El CNI avisa que el triple control judicial que Sánchez cede al PNV «hará imposible muchas misiones»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha metido al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la subasta política del Congreso de los Diputados. El PSOE secundó esta semana un plan para reformar la ley que regula al servicio de inteligencia, a propuesta del PNV, que en la práctica supondrá una «merma en su capacidad operativa». El propio Centro avisó al Gobierno de que modificar el sistema de control judicial para que sean tres jueces en vez de uno los que tengan que autorizar operaciones haría «imposible» la realización de algunas misiones por el aumento de la burocracia. Moncloa prometió al servicio no tocar la ley, pero finalmente ha accedido a hacerlo.

Profunda preocupación en los servicios de inteligencia españoles tras el apoyo del PSOE a tramitar la reforma de ley que le exigen a Sánchez sus socios nacionalistas y separatistas. Con el pretexto de evitar que en futuras ocasiones se produzcan episodios como el del espionaje con Pegasus al separatismo catalán -que fue autorizado por un juez del Tribunal Supremo-, el PNV plantea una modificación de los controles judiciales sobre el CNI. Un «triple control judicial», como lo definen.

De todo lo incluido en esa propuesta del PNV que cuenta con el respaldo del PSOE, el asunto judicial es el que más preocupa desde el punto de vista operativo a los servicios de inteligencia. Según explican fuentes de la seguridad del Estado a OKDIARIO, el sistema planteado «abrirá la puerta a bloqueos burocráticos y a ampliar los plazos para obtener permisos para ciertas operaciones, que muchas veces dependen de una ventana de oportunidad muy corta en el tiempo». Habrá misiones «imposibles» de acometer.

Hasta ahora, el sistema de control judicial se basaba en un juez designado en el Tribunal Supremo (Pablo de Lucas es el encargado desde 2009), que era quien canalizaba todas las peticiones de autorización para poder llevar a cabo cualquier intromisión en el secreto de las comunicaciones de un ciudadano -nacional o extranjero- en suelo español. El plan del PNV pasa por que sean tres los magistrados que, de forma colegiada y por unanimidad, autoricen este tipo de acciones.

«Los procesos serán más lentos y habrá ocasiones en las que la autorización no llegue a tiempo. No es lo mismo que un juez analice y certifique que hay motivos objetivos para la autorización, a que tres jueces deban analizarlo y ponerse de acuerdo por unanimidad», señalan estas fuentes.

Explican, por ejemplo, un operativo en el que el CNI supo con apenas una hora de antelación que una persona vinculada a los servicios secretos rusos iba a pasar unas horas en España para encontrarse con una persona. El Centro consiguió de forma exprés la autorización legal para actuar con sus medios. Endureciendo ese trámite, dicen, no se habría logrado.

Además, explican, supone que el Consejo General del Poder Judicial tenga que designar no sólo a dos magistrados -el titular y el suplente-, sino a seis -tres titulares y tres suplentes-de entre la plantilla del Supremo. Máxime teniendo en cuenta el perfil adecuado para ese puesto: magistrados sin adscripciones políticas ni afiliados a ninguna asociación concreta.

Cesión del PSOE al PNV

El PSOE y sus aliados en el Congreso han mostrado este pasado martes su respaldo para que se inicie la tramitación de la reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una propuesta impulsada por el PNV. Esta reforma busca fortalecer el control judicial sobre las actividades del servicio secreto y cambiar la estructura orgánica de su dirección, de manera que dependa directamente del presidente del Gobierno, en lugar de un ministro, como actualmente es el caso con Defensa.

Ésta no es la primera vez que Aitor Esteban y su grupo presentan esta iniciativa en el Congreso, ya que fue rechazada en la legislatura anterior con los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos. En aquella ocasión, el PSOE tampoco apoyó la medida, argumentando que reformas de este tipo deberían ser impulsadas desde el Gobierno, respaldadas por los correspondientes informes jurídicos.

En ese contexto, acababa de estallar la controversia por el espionaje a líderes independentistas y miembros del Gobierno con el software Pegasus, un escándalo que resultó en la destitución de Paz Esteban como directora del CNI. Fue reemplazada por Esperanza Casteleiro, quien previamente ejercía como secretaria de Estado de Defensa. Ambas eran personas de confianza de la ministra Margarita Robles.

En aquel entonces, el presidente Pedro Sánchez se comprometió a modificar la ley del CNI, destacando que la reforma era esencial para la regeneración democrática y la transparencia. Sin embargo, como señaló el diputado del PNV Mikel Legarda desde la tribuna, el Ejecutivo no ha presentado ninguna propuesta hasta la fecha, ni ha incluido esta cuestión en su reciente Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.

Lucas y Lesmes

Llega el turno de la sucesión en la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El actual presidente en funciones, Pablo Lucas, dejará el cargo en los próximos meses y los jueces que quieran aspirar a este codiciado cargo deben proponerse ante los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votarán el nombramiento. Fuentes jurídicas señalan que el favorito es el juez José Manuel Bandrés, que tendrá que decidir si finalmente quiere presentarse a la plaza. Las mencionadas voces también apuntan a Carlos Lesmes, al haber sondeado a compañeros de la judicatura sobre sus intenciones para presentarse a presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.

El Tribunal Supremo está viviendo un momento fundacional. La Ley de Pedro Sánchez que impidió a un CGPJ en funciones realizar nombramientos provocó una crisis de jueces sin precedentes en el Tribunal. Un tercio de despachos cerraron y el paso del tiempo hizo que los presidentes de cada Sala empezaron a ejercer su mandato en funciones. Éste es el caso de la Sala Tercera, la más numerosa del Supremo y donde el déficit de jueces era más acuciante. De hecho, en las próximas semanas se suma una nueva baja por jubilación.

Su actual presidente es Pablo Lucas que, como juez de mayor antigüedad, dirige el departamento de forma interina. Su nombre fue propuesto por el bloque conservador para presidir el Supremo, pero, finalmente, no fue elegido en las votaciones. «Es la excelencia absoluta», explican fuentes jurídicas, que lamentan que no haya sido escogido. A pesar del desgaste que supone perder la presidencia del Tribunal Supremo, Lucas continuó como presidente de su Sala, pero tendrá que abandonar el cargo en las próximas semanas.

El relevo natural en las presidencias de Sala es que sea uno de los magistrados que componen el departamento, si bien pueden presentarse jueces de fuera. También se busca que sea un magistrado que no tenga que jubilarse en breve, puesto que la elección se hace para ostentar el cargo por un periodo de cinco años. José Manuel Bandrés es uno de los jueces de la Sala Tercera que encaja en estas características. Su nombre fue propuesto por el bloque progresista del anterior CGPJ para ocupar una plaza libre de magistrado en el Tribunal Constitucional. No se logró el consenso y el órgano de Gobierno de los jueces acabó proponiendo a César Tolosa que, en ese momento, era presidente de la Sala Tercera.