ERC se queda sin candidatos a presidir el Parlament por el miedo al proceso penal
La renuncia de Carles Mundó, exconseller de Justicia y uno de los valores al alza en ERC, ha estallado en las filas republicanas a una semana de que se constituya el Parlament y en plenas conversaciones para lograr su presidencia.
El abandono, por «razones personales», ha sorprendido en el partido, donde se especulaba con su candidatura en sustitución de Carme Forcadell, muy reticente a renovar en el cargo.
Mundó, en libertad bajo fianza y acusado por rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia, tampoco quería un puesto que inevitablemente coloca en el punto de mira a quien lo ostenta y que con toda probabilidad compromete su horizonte penal. El exconseller ya había evidenciado sus serias discrepancias con la vía unilateral emprendida por Carles Puigdemont, a quien advirtió sin éxito de la necesidad de convocar elecciones y renunciar a la declaración de independencia. Y de ahí que no estuviese dispuesto a jugársela otra vez con un puesto que le obligaría a tramitar eventuales iniciativas ilegales del nuevo gobierno.
Su baja ha trastocado definitivamente los planes de ERC y, por tanto, su última baza para contener la deriva unilateral de Puigdemont. Tanto, que en círculos del Parlament se renuncia ya a colocar a un republicano al frente de la institución. Nadie está dispuesto a pagar un precio penal por plegarse a la hoja de ruta del líder convergente. De esta forma, la pelota regresa a Forcadell, una candidata que agrada en el entorno de Junts per Catalunya- algo que no pasaba con Mundó- y que se ve de nuevo en el punto de mira.
El tiempo aprieta. La composición de la Mesa del Parlament es el trámite que da comienzo a la legislatura, con su sesión constitutiva fijada para el próximo 17 de enero. Si bien en medios próximos al aún expresidente se especula con bloquear esa sesión, a fin de ganar tiempo de cara a la investidura.
Esa posibilidad vendría amparada por el artículo 89 del Reglamento que establece que, para adoptar acuerdos, el Parlament necesita de la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros (68), y la mayoría independentista es de 70. Si ese quórum no existe, la constitución de la Mesa quedará en suspenso.
Un papel esencial en la legislatura
La Mesa del Parlament juega un papel esencial en la legislatura. Entre sus funciones, enumeradas en el reglamento, está la de «adoptar las decisiones que requieren las tramitaciones parlamentarias, en caso de duda o de laguna reglamentaria», como sería el caso de una investidura telemática de Puigdemont o la delegación de voto de los encarcelados y los huidos en Bruselas.
Y en ese contexto, la presidencia de la Mesa resulta vital. Basta recordar la utilización partidista que la propia Forcadell hizo de su cargo durante la pasada legislatura, convocando los plenos a su antojo y alterando los debates para introducir cambios en el orden del día, siempre en favor del separatismo.
Atendiendo a la proporcionalidad de los resultados electorales, a Ciudadanos, Junts per Catalunya y ERC les corresponderían dos miembros en la Mesa y al PSC uno. Sin embargo, esa composición debe ser votada en el pleno-donde se necesita de una mayoría absoluta en primera votación y simple, en segunda. De ahí que entren en juego los acuerdos con otras formaciones.
Es el caso de los ‘comunes’, cuyo papel resulta relevante ante la incertidumbre de si el bloque independentista podría lograr la mayoría. La formación de Ada Colau se ha reunido este martes, primero con ERC y luego con Ciudadanos, en el contexto de las múltiples conversaciones que los grupos catalanes mantienen en los últimos días.
La formación de Albert Rivera trata de recabar el apoyo a su candidato, José María Espejo-Saavedra, aunque los de Colau ya han avanzado que no les apoyarán, ni en este caso ni para la Presidencia de la Generalitat.
Investidura sin reforma del Reglamento
Que Carles Puigdemont pueda ser investido a distancia es la opción que más se barrunta y comparte tanto en los círculos del independentismo como entre las formaciones constitucionalistas.
En este sentido, las tesis discrepan sobre la necesidad o no de modificar el Reglamento del Parlament, cuya interpretación corresponde a la Mesa. En su literalidad, la norma no establece que el candidato tenga que acudir a la sesión de investidura, pero tampoco recoge lo contrario, lo que deja la vía abierta a partidarios y detractores de una investidura no presencial. En el entorno del expresidente catalán defienden así que esta opción sería viable incluso sin necesidad de una reforma previa del Reglamento.