Carmen Calvo defendió el referéndum en unas jornadas del Diplocat fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas fiscalizó en su informe sobre las «políticas de acción exterior» de la Generalitat de Cataluña unas jornadas en las que la ahora vicepresidenta Carmen Calvo actuó como ponente y defendió abiertamente el «derecho a decidir».

«Creo que Cataluña tiene derecho en el marco legal de hacer su propio sondeo y cuestionar su propia situación, lo creo sinceramente», expuso Calvo en la jornada organizada por el Diplocat en la Universidad de Sevilla con el título ‘El futuro político de Cataluña: consulta ciudadana y marco legal’, el 22 de noviembre de 2013.

Ese informe del Tribunal de Cuentas está ahora en el origen del procedimiento por el que el Tribunal de Cuentas reclama a más de 40 cargos independentistas de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont fianzas por un importe de 5,4 millones de euros.

Calvo fue invitada como vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Alfonso Perales y profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba.

«Vengo a título de sociedad civil, lo cual me encanta porque me va a permitir algunos matices de registro», expuso en el inicio de su intervención.

En la charla, habló abiertamente del «derecho a decidir» y consideró que «nadie» está privado del mismo aunque matizó que tendría que ser «reformulado».

Tras defender el referéndum, Carmen Calvo añadió: «Como andaluza me gustaría continuar con un formato con Cataluña incluida». Calvo pronunció estas palabras un año antes de que Artur Mas convocase el referéndum del 9 de noviembre.

La ahora ministra arremetió además contra el Partido Popular, considerando que «sería muy bueno que la derecha de nuestro país entendiera que no es posible seguir negando una realidad fundada en el tiempo».

Calvo criticó la idea de la «unidad centralista» y abogó por una reformulación del modelo autonómico hasta proponer que «cualquier solución buena pasa por reformar la Constitución» hacia un modelo federal.

Una reforma que consideró «muy difícil políticamente porque hacen falta grandes consensos» y para lo que instó al PP a «jugar un juego más constructivo».

Calvo pidió también posiciones «más claras» al independentismo, pero también al propio PSC.

En el informe

Esas jornadas aparecen en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que determina los fondos ilegales destinados a la promoción del procés.

En concreto, el organismo apunta: «El 22 de noviembre de 2013, en Sevilla, se celebra la jornada ‘El futuro político de Cataluña: consulta ciudadana y marco legal’, organizado por el Diplocat, con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Con esta jornada el Diplocat quiso ampliar este ciclo de conferencias en universidades de ámbito español para acercar el debate soberanista a la sociedad española, analizando a lo largo de la jornada la consulta prevista por el Gobierno de la Generalitat desde de un marco jurídico y político. La clausura corrió a cargo del Secretario General del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. La actividad ascendió a un importe de 4.420,80 euros».

El Tribunal de Cuentas encuadra dichas jornadas en las acciones desarrolladas por la Generalitat independentista «en el ámbito académico» con el objetivo de «prestigiar el proceso soberanista catalán entre la comunidad científica y de animar a los principales expertos internacionales a estudiar y publicar sobre Cataluña».

En este apartado analizó 72 actividades, por un importe total de 382.628,14 euros.

El Tribunal de Cuentas destaca que, junto a las acciones que tienen como finalidad explicar la situación catalana a líderes de decisión internacionales, estas otras pretenden «promover la reflexión y análisis en centros académicos».

Ahora, el Gobierno negocia con la Generalitat separatista la celebración de un referéndum «consultivo», como avanzó el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta.

Todo, mientras el independentismo aprueba un decreto ley para crear un fondo con 10 millones de euros para cubrir las fianzas reclamadas por el Tribunal de Cuentas. El Gobierno no ha recurrido por el momento ese decreto ley. Preguntada por la inacción del Ejecutivo, la propia Calvo descartó pronunciarse este mismo jueves sobre las medidas que tomará.