Casi un 50% de los criterios que usa el Gobierno para elegir qué empresa gestiona Casa 47 son subjetivos

El Gobierno establece casi un 50% de criterios subjetivos en su contrato para elegir qué empresas gestionarán los alquileres de las viviendas asequibles que saque al mercado su nueva empresa pública, Casa 47. Según el acuerdo de licitación consultado por OKDIARIO, al menos 48 de los 100 puntos con los que el Ministerio de Vivienda evaluará a las entidades candidatas por «juicios de valor».

En su pliego, el Ejecutivo especifica que a los criterios «cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas» irán destinados 52 puntos: el precio de la oferta se evaluará de 0 a 37; la dotación de medios humanos por encima del mínimo exigido del 0 a 10, y la reducción de plazos para la realización del proceso on-boarding se valorará con una nota de 0 a 5.

Por el contrario, los criterios «cuya cuantificación dependa de un juicio de valor» aportarán a las empresas que se presenten hasta 48 puntos, el máximo permitido en licitaciones de esta índole. En este pack Vivienda incluye, por ejemplo, aspectos tan genéricos como el «procedimiento general de la gestión de alquiler», puntuado de 0 a 10.

También estarán sometidas a la valoración subjetiva del Gobierno las «propuestas de mejora del servicio de toma de control e informe de diagnóstico», que podrán ser valoradas hasta con 8 puntos, o el procedimiento y las medidas que propongan cada empresa «para la gestión extrajudicial y amistosa de la mora y reducción de la morosidad», también puntuadas hasta 8.

En el contrato, el Gobierno también destaca que valorará a partir de un juicio de valor la estrategia de «fidelización y concienciación de inquilinos» que presente cada empresa ofertante. Con este apartado podrán obtener hasta 6 puntos. Por último, también blinda a su parecer los diferentes procedimientos del servicio de «prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida de vivienda» o los proyectos de traspaso y migración. Ambas valoradas con 8 puntos.

A la elevada cantidad de criterios que dependerán de la opinión subjetiva de los técnicos, se le suma que el Gobierno establece un «umbral mínimo de puntuación técnica» del 50% de la suma de todos los conceptos anteriormente expuestos «para continuar en el proceso selectivo».

Penalizaciones y bonificaciones

En el pliego oficial, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) también añade una tabla donde recopila una serie de hitos y fases acompañados de los plazos en los que deben llevarse a cabo. En función del cumplimiento o no del servicio, el Gobierno se reserva el derecho a penalizar o bonificar a las empresas adjudicatarias.

Por ejemplo, fija que la visita a las viviendas por parte de las unidades de convivencia con adjudicación provisional debería realizarse en los 15 días naturales entre la fecha de la asignación de una vivienda a una unidad de convivencia y la fecha en que se materialice la visita. De no cumplirse, la empresa será castigada con una multa de 20 euros «por visita fuera de plazo o no realizada».

Algo similar ocurre con la entrega de llaves de las casas. En este caso apuntan que no debe pasar más de una semana entre la fecha en que una unidad de convivencia acepta la vivienda y se le entregan las llaves. De no ser así, la empresa abonará 25 euros «por vivienda y día de retraso».

En el caso de no solucionar una incidencia urgente en un plazo de 24 horas «desde el triaje», Vivienda multaría a la entidad con 150 euros por día de desfase. Si no fuese «urgente» se penalizaría con 80 euros a las empresas que no resolviesen la incidencia en menos de ocho días.

Por último, también añade que por cada 6% de quejas o reclamaciones de los inquilinos, «a partir del mes 13», las empresas gestoras del parque público de vivienda pagarán una penalización de un 1% del importe de facturación correspondiente al servicio por cada medio punto o fracción que supere el 8% de los contratos gestionados de media los últimos 12 meses.