Sánchez cuela una trampa en el decreto antidesahucios para blindar a todos los okupas anteriores a 2026

El Gobierno ha colado una trampa fundamental en el texto de su nuevo decreto antidesahucios y blinda a todos los okupas anteriores a este año. Según señala el texto de la norma consultado por OKDIARIO, «los procedimientos de desahucio que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 continuarán suspendidos conforme a lo previsto en el presente real decreto-ley».

Es decir, todos los casos de okupación previos a la fecha mencionada continuarán blindados por el Ejecutivo y los propietarios no podrán desahuciar a dichos inquilinos «vulnerables» pese a pertenecer a ese 93% de particulares que sólo tiene una o dos casas en propiedad.

Según recoge la disposición transitoria que regula la aplicación temporal de la norma que deroga y la que entra en vigor, prácticamente todos los procedimientos de lanzamientos por los que la polémica medida tuvo que extraerse del Ómnibus continuarán suspendidos.

Fuentes consultadas por este periódico destacan que el propio PNV, con el que Sánchez negoció la exclusión de los pequeños propietarios de la moratoria, tampoco comunicó a los afectados por la okupación la letra pequeña incluida en este apartado del decreto.

Cabe recordar que el propio grupo parlamentario exigió y finalmente acordó con Sánchez ampliar el escudo social a los dueños de una sola vivienda en alquiler, para dejarlos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a dichas personas en situación de vulnerabilidad.

Un engaño «inconstitucional»

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO), Ricardo Bravo, señala que el Gobierno «ha engañado no solo a los afectados, sino a toda España». Destaca, en este sentido, que dentro del texto «no hay nada que haga pensar que no se pueda interpretar la disposición transitoria única como una trampa del gobierno».

Varios abogados consultados por este medio destacan que la lectura del escrito da a entender claramente que «este Real Decreto-ley tendrá sólo y exclusivamente efecto sobre los procesos y lanzamientos nuevos y no sobre los procedimientos de desahucio y lanzamientos ya paralizados».

Asimismo, los expertos destacan que, más allá de tratarse de un «gol», los de Sánchez están dando validez a «un decreto no convalidado» y, por lo tanto, es un movimiento plenamente «inconstitucional». Aclaran que, según lo incluido en la mencionada disposición, «las suspensiones se tendrían que volver a pedir».

Un decreto plagado de trampas

De igual manera, los más de 80.000 propietarios afectados por la okupación destacan que el nuevo decreto antidesahucios está repleto de trampas del Ejecutivo para salirse con la suya y blindar a los okupas.

«Llama la atención que en el segundo supuesto que exime de la paralización a propietarios de más de tres viviendas en situación de vulnerabilidad, sea un juez quien tenga que dirimir cuál de las dos partes es más vulnerable para disponer de la posesión de la vivienda cuando la propiedad pertenece a una de las partes», critican exponiendo otra de las lagunas de la norma.

«Se podrían dar supuestos de que sea el propietario quien tuviera que solicitar un recurso habitacional a servicios sociales cuando dispone de uno inquiokupado», plantean.

Además, explican que este nuevo decreto sigue cometiendo el error sistémico de «elevar la vulnerabilidad a la categoría de salvoconducto judicial», sin entrar a fiscalizar el origen de dicha situación «ni la forma de entrar o permanecer en la vivienda».

«Al no distinguir entre quien sufre un revés sobrevenido y quien utiliza la vulnerabilidad fingida como estrategia premeditada, el decreto antidesahucios seguirá generando un «efecto llamada» para los okupas, subrayan.