Tribunales

Así abrirán los juzgados en la era post-coronavirus: sin medios de protección y al borde del colapso

Las asociaciones profesionales de la carrera judicial y los sindicatos de Justicia denuncian las pésimas condiciones de las sedes de juzgados y tribunales en su vuelta a la nueva normalidad.

Colapso en los juzgados en la reapertura tras el estado de alarma

La reactivación de los plazos procesales este jueves 4 de junio y la plena apertura de los tribunales, vistas y señalamientos, el próximo lunes día 8, se presenta caótica. Grandes colas para acceder a las sedes judiciales, atasco absoluto en las mesas de los funcionarios -donde se acumulan montañas de expedientes, aplazados durante el estado de alarma- y ni rastro de las medidas de protección mínimas para evitar contagios entre el personal administrativo.

Tampoco es mucho más esperanzadora la inminente celebración de los juicios. Las medidas de protección individuales y colectivas se están implementando de forma desigual e improvisada. Con carácter general, en Madrid se han adoptado «decisiones correctas, habilitando sólo las salas de vistas que cuentan con amplitud suficiente y ventilación y clausurando las que no tienen esas características», apunta la magistrada Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), a OKDIARIO.

Sin embargo, la reducción de los espacios disponibles para la celebración de juicios unida a la limitación del aforo en los que se mantienen activos, han obligado a los juzgados a reseñalar las vistas presenciales más espaciadas en el tiempo. Un escenario que retrasará las agendas de los juzgados, previsiblemente, a muchos meses vista. «Menos salas y menos juicios al día, traen estas consecuencias», añade Velilla, miembro de la junta directiva de la AJFV.

En opinión de la abogada Victoria Espejel, diputada del ICAM, las administraciones implicadas «tienen que realizar hoy más que nunca ese esfuerzo inversor en Justicia que no se realizó en su momento y que tan fatales consecuencias ha desencadenado, poniendo de relieve las carencias de medios materiales, tecnológicos y humanos» del ámbito judicial.

Espejel es muy crítica con «el deficiente desarrollo del uso de las tecnologías de la información y comunicación» en Justicia. Un asunto «que ha sido demandado reiteradamente por la Abogacía de Madrid y que en época del confinamiento podría haber sido utilizada para continuar con la actividad judicial», ha declarado la letrada.

Velilla, de la AJFV, coincide. Al menos en Madrid, «los juicios telemáticos no pueden considerarse una alternativa real» para aliviar el atasco de los juzgados por la acumulación de los procedimientos. «Hay muchas carencias en los sistemas escogidos», lamenta.

Caos y desconcierto

Las medidas físicas de contención instaladas, en los casos en los que se encuentran disponibles, son variables: en unas sedes se han instalado soluciones caseras como plásticos, en otras mamparas móviles en oficinas y salas y, en los mejores casos, carpinterías metálicas más o menos ingeniosas.

Por otra parte, «la profusión normativa y los distintos protocolos que se están haciendo públicos desde las diferentes administraciones» -Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas- han dado lugar a «mucha confusión y desconcierto» entre los funcionarios y profesionales, aseguran fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO.

Aún es pronto para evaluar cómo se va a desarrollar la «desescalada» en la Justicia. «Pero no será ni segura, ni rápida, ni sencilla», lamentan las mismas fuentes.

Contagios ocultos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia cómo en los últimos días se han detectado casos de COVID-19 «al menos» en varios juzgados de «Madrid, Andalucía y País Vasco», lo que ha motivado el el cierre del Registro civil central y una sección penal de la Audiencia Nacional.

«Esta información junto con la de la evolución de casos COVID-19, conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales, debe ser trasladada a las organizaciones sindicales de forma puntual por el Ministerio que desde el 23 de abril oculta estos datos, así como las medidas adoptadas en cada uno de ellos. La información que tenemos la conseguimos sobre el terreno gracias a la red de delegados activos del sindicato», afean desde CSIF al titular del Departamento, Juan Carlos Campo.

Desde el próximo 9 de junio las plantillas estarán incorporadas al 100% «pero hasta el mes de agosto, el Ministerio no garantiza una mascarilla por funcionario y día y las mamparas de separación no están instaladas en su totalidad», aseguran desde el sindicato. «El uso de mascarillas es una obligación en espacios cerrados y mal ventilados como son los Juzgados y oficinas fiscales la mayoría situados en edificios viejos o enfermos», critican.

Por otro lado, el Ministerio sigue sin determinar los aforos máximos dentro de las sedes judiciales «ni traslada información sobre la medición de espacios que debe realizar para fijar los mismos».

Asimismo, CSIF denuncia que, «pese a haberlo solicitado en varias ocasiones, el Ministerio sigue sin establecer protocolos de actuación para la realización de diligencias judiciales fuera de la sede de los Jugados, para la celebración de vistas y juicios, para la deambulación de personas dentro de los edificios y control de entrada o para el manejo de expedientes, piezas de convicción o paquetería».

Percepción negativa

El primer barómetro publicado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sobre el estado de la Justicia en España, y su funcionamiento, que se ha dado a conocer esta semana, es desalentador. En términos generales, los resultados del sondeo -realizado entre el 4 de noviembre de 2019 y el 31 de enero de 2020 por el área de Defensa de la Abogacía del ICAM, y en el que han participado 922 profesionales madrileños- concluye que los abogados tienen una percepción «bastante negativa» del funcionamiento de la Administración judicial.

Una valoración compartida por sus clientes y que estaría directamente relacionada con los tiempos de tramitación de los procedimientos: «Más de la mitad de los profesionales encuestados ha sufrido retrasos de más de 9 meses en sus procedimientos». Una situación que difícilmente mejorará tras el parón obligatorio del estado de alarma, durante el que el CGPJ decidió suspender los plazos y limitar las actuaciones a los casos más urgentes como familia, violencia de género, penal y prisiones.

Condicionados por la pandemia

Para la responsable del área de Defensa de la Abogacía del ICAM, Victoria Espejel, la pandemia del COVID-19 «ha puesto aún más de manifiesto las graves carencias que tiene la Administración de Justicia en su conjunto, y que pudimos extraer de los datos estadísticos del l Barómetro de la Justicia de Madrid que fue realizado el pasado año y del que nos hemos visto obligados a posponer su presentación hasta hoy por la gravedad de las consecuencias humanas generadas por la crisis sanitaria».

Con los nuevos protocolos del Plan de Desescalada diseñado por el Ministerio de Justicia, «lejos de solucionarse los problemas van a ahondarse aún más, amenazando incluso con el colapso». En un contexto post-crisis como el actual, el ICAM recuerda que «potenciar los métodos alternativos de resolución de conflictos, tal y como la institución viene reclamando desde hace tiempo, podría liberar a la administración de los miles de litigios que van a plantearse por las consecuencias de toda índole derivadas de los efectos de la pandemia».

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