El Gobierno recurrirá el nuevo acuerdo de JxCAT y ERC cuando existan ilegalidades «concretas»

El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el acuerdo entre JxCAT y ERC en cuanto existan «hechos concretos» que avalen ese recurso, y no antes.

La instrucción es no precipitarse, esperar al desarrollo de los acontecimientos. En fuentes gubernamentales afirman que se actuará con prudencia y, en todo caso, una vez se hayan constatado hechos susceptibles de ir contra el ordenamiento jurídico. «No se puede recurrir contra una ideología o un pensamiento», argumentan.

El acuerdo de legislatura entre JxCAT y ERC, revelado en las últimas horas, es en cambio toda una declaración de intenciones que incurre en notables ilegalidades, de llevarse a cabo.

La hoja de ruta, que ha sido trasladada a la CUP para que la valore, prevé como gran objetivo impulsar un proceso constituyente que sirva para «conformar las bases de una propuesta de Constitución de la República de Cataluña». 

Asimismo, plantea celebrar una «multiconsulta con todas las garantías para que participen la mayoría de catalanes» y se expresen sobre todos los debates realizados en el proceso constituyente. El acuerdo también incluye el impulso de una estructura política en Bélgica liderada por Puigdemont con tres órganos: la Asamblea de Representantes para la República; el Consejo para la República, y la presidencia del Consejo de la República.

Según este acuerdo, Puigdemont, fugado en Bruselas, ostentaría un relevante papel en el nuevo Govern. Como presidente del Consejo de la República, le corresponderían funciones como «la representación exterior del Consejo por la República manteniendo relaciones con entidades y autoridades de ámbito internacional», «internacionalizar la protección de los derechos civiles y políticos en Cataluña», «relacionarse de manera efectiva y en coordinación con las instituciones políticas, económicas, culturales, sociales y cívicas de Cataluña» y, sobre todo, «impulsar las políticas, estrategias y los consensos necesarios para lograr la República».

«La construcción de la República, logrando amplias mayorías, es un compromiso colectivo», insisten en el texto.

Ese fin se lograría, según el independentismo, en el denominado «espacio libre del exilio». Asimismo, aseguran, mantendrán «siempre la reclamación de diálogo y negociación política con el Estado», así como la exigencia del “respeto a la decisión democrática de los catalanes expresada en las urnas».

El diseño de esa República llegará desde Bruselas, a través de la Asamblea de representantes para la República, que será convocada al menos dos veces al año y que «representa un nuevo impulso para situar un espacio de representación política y social comprometida por avanzar hacia la República catalana».

Entre sus funciones estará «debatir y promover las actuaciones necesarias para avanzar hacia el establecimiento de la República catalana, «impulsar la internacionalización», «fomentar debates sobre el modelo de país», elegir al presidente del Consejo de la República y fiscalizar sus actuaciones.

En el documento, extenso, no se retractan de lo acontecido en los meses de septiembre y octubre, que ha llevado a los dirigentes independentistas a prisión. De hecho, contradice la promesa de aquellos que lograron evitar la cárcel acatando el artículo 155 de la Constitución.

Cabe recordar que el principal e insistente argumento de la Justicia para denegar la salida de la cárcel de Oriol Junqueras o Jordi Sánchez es, precisamente, el riesgo de reiteración delictiva.

De acuerdo a este plan, así sería. En sus declaraciones ante el juez del Supremo, Pablo Llarena, tanto Junqueras como el resto de ex consellers aseguraron que la declaración de independencia y las decisiones para llevarlas a cabo no eran efectivas, sino «simbólicas».