El Gobierno tiene viviendas vacías para albergar a la mitad de los okupas que podrían ser desahuciados

El Gobierno tiene suficientes viviendas vacías en Casa 47 como para dar una alternativa habitacional a más del 50% de los okupas considerados «vulnerables» por los de Pedro Sánchez.

En el plan inicial de la nueva entidad pública de vivienda, el Ejecutivo presumió de contar con más de 40.000 pisos y cerca de 2.400 suelos con la capacidad de albergar 55.000 futuras viviendas procedentes de Sareb.

Los afectados por la okupación plantean: ¿Por qué Sánchez no usa las viviendas públicas que quiere sacar al mercado del alquiler para dar techo a los 80.000 okupas que hasta ahora han mantenido los propietarios?

80.000 okupas y 40.000 viviendas

Actualmente, son más de 80.000 los inquilinos afincados de manera ilegal en casas ajenas a los que la Administración Pública, a pesar de considerarlos vulnerables, no les ha facilitado una alternativa habitacional en los últimos seis años.

De hecho, desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) destacan que, en la práctica totalidad de los casos –un 99% de las okupaciones derivadas a Servicios Sociales– éstos no han intervenido, alegando la «falta de recursos disponibles para atender a los afectados». No contaban con presupuestos ni viviendas disponibles.

Además, destacan que cuando sí han intervenido, los agentes sociales no son capaces de ofrecer soluciones efectivas. Sólo en un 3% de los casos en los que se ha intervenido la respuesta ha consistido en un alojamiento.

Tal y como destacan desde la Plataforma de Afectados por la Okupación, todos estos años el Gobierno socialista ha preferido desatender su responsabilidad social a costa de que los propietarios particulares les mantuviesen económicamente.

Ahora, solicitan, Sánchez debería «habilitar inmediatamente» viviendas de su empresa pública para dar un techo a todos los okupas que próximamente podrán ser desahuciados. Con los pisos procedentes de la Sareb que tiene Casa 47 en cartera, el Gobierno podría dar salida a la mitad de los okupas «vulnerables».

Cabe recordar que ahora el decreto antidesahucios se votará fuera del Ómnibus y liberará del blindaje a los okupas y a los pequeños caseros que tengan sólo una vivienda en alquiler. Es decir, el 93,4% de los propietarios.

El Gobierno repite errores

La Plataforma de Afectados por la Okupación ha criticado, tras la decisión del Ejecutivo, que el nuevo decreto vuelve a incurrir en fórmulas del pasado «que ya han demostrado ser ineficaces». Les preocupa profundamente que la norma siga estableciendo que:

«Corresponderá a los servicios sociales competentes el realojo de la persona vulnerable cuando esta resida en una vivienda de una persona con un máximo de dos propiedades».

Destacan que esta redacción es, en la práctica, «una vía muerta», ya que no hay vivienda pública disponible para estos realojos, más allá de la anteriormente mencionada de Casa 47.

«Tememos que, bajo la apariencia de una exención, el Gobierno siga bloqueando los lanzamientos de forma indirecta al no ofrecer una alternativa habitacional, perpetuando el problema y dejando de nuevo al propietario en un limbo legal y económico mientras la administración mira hacia otro lado», han comunicado.

Asimismo, los propietarios han afeado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que exija celeridad a unos Servicios Sociales ya colapsados, «sin dotarlos de medios técnicos ni humanos para contrastar la información».

Subrayan que esto «es una temeridad que solo beneficia a los inquiokupas (…) Sin recursos para verificar los datos, se seguirán colando miles de falsos vulnerables que se aprovechan del sistema a costa de los propietarios», criticaban.