Yolanda Díaz califica de «inaceptable» la decisión de Ferrovial de trasladarse a Países Bajos

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra Ferrovial y sus accionistas, que este jueves han aprobado mayoritariamente el traslado de la constructora a Países Bajos. «Ha generado indignación en el país», ha dicho la líder de Sumar que, a la vez, ha olvidado -o desconoce-  que el Tratado de Maastricht  firmado en febrero de 1992 permite la libre circulación de capitales en la Unión Europea.

Díaz ha sido uno de los primeros miembros del Gobierno socialcomunista en descalificar a la empresa y a su presidente Rafael del Pino, tras conocerse que la junta de accionistas había aprobado mayoritariamente el traslado de su sede a Países Bajos. «La inaceptable decisión de Ferrovial de cambiar su sede a Ámsterdam ha generado indignación en nuestro país», ha escrito Díaz en sus redes sociales.

La ministra de Trabajo asegura que el Ejecutivo seguirá defendiendo el interés general y ha apelado también al papel de las empresas: «Tienen que comprometerse con su país y la mejor forma es avanzar en democracia económica».

La decisión de la empresa cotizada supone un verdadero mazazo para el Gobierno socialcomunista, que a ojos de los mercados internacionales ha demostrado que la seguridad jurídica en España brilla por su ausencia. Ese fue uno de los motivos por los que Ferrovial decidió tomar la decisión de instalar su sede en Ámsterdam, aunque posteriormente, cuando el Gobierno comenzó las hostilidades matizó este argumento.

En cualquier caso, la cúpula de Ferrovial y especialmente su presidente Rafael del Pino han sido objeto de todo tipo de ataques y descalificaciones, desde los socios del Gobierno pasando por sus altavoces mediáticos. Sin embargo, ni Sánchez ni Calviño han conseguido doblegar la voluntad de los accionistas de la compañía.

Luz verde al traslado de Ferrovial

Con un quórum del 77,6%, la junta de Ferrovial ha dado ‘luz verde’ a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española.

En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje de accionistas de Ferrovial que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado.

Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.

Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.

El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, es decir los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos (sino fiscales) para realizar la operación, no quedará exenta de las ventajas fiscales que aplican en estos casos.