Sánchez fractura el decreto ómnibus: separa las pensiones del escudo social tras su rechazo parlamentario

El Gobierno de Pedro Sánchez baraja fracturar el decreto ómnibus en el Consejo de Ministros de este martes, aprobando un Real Decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto que no fueron convalidadas en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN.

La decisión llega después de que el pasado 27 de enero decayera el Real Decreto-ley que incluía un amplio paquete de medidas sociales, entre ellas la subida de las pensiones, al no obtener el respaldo parlamentario necesario tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. El rechazo se debió, principalmente, a la oposición de estos grupos a la prórroga de la moratoria antidesahucios para personas vulnerables y a la falta, a su juicio, de «protección suficiente» para los pequeños propietarios.

Ante este escenario, el Ejecutivo considera ahora «desligar» la revalorización de las pensiones del resto de iniciativas del escudo social, con el objetivo de garantizar que los pensionistas puedan percibir la subida prevista en la nómina de febrero. Fuentes del Gobierno subrayan que se trata de una medida que cuenta con un «amplio apoyo parlamentario» y que, de no aprobarse este mismo martes, se impulsará «a la mayor brevedad posible».

El decreto ómnibus rechazado incluía, además de la subida de las pensiones, medidas como la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas a familias vulnerables, así como la prórroga de la moratoria de desahucios. Estas iniciativas sociales, ahora en suspenso, podrían ser objeto de futuras negociaciones o tramitarse mediante nuevos decretos o proyectos legislativos.

En su última reunión del año, el Consejo de Ministros había aprobado la revalorización de las pensiones contributivas y de las clases pasivas en un 2,7%, conforme a la evolución del índice de precios. Asimismo, se establecía un incremento superior al 7% para las pensiones mínimas.

Las subidas más significativas estaban dirigidas a los colectivos con mayor vulnerabilidad económica. En concreto, las pensiones con cónyuge a cargo, las pensiones de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) contemplaban un aumento del 11,4%. Todos estos incrementos quedaron sin efecto tras el rechazo del decreto en el Congreso.

Desde el Ejecutivo insisten en la necesidad de garantizar la «seguridad económica» de los pensionistas y evitar que las discrepancias políticas sobre otras medidas del escudo social perjudiquen a este colectivo. La aprobación de un Real Decreto específico permitiría asegurar la revalorización de las pensiones mientras continúan las negociaciones para sacar adelante el resto de iniciativas sociales.