El Constitucional tumba el recurso de Junqueras y no suspenderá su inhabilitación para cargos públicos

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la petición del ex vicepresidente catalán y actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa de suspender de forma cautelar sus penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos, hasta que resuelvan los recursos de amparo que presentaron contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles la malversación del procés.

El Pleno ha adoptado esta decisión este martes tras retomar el debate que dejó pendiente a principios de diciembre en aras de llegar por unanimidad a un acuerdo para contestar a los ex cargos catalanes condenados por el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

El tribunal ha resuelto en base a una serie de ponencias que habían recaído en distintos magistrados –conservadores y progresistas– que abogaban por rechazar la petición cautelar. Cabe recordar que dichas solicitudes se enmarcaron en los recursos de amparo que presentaron ante el Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía en lo que respecta al delito de malversación.

Los cuatro fueron condenados por malversación y sedición a penas de hasta 13 años de cárcel e inhabilitación. El Gobierno de Pedro Sánchez les indultó las penas de cárcel en 2021 pero mantuvo las de inhabilitación, que el Supremo rechazó amnistiar al considerar que la malversación del procés recae en las excepciones que contempla la propia ley para no aplicarla.

Los magistrados de la Sala Segunda razonaron que el dinero malversado implicó «un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial», por cuanto los líderes independentistas no tuvieron que pagarlo de sus bolsillos, sino que hicieron uso de las arcas públicas para costear un fin partidista; y que con ello afectaron a los intereses económicos y financieros de la Unión Europea, porque una eventual secesión de Cataluña habría mermado los ingresos comunitarios procedentes de España.

El Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo pero aún está pendiente que los resuelva, algo que está previsto que haga ya el próximo año. Los líderes independentistas solicitaron que, en el ínterin, se les levantara la pena de inhabilitación, que en el caso de Junqueras llega hasta 2031. Los magistrados han desestimado estas pretensiones.

La Fiscalía también se opone

La Fiscalía del Tribunal Constitucional también mostró su oposición a que se rehabilitara cautelarmente a los implicados, no sólo porque entendía que supondría anticipar el fallo sobre los recursos de amparo en sí mismos, sino porque además tampoco veía que al mantenerlos inhabilitados se les causara un «daño irreparable».

Además de que es doctrina constitucional rechazar la suspensión de las penas vigentes cuando el tiempo que queda por cumplir es superior al que tarda el TC en resolver los recursos de amparo, como es el caso, hay que sumar otro factor, no vinculante pero sí influyente, que son las conclusiones que el abogado general de la UE, el luxemburgués Dean Spielmann, quien dio a conocer el pasado 13 de noviembre en cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la amnistía.

El letrado comunitario señaló que «no es conforme con el Derecho de la UE obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aún cuando el Tribunal de Justicia de la UE no haya adoptado todavía resolución» sobre las cuestiones planteadas.