El Constitucional prohíbe las manifestaciones del 1 de mayo que se pretendían celebrar en coche

No habrá manifestaciones este 1 de mayo, tampoco en coche. Ésta es la respuesta de del Tribunal Constitucional a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El sindicato recurrió ante el Tribunal de Garantías la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) que denegó su petición para celebrar un acto de protesta en Vigo, previsto en la ciudad con motivo del Día Internacional del Trabajo, en la modalidad de caravana motorizada de vehículos con un solo ocupante.

En un Auto que ha hecho público el Constitucional este mismo jueves, los miembros de la Sala Primera del Tribunal de Garantías consideraron mayoritariamente que «no se dan las circunstancias» para permitir el ejercicio del derecho fundamental de reunión aunque, formalmente, el mismo no se encuentra suspendido por el decreto con el que el Gobierno declaró el estado de alarma para paliar la pandemia del COVID-19.

Para los magistrados Juan José González Rivas (presidente), Andrés Ollero Tassara, Santiago Martínez Vares García, Alfredo Montoya Melgar, Cándido Conde-Pumpido Tourón y María Luisa Balaguer Callejón, «la relación entre el derecho a la vida y el de reunión exige» un equilibrio que «ante la falta de las garantías de seguridad en una situación de máximo contagio», hace necesario priorizar el primer derecho. Así lo han acordado por mayoría.

El TC confirma la decisión tomada por el TSJG, el pasado martes, en la que se indicó que si las manifestaciones previstas llegaran a celebrarse «lógicamente ello conllevará una salida masiva de ciudadanos a lugares de tránsito público antes o después de subir a bordo de los vehículos». El hecho de que los desplazamientos a lo largo del recorrido previsto se celebrasen en coche «no entraña una garantía de que desaparezca el peligro» de contagio para los participantes, apuntaron los jueces gallegos. Una tesis compartida, ahora, por sus colegas del Constitucional.

El sindicato CUT consideró que la «prohibición o limitación de una movilización sindical constituiría una burla de derechos fundamentales» cuyo ejercicio no puede cancelarse bajo la fórmula del actual estado de alarma, dado que el Gobierno sí «permite el desplazamiento» en vehículos particulares al lugar de trabajo. Sin embargo, y pese a que el propio TSJG reconoció en su sentencia que la actividad de protesta «no está recogida en el decreto del estado de alarma», el Constitucional ha primado el derecho a la vida como bien jurídico superior.

La Sala «no puede permanecer ajena a la enorme magnitud de los efectos que ha provocado la pandemia» del COVID-19, entre ellos «la gran cantidad de fallecidos, hospitalizados y afectados», por lo que «no puede sustraerse a las tragedias que muestran cada día los medios de comunicación, percibiendo de ese modo el monumental golpe» que el coronavirus ha asestado a la Salud pública española», dicen los magistrados en su resolución. «Ese riesgo para la Salud pública, concretado en la constante pérdida de la vida de miles de ciudadanos y la necesaria hospitalización de muchos más a lo largo de más de un mes, y que en el presente todavía no ha sido contenido, ha dado lugar a la declaración del estado de alarma y justifica la restricción en la circulación de personas, incluso a bordo de vehículos, para así evitar la propagación del virus», añaden.

Cero movilizaciones

El Auto del Constitucional sienta un precedente claro. La doctrina fijada por el Tribunal de Garantías en el recurso de la CUT complica las cosas para quienes tuviesen la intención de convocar cualquier protesta, a partir de hoy. El usuario Alvise Pérez informó en sus perfiles de las redes sociales que había «informado a la Delegación del Gobierno en Madrid de la primera gran protesta» contra el Ejecutivo. «Una caravana segura y legal este sábado a las 12:00 en Castellana para pitar alto y claro ‘Gobierno Dimisión’. Que no nos roben el derecho fundamental a protestar», anunciaba el tuitero.

Según explicó en el cartel con la convocatoria a la manifestación de este próximo sábado 2 de mayo, el funcionamiento de la convocatoria consistía en pasar «en coche o moto por el paseo de la Castellana con una bandera de España» y hacer «una gran pitada contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias». Aunque dejaba claro que sería «todo acorde con la legislación» y que no se pondría «en riesgo la salud de nadie» de acuerdo con lo dispuesto por el estado de alarma. El Constitucional desautoriza esta posibilidad.