Ley de Memoria Histórica y Democrática del País Vasco

Urkullu presiona a Sánchez con una ley para que exhume a los vascos del Valle de los Caídos

El Gobierno vasco prepara una ley de Memoria Histórica que promueve la colaboración con la Administración central para que "aquellas familias que así lo deseen puedan exhumar a sus familiares"

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El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu.

El Gobierno vasco prepara su propia ley de ‘Memoria Histórica y Democrática’ que, entre otros puntos, impulsa la exhumación de los vascos del Valle de los Caídos.

Tras la salida de los restos de Francisco Franco, Pedro Sánchez afronta ahora cómo exhumar el resto de cadáveres que reposan en este espacio. El Gobierno, no obstante, admite que existen «dificultades técnicas y científicas» para acometer sus planes, como este viernes reconoció la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

El borrador de la ley vasca establece que el Gobierno autonómico establecerá los cauces con la Administración General del Estado para que «aquellas familias que así lo deseen puedan exhumar a sus familiares».

Búsqueda de ‘gudaris’

En base a este proyecto, que se encuentra actualmente en fase de consulta pública, el Gobierno vasco elaborará también un informe de «violaciones de derechos humanos» en la región durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre 1936 y 1978 y se compromete a «reparar» a las víctimas o a «localizar e identificar a las personas desaparecidas» durante este periodo histórico.

En este contexto, el borrador señala que «los protocolos de intervención de fosas serán también aplicables a las intervenciones de fosas comunes de gudaris, milicianos o cualquier otra persona muerta en el curso o como consecuencia de acciones militares durante la Guerra Civil».

También se contempla la creación de un banco de ADN, para cotejar los restos óseos de las personas exhumadas con sus familiares.

La futura ley sancionará la exhibición de placas, escudos y otro símbolo de la Guerra Civil y la dictadura, así como las «alusiones a los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar y la dictadura y las que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores».

En este sentido, cada Ayuntamiento podrá obligar a los propietarios privados a retirar dichos símbolos en caso de que el inmueble tenga un uso público o proyección a un espacio visible de acceso o uso público.

Asimismo, se contempla la retirada de las distinciones o títulos de personas o entidades que supongan «una exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista».

La ley recoge sanciones de hasta 150.000 euros en el caso de infracciones muy graves, como la realización de excavaciones sin autorización o la destrucción de fosas de víctimas. Como infracciones graves -castigadas con hasta 10.000 euros- se considera por ejemplo el incumplimiento de la retirada de símbolos o emitir expresiones «ofensivas, vejatorias o atentatorias con la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la dictadura en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en plataformas digitales».

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