Casado sólo suspenderá de militancia a Jorge Fernández y Cospedal si llegan a juicio oral por ‘kitchen’

Pablo Casado acaba de afirmar que tendrá mano dura con los implicados en el caso Kitchen. Pero tampoco aceptará un juicio paralelo. Por ello, sólo suspenderá la militancia de Jorge Fernández y María Dolores de Cospedal en caso de que llegaran a juicio oral. La imputación no será suficiente para que el PP tome la decisión de expulsarles del partido, según fuentes de los ‘populares’.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputará a Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior, con toda probabilidad y es posible que a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el caso Kitchen por el espionaje al ex tesorero popular Luis Bárcenas, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes solventes.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado al instructor citar a Fernández Díaz y a Cospedal por la presunta comisión de delitos de prevaricación, descubrimiento y revelación de secretos y malversación de caudales públicos en la pieza separada número 7 del caso Villarejo.

A partir de la confirmación oficial de ese hecho, Pablo Casado aplicará lo que exigen los estatutos del partido, que es adoptar las medidas máximas disciplinarias en el momento en el que se confirme, no esa imputación, sino la apertura de juicio oral contra ellos. Y los estatutos señalan la apertura de expediente y la suspensión de militancia al llegar al juicio oral.

La cúpula del PP de Pablo Casado ya ha analizado las vías de actuación y se dará este trato tras instar el propio presidente del PP la aplicación de sus reglas internas.

La sección segunda de los Estados recoge todo lo relativo a los expedientes sancionadores. En concreto, el artículo 18 regula los pasos del “procedimiento disciplinario, tramitación y medidas cautelares”. En ese punto se señala que “se iniciará a instancia de los siguientes órganos del Partido en sus respectivos ámbitos: el presidente y Comités Ejecutivos; el presidente de los Comités Electorales; el presidente de los Comités de Derechos y Garantías; el Presidente Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de Nuevas Generaciones, sólo para afiliados a esta organización”. Pablo Casado quiere que este trámite se inicie en el momento de apertura del juicio oral. Un trato que se ha dado ya en otros casos en el partido.

“Las suspensiones cautelares de militancia y funciones, de carácter provisional se regirán por las siguientes reglas”, señalan los Estatutos: “[…] d) No obstante lo anterior, por razones de urgencia, el presidente y secretario del Comité Nacional de Derechos y Garantías podrán acordar la suspensión provisional de militancia del imputado, si bien ello deberá ser ratificado por el Comité Nacional en la primera reunión que celebre éste”. Ese paso, opcional, se retardará hasta el juicio oral.

Y ese será el cauce. Porque “en los casos en los que un afiliado incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público, o realice conductas que estén tipificadas como delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se hayan cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos a los que los presentes Estatutos sujetan a los afiliados al Partido Popular, el expediente disciplinario se ajustará a las reglas anteriores con las siguientes particularidades: a) Desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial a un afiliado, por un caso de los referidos en este punto, se procederá a la apertura de un expediente informativo, el cual se transformará en un expediente disciplinario en el momento en el que se produzca el señalamiento del juicio oral del procedimiento judicial correspondiente. La resolución de dicho expediente disciplinario tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento que ponga fin al procedimiento judicial”.

Imputaciones

La imputación de la ex secretaria general del PP llevaba más de un año sobre la mesa de los fiscales y el juez. El magistrado, de hecho, no descartaba ya en 2019 citar a declarar a Cospedal. En esa lista de posibles citaciones también se encontraba el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a título de testigo.

El ex secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016 durante el mandato de Mariano Rajoy, Francisco Martínez Vázquez, también fue imputado a principios de año. De hecho, él es uno de los más críticos en estos momentos con algunos de los antiguos cargos de su partido.
La imputación de Martínez tuvo su origen en la declaración del comisario Enrique García Castaño, ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, que aseguró que seguía órdenes directas del ex secretario de Estado de Seguridad en el operativo policial diseñado para recuperar los papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

OKDIARIO desveló en exclusiva el caso Kitchen en noviembre de 2018. A raíz de estas publicaciones el juez Diego de Egea, entonces juez de apoyo de Manuel García-Castellón, abrió una pieza separada en el caso Tándem en el que el principal investigado es el comisario José Manuel Villarejo.

Tal y como adelantó este periódico, Martínez aprobó el pago de los fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas. Y el comisario José Villarejo fue el que se los entregó. El Ministerio de Jorge Fernández Díaz dio orden de que el chófer del ex tesorero recuperara documentos comprometedores de tres altos cargos del PP: Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.

El mecanismo de control de esos fondos exigía una firma de aprobación, y esa firma fue la del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien firmó bajo el concepto de «confidente», tal y como reconocieron a OKDIARIO el entorno del ex secretario de Seguridad. Y es que, a efectos de su departamento, el chófer de Luis Bárcenas figuraba como un confidente, algo que habilitaba el pago con fondos reservados.

Hace unos meses, tras la imputación de Martínez, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional registró la casa del ex número 2 de Fernández-Díaz e incautó abundante documentación entre los que se encontraban mensajes intercambiados con el ex ministro del Interior. Tan sólo unos meses después los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa -los mismos del caso Dina-Iglesias- han solicitado al juez la imputación de Jorge Fernández Díaz y de Dolores de Cospedal, y el instructor aceptará dicha petición según ha podido saber este periódico.