Citados como imputados en los ERE 2 ex altos cargos de Aznar y los ex líderes sindicales de UGT y CCOO

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha citado a declarar el próximo mes de octubre a 12 de las 25 personas investigadas por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones de euros concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita a declarar el día 17 de octubre a la ex secretaria general de Empleo y a la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

Ese mismo día, la juez cita como investigados al ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004, y a un ‘intruso’.

De igual modo, la instructora ha citado el 19 de octubre al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana; a Víctor Fernández, en su condición de responsable del Sector Minero de la Federación de Industrias Afines de la UGT (FIA-UGT) en 2003; a Luciano Gómez, como secretario general de FIA-UGT en Huelva, y a Juan Manuel Moreno Valero, en su condición de secretario de Finanzas de la Federación de Industria de CCOO.

El día 19 de octubre, y según la providencia, también deberán comparecer ante la magistrada Rafael Varea, en su condición de secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2003 y como tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, y un segundo ‘intruso’.

Son 25 los acusados

La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra un total de 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar referidas; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el ex viceconsejero del ramo Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de 10 sindicalistas, cinco ‘intrusos’, un abogado y un mediador de seguros.

La instructora investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Córdova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos «por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones».

La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis —Bolsa de Tharsis e Insersa— y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los ex trabajadores de la Faja Pirítica «ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado» de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

‘Intrusos’

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que «nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica» y a la asignación de coeficientes reductores «falseados» para el cálculo de la ‘edad química’ de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que «como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos ex trabajadores de dicha ‘edad química’».

Asimismo, la instructora señala «el papel jugado» en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los ex trabajadores afectados a través de sus representantes sindicales «y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter».

A su juicio, «las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los ex trabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos».