien dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. El testigo declara que no recuerda quién le da el nombre de Koldo García, ni quién le dio instrucciones para llamar al hombre de confianza de Ábalos que llegó a dormir junto a los avales de Pedro Sánchez para llegar al liderazgo del PSOE.

En su comparecencia en calidad de testigo, el ex subsecretario ministerial que fue relegado de su cargo tras la polémica ha hablado ante Moreno de la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, por un valor de 3,4 millones de euros. Se trata de una empresa investigada por conseguir presuntamente contratos hinchados que habrían derivado en comisiones millonarias a diversas personas.

El nombre de Rodríguez surgió durante la declaración de Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Belmar señaló que Rodríguez le ordenó ponerse en contacto con Soluciones de Gestión tras las gestiones realizadas con Koldo García. Durante su testimonio ante la comisión de investigación del Senado, ese comisario jubilado explicó que Rodríguez le facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, un directivo de la empresa investigada por la Audiencia Nacional.

Además de Rodríguez, se espera la comparecencia de dos inspectoras que participaron en la auditoría encargada por el posterior ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los contratos adjudicados por entidades bajo su jurisdicción.

Por su parte, el ex director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, describió la auditoría como un «despropósito» en su declaración del mes pasado, donde también mencionó que Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, fue quien le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión. Esta empresa recibió un lote de mascarillas por 12,5 millones de euros.

El próximo 21 de octubre está previsto que otros testigos comparezcan ante el juez, entre ellos el jefe de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes durante la adjudicación, y el ex secretario general de Correos. Asimismo, el juez también tomará declaración al presidente de la empresa Raminatrans, que se encargó de distribuir parte de la mercancía. Estas testificales buscan esclarecer la falta de justificación en la recepción de las mascarillas adjudicadas por Puertos del Estado y Adif.

Piezas separadas

Por su parte, las acusaciones populares de Iustitia Europa y Hazte Oír en el marco del caso Koldo han solicitado al juez que investigue el rescate de Air Europa y la visita de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a España en 2020. Piden abrir dos piezas separadas y citar a figuras como Nadia Calviño, Francina Armengol y José Luis Ábalos. Sostienen que informes recientes vinculan a Ábalos con el rescate de Air Europa y la visita de Rodríguez, sugiriendo tráfico de influencias y corrupción. También solicitan la imputación de altos cargos de la Guardia Civil y la investigación de posibles delitos relacionados con contratos públicos.

Además, indican que la visita de Delcy Rodríguez podría haber violado sanciones internacionales, acusando a Ábalos y otros de facilitar este encuentro. Las plataformas creen que Ábalos actuó como intermediario en diversas adjudicaciones públicas y piden que sea investigado en profundidad por estos hechos.