El Gobierno paga una prima a Blackstone e Hipoges por desocupar unas 3.300 viviendas de la Sareb para Casa 47

El Gobierno de España pagará una prima a Blackstone e Hipoges para desocupar en tiempo récord alrededor de 3.300 viviendas de Sareb que el Ministerio de Vivienda quiere incorporar en su nueva entidad pública de alquiler asequible, Casa 47. De esta manera, los mismos fondos de inversión que han estado rentabilizando estos activos tiempo atrás percibirán ahora comisiones por cada inmueble «adecuado» transferido.

Se trata de primas ligadas a la «reforma o adecuación de las viviendas», un papel que conlleva también desalojar a los inquilinos ilegales de los pisos que ya se han comprometido a sacar al público con alquileres asequibles.

Desde esta perspectiva, resulta cuestionable para muchos que un programa público de vivienda dependa de mecanismos que, en la práctica, aseguran réditos económicos a actores privados con un previo historial de desahucios que el propio Gobierno ha recriminado públicamente en numerosas ocasiones.

La entidad Sareb -creada tras la crisis financiera de 2008 como el llamado «banco malo» para sanear los balances bancarios- posee en la actualidad un importante patrimonio inmobiliario de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para 55.000 casas. Todas ellas, las materiales y las que todavía solo son un proyecto, según ha prometido el Ministerio de Vivienda, serán alquileres baratos que gestionará el Ejecutivo durante los próximos años.

Sin embargo, para poder ofrecer estos pisos a los ciudadanos que más lo necesiten el Gobierno pactó con Sareb que se encargara de «recuperar físicamente todos aquellos inmuebles ocupados», adecuarlos y llevar a cabo «su saneamiento técnico y jurídico» en el menor tiempo posible para poder cederlos al nuevo Plan de Vivienda asequible, según aseguran a OKDIARIO fuentes de la entidad que actualmente mantiene en su cartera los inmuebles.

Critican los intereses comerciales

De esta forma, dichos servicers -gestores de carteras inmobiliarias- que venían administrando esos activos dentro de Sareb podrían seguir obteniendo ingresos públicos ligados al proceso de adecuación de los pisos antes de su entrega efectiva a Casa 47.

Distintos sectores sociales han visto con escepticismo la fórmula adoptada por el Ejecutivo. Para críticos de la iniciativa, la inclusión de Blackstone e Hipoges en la cadena de gestión pone en tela de juicio el carácter efectivamente público del programa y focaliza la atención en que, más allá de la titularidad estatal de las viviendas, la ejecución del proceso depende de operadores privados con intereses comerciales.

Desde la propia izquierda señalan que fondos como los mencionados han estado asociados en el pasado a miles de desahucios y gestión de carteras en condiciones controvertidas, lo que contrasta con los objetivos de una política de vivienda social. En este sentido, consideran que el Gobierno no ha articulado mecanismos que impidan que estos agentes sigan beneficiándose económicamente de la operación, más allá de la transferencia de los activos.

La obra nueva se venderá por separado

Cabe recordar que, tal y como adelantó este periódico, el Gobierno incorporará a la nueva entidad pública de vivienda, Casa 47 sólo pisos de segunda mano y suelos no comercializados de Sareb. El resto de terrenos ya comprometidos para levantar promociones de obra nueva se quedarán en la sociedad de origen para vender dichos inmuebles de manera independiente y a precio de mercado en plataformas como Idealista.

Fuentes cercanas al traspaso de activos aseguraron a OKDIARIO que la promotora inmobiliaria de Sareb, Árqura Homes, ya había adquirido una serie de compromisos comerciales y recibido pagos de los interesados en comprar sobre plano las viviendas.

Aseguran que la decisión política repentina de traspasar las viviendas a Casa 47 frenó la actividad de la promotora y que haber arrebatado dichos proyectos a Árqura y sus clientes particulares habría generado inseguridad jurídica a la promoción.

Por tanto, Sareb se comprometió a movilizar y adecuar la totalidad de los activos que cumplían los criterios requeridos por el Ejecutivo para ser incorporados como viviendas asequibles en un futuro a corto plazo. En muchos casos, esos pisos okupados o en mal estado por los que el Gobierno pagará a Blackstone e Hipoges para desocupar las viviendas.