112 de los 119 presos de ETA en las cárceles vascas ya han recibido beneficios penitenciarios

Al menos 112 de los 119 presos de ETA en cárceles vascas han recibido beneficios penitenciarios. A los 111 que reconoció el Gobierno vasco en una pregunta parlamentaria a finales del 2025, se suma ahora también el sanguinario jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, quien este lunes salió en semilibertad, con condenas a sus espaldas que suman 400 años de cárcel, dejando con ello la foto de la vergüenza.

En concreto, el Gobierno vasco, en manos de Imanol Pradales (PNV) desde junio de 2024, ha concedido a 111 terceros grados a etarras desde que en octubre de 2021 asumió la competencia de las tres prisiones de esta comunidad autónoma española. Ello les supone la semilibertad, sólo tienen que entrar en la cárcel a dormir entre entre semana, quedando en libertad el resto del tiempo.

Así lo reconoció la consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José López, a requerimiento de la diputada de Vox del Parlamento Vasco Amaia Martínez. 

Primero, el Gobierno vasco le dio beneficios a un etarra, en 2022 a más de una treintena –32–, en 2023 a otros 32, en 2024 concedió 29 terceros grados y en 2025 a 18, según precisó entonces en la citada respuesta. Posteriormente, una veintena de esas concesiones han sido recurridas por la Fiscalía y fueron revocados. Sin embargo, a muchos de esos etarras se les volvió después a conceder este beneficio.

Y éstos son los últimos datos oficiales que se conocen. No obstante, las víctimas del terrorismo denuncian públicamente cada concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que se hace y que supone igualmente la semilibertad, ya que los efectos también son salir de lunes a viernes de prisión y por las noches volver para dormir.

En definitiva, a quienes se les aplica dicho artículo, que es una medida prevista por la ley con carácter excepcional, disfrutan de beneficios propios del tercer grado.

De los 119 etarras que cumplen condena en las cárceles vascas, 104 son sujetos hombres y 15 individuas. De ellos, 53 están «internos» en el centro penitenciario de Álava, 44 en la de Martutene (Guipúzcoa), y 22 en la de Basauri (Vizcaya).

Vaciar las cárceles, exigencia de ETA

En Martutene es donde el sanguinario Txeroki, quien fuera jefe militar de ETA, sólo tendrá que ir a dormir desde esta semana. A este jefe de ETA se le ha aplicado el artículo 100.2, pese a no constar arrepentimiento de sus crímenes ni desvinculación de la izquierda abertzale, requisitos sine qua non para obtener este beneficio. Para las víctimas se trata de «una amnistía encubierta, absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la Justicia y contraria a nuestro ordenamiento jurídico». Así lo sostiene el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite). 

«La impunidad de los asesinos de ETA gracias a los gobiernos socialistas. Traidores». Con estas palabras estalló Francisco Javier Alcaraz, diputado de Vox por Jaén, tras ver la foto de la vergüenza del sanguinario Txeroki abandonando la prisión. El pasado mes de diciembre se cumplieron 38 años del asesinato de ETA a su hermano pequeño, Ángel, de de 17 años, y a sus dos sobrinas gemelas, Miriam y Esther, de cuatro, en el atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza, que se saldó con 11 personas asesinadas, entre ellas seis niños, y 88 heridos.

Alcaraz se metió en política para fue el primer parlamentario nacional de Vox. El pasado 1 de febrero se cumplirán seis años de su paso a la política. Fichó por Vox por «obligación moral»  y con la intención de «frenar a ETA, a los separatistas y a la extrema izquierda».

Casi 400 años de condena pesan sobre ‘Txeroki’

Sobre Txeroki pesan 377 años de cárcel por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, 18 años por cada uno, y por un delito de estragos terroristas. Entre ellos, el intento de asesinato de la ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo (PSE) en febrero de 2002. Se encuentra interno la cárcel guipuzcoana de Martutene.

También ha sido condenado a otros 18 años de prisión por intentar matar a una periodista, la ex delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero. Ocurrió en enero de 2002. Todavía tiene varios procedimientos pendientes con la Justicia.

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián, denuncia con cada 100.2 que se aplica que este artículo «se está utilizando de forma sistemática con los presos de ETA para flexibilizar el cumplimiento de sus penas».

Además, pone el foco en que esta política penitenciaria del Gobierno vasco con los presos de ETA supone la culminación de la última exigencia de ETA que queda por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos, y que es, en palabras de la propia izquierda abertzale, «vaciar las cárceles».

Covite ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que actúe y recurra el 100.2 de este sanguinario etarra para impedir que se consolide esta «amnistía encubierta» contraria a Derecho. En la fase de ejecución de las condenas, las víctimas no pueden personarse, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede corregir esta tropelía.

El 100.2, un tercer grado encubierto

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha denunciado este «nuevo varapalo que vuelve a confirmar que la política penitenciaria deja atrás a las víctimas». «La legislación penitenciaria se utiliza para beneficiar a los terroristas sin tener en cuenta a quienes sufrimos el dolor irreparable de sus crímenes», critica su presidenta, Maite Araluce. El 4 de octubre de 1976 ETA asesinó a su padre Juan María Araluce Villa, junto con su conductor y tres escoltas policías nacionales en San Sebastián.

Araluce denuncia igualmente que «el artículo 100.2 se ha convertido en un tercer grado encubierto». Tan sólo en los últimos meses las víctimas han tenido que tragar que sanguinarios terroristas como Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, y ahora Txeroki’se ven beneficiados por «esta artimaña legal».

Según la AVT, desde febrero de 2022 ha habido «113 progresiones a tercer grado de 93 presos de ETA» y mientras tanto, las víctimas asisten «con estupor a la excarcelación progresiva» de los asesinos de sus seres queridos o de quienes les causaron «secuelas irreparables», sin haber cumplido íntegramente sus condenas.

«Los pasos dados en los últimos años han seguido una dirección clara: el fin de la política de dispersión, todos los presos trasladados a cárceles vascas y navarras, la cesión de las competencias penitenciarias y la progresiva flexibilización de los regímenes de cumplimiento», señala Araluce, criticando que todo ello ha contribuido a que, en la actualidad, una parte importante de los presos de ETA acceda a beneficios penitenciarios y salidas al exterior antes de tiempo.

«La ley exige el abandono de la violencia y la colaboración con la Justicia, pero en la práctica basta con firmar un documento de rechazo de la violencia y una petición de perdón para acceder a beneficios penitenciarios, sin que exista un verdadero arrepentimiento ni una colaboración real», critica, y lo hace también denunciando que se niegue a las víctimas la posibilidad de recurrirlas.

«Las víctimas del terrorismo sentimos, una vez más, que el Estado de Derecho nos da la espalda. No pedimos venganza, pedimos Justicia, cumplimiento íntegro de las condenas y que nuestra voz sea tenida en cuenta en decisiones que afectan directamente a nuestro dolor y a nuestra memoria», concluye la AVT.

Exigencia de Bildu para apoyar a Sánchez

La asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, atribuye la semilibertad de Txeroki «a que Bildu lo exige para apoyar a Sánchez». Sus votos lo sostienen en La Moncloa.

«Son votos de sangre», sostiene Portero, hijo del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por ETA en octubre de 2000 en Granada.

Y sentencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «pasará a la historia como el presidente que más ha ayudado a los terroristas y el que más ha utilizado a la Fiscalía para ceder ante los etarras». Mientras tanto, hay 376 asesinatos de ETA sin resolver