Aragonès condena al ocio nocturno decretando el cierre hasta final de temporada

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. (Foto: Efe)

Las discotecas en Cataluña no volverán a abrir este verano. Tras dos fines de semana en servicio, con el fin del segundo estado de alarma, el creciente número de infectados llevó a la Generalitat a decretar el cierre temporal por un periodo de dos semanas. Ahora el órgano que regula la pandemia en Cataluña ha decidido echar el cierre definitivamente hasta otoño.

Además de pubs y discotecas, que no podrán volver a reabrir sus establecimientos en la que será la segunda temporada sin ingresos pese a la inversión que hicieron este año para adaptar sus negocios, también la hostelería seguirá con severas limitaciones hasta que acabe el verano. Bares y restaurantes estarán obligados a cerrar a la medianoche.

Desde la Generalitat justifican este nuevo mazazo a uno de los sectores económicos más importantes de la región por el temor a que la presión asistencial continúe en aumento. Fuentes del Govern consultadas por OKDIARIO creen que en las próximas semanas el número de contagios y de ingresos puede seguir al alza y repercutir en la calidad asistencial.

Las actividades al aire libre permitidas, como los festivales, tendrán que acabar obligatoriamente antes de las tres de la madrugada en aquellos municipios donde no hay toque de queda. En la actualidad la mayoría de poblaciones de más de 5.000 habitantes tienen restricciones de movilidad nocturna entre las 00:30 y las 6:00 horas. También será obligatorio realizarse un test PCR o de antígenos para acudir a cualquier evento en el que se reúnan más de 500 personas.

Paralelamente a estas medidas, que la Generalitat impuso a principios de julio y que ahora alargará hasta finales de verano, el Govern de Pere Aragonès estudia cómo hacer efectivo el uso de la mascarilla en la vía pública otra vez. Esta misma semana el Congreso de los Diputados convalidó el real decreto que ponía fin a la obligatoriedad de su uso. Cataluña es una de las autonomías que piden al Gobierno recuperar la obligación que, de momento, no será atendida por el Ministerio de Sanidad.

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