Una comisión que blanquea a ETA perseguirá a quienes ensalcen a Franco en el País Vasco

La nueva ley de «memoria histórica» del País Vasco incluye un severo régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros y delega la imposición de los castigos a órganos políticos, como el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora).

Según la norma, este organismo podrá imponer las multas de hasta 100.000 euros. Es decir, tendrá capacidad para sancionar las «expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la dictadura franquista», penalizadas como infracciones graves y que están castigadas con hasta 10.000 euros.

En este apartado se incluyen las «expresiones» que se realicen «en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales, así como cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo, cuando estas categorías de conductas no puedan ser tipificadas como delito de incitación al odio».

También «las manifestaciones o exhibiciones por parte de representantes públicos y funcionarios y funcionarias de la administración de la comunidad autónoma que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936 y de la dictadura». O «la celebración de actos y homenajes de cualquier naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración, la exaltación o el enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y de la dictadura franquista, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial». Igualmente serán castigados aquellos que promuevan «distinciones o reconocimientos de personas, entidades u organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial».

Críticas de las víctimas

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos ha sido criticado en distintas ocasiones por las asociaciones de víctimas de ETA al ver en sus actuaciones una equiparación entre víctimas y verdugos.  

Así ocurrió, por ejemplo, el pasado noviembre, con motivo de la celebración del llamado Día de la Memoria. La campaña del Gobierno vasco, diseñada por este instituto y con el lema ‘Mirar hacia atrás para salir adelante’, suponía según Covite «un ejercicio de blanqueamiento de ETA». En la misma se podían ver una serie de vídeos protagonizados por jóvenes en el que no se mencionaba a la banda y se insistía en la reconciliación. Incluso se afirmaba que «no hay distinción entre víctimas, todas y todos han sufrido». «No diría que la solución sea la venganza, ¿para qué?», añadía una de las participantes. Otro de los chavales coincidía:»Tenemos que hacer el esfuerzo de perdonar». Covite calificó la campaña como «un burdo intento de negar que ha habido terrorismo en el País Vasco».

Desde su constitución en 2015, Gogora se ha dedicado también a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo como «institución en la que se deposita la promoción articulada e integral de las políticas públicas vascas de memoria», según se describe en la ley.

Este instituto ya tiene en marcha varias actuaciones recogidas en la norma, como el informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi entre 1936-1978 y el censo de víctimas mortales durante la Guerra Civil en esta comunidad, con 20.000 registradas.

La norma tipifica además como «infracciones muy graves» la destrucción de fosas o la  destrucción u ocultación de «documentación relevante para la investigación y conocimiento de la verdad». En estos casos, la sanción podrá llegar hasta los 150.000 euros, por lo que la competencia para imponerla recaería en el consejo de Gobierno.

Además, con hasta 10.000 euros se castigará, entre otros, el «traslado de restos humanos sin autorización» o «la realización de cualquier obra o intervención en un Lugar, Espacio o Itinerario de la Memoria Histórica de Euskadi que afecte a fosas de víctimas» también sin haber recibido la autorización correspondiente.