El shock en la movilidad urbana

Los peores pronósticos se han hecho realidad. La declaración de un nuevo estado de alarma, que amenaza con perpetuarse, producirá un shock por falta de demanda en los transportes públicos urbanos. Todos aquellos que dependen de empresas con obligaciones de servicio público (OSP) como autobuses, tranvías o metro, minimizarán el problema al mantener una cobertura financiera pública a través de los fondos estructurados por Gobierno y Comunidades Autónomas. Es decir, su existencia quedará garantizada y no las dejarán quebrar por ser esenciales y estratégicas.

No obstante, las actividades de transporte urbano que no gozan de tales obligaciones de servicio público, como los taxis, el arrendamiento de vehículos con conductor, los autobuses discrecionales o el carsharing, quedan al pairo de los acontecimientos y de cómo rolarán las medidas en función de un semáforo de niveles de emergencia susceptible también de cambios, no siempre con bases más objetivas que arbitrarias.

La última declaración de estado de alarma, con toque de queda incluido, y, con un tufo de orquestación de menos a más, ahonda en la reducción de horas de oferta del servicio de transporte urbano, junto con el desplome de la demanda de todas las actividades sociales de servicios al público. Los usuarios se reducirán más aún por el miedo irracional al contagio, eficazmente propagado por los medios de comunicación, y, por la retracción del consumo que acompaña al miedo -esta vez racional o por precaución-, al porvenir económico.

La logística de mercancías sigue en ascenso, pero otros servicios como el taxi se encuentran en serio peligro de ruina

No es que se vaya a producir un descalabro absoluto de toda la economía en general, ni de todos los servicios de transporte en particular. Entre ellos, algunos como la logística de mercancías están en ascenso, pero otros sí se asoman a un abismo. Todos los transportes discrecionales de viajeros, desde el autobús al taxi, pasando por las VTC, etc., se encuentran en serio peligro de ruina. De todos ellos el de taxi, siendo un servicio público impropio e híper regulado, como no depende directamente del emprendimiento, sino de los municipios, no desaparecerá. Pero se hundirá en la miseria y la precariedad, salvo que se apliquen fórmulas de rescate o, en su caso, de reconversión. Sin estas fórmulas, el tejido productivo del sector, compuesto por un 98,3% de autónomos, no se va a recuperar, sino que sufrirá daños irreparables a nivel individual.

Este nuevo escenario de estado de alarma no sólo complica todo, sino que le da la puntilla directamente, porque esta basado en una mentira tanto en la premisa como en el objetivo, confundiendo excusa con motivo, de modo que la debacle quede asegurada.

Quizá la movilidad urbana debería de asumir que el turismo de masas tal y como lo conocemos no va a volver, ni los eventos multitudinarios

Por otro lado, quizá la movilidad urbana debería de comenzar a asumir que el turismo de masas tal y como lo conocimos no va a volver, ni los eventos multitudinarios, ni las actividades con alta dependencia del turismo van a volver a ser las mismas. Miles de empresas turísticas y sectores completos como las agencias de viajes tradicionales desaparecerán, y los que sobrevivan lo harán muy descapitalizados. Lejos de asumir sandeces como el concepto “nueva normalidad”, hay que comenzar a hacer la digestión de estas realidades.

VTC al cajón

En el caso de las VTC, cuyas autorizaciones estaban valoradas exclusivamente con referencia a una burbuja especulativa, muchísimas irán a un cajón, y, en el caso de los taxis sus licencias sufrirán (ya lo están haciendo) un desplome cercano al 50%. Dichas licencias son el colchón de jubilación y ahorro de los taxistas en España. El mercado de compraventa está roto. Después de haber luchado por evitar su liberalización, éstos verán como son sujeto de expropiación por la vía de la despatrimonialización. Los conductores asalariados de taxi que no pasen de ERTE al desempleo en noviembre lo harán en mayo de 2021. Otros 35.000 empleos que no volverán al sector, porque no será posible su absorción incluso en un escenario de recuperación en 2021, al ser, con suerte, progresivo.

Los autobuses discrecionales, sin turismo ni movimiento siquiera de Imserso ni otros colectivos similares, y únicamente sostenidos por los transportes escolares, no correrán mejor suerte. Aquí la venta de los vehículos prevalece a la de las empresas. África y países del Este renovarán sus flotas con nuestros ex-autocares.

La movilidad urbana en los transportes no cubiertos por el manto presupuestario público invita a desinvertir

Por tanto, la movilidad urbana, en los transportes no cubiertos por el manto presupuestario público, por muy duro que resulte, invita a desinvertir. Si se produce un momento de pánico será factible el crash de la “bolsa de licencias”, junto con un probable estallido de protestas de dudoso resultado. Pero considero que la situación será más bien de desgaste prolongado dada la regulación sectorial que impone un arma de doble filo para dichos títulos de transporte, que protege el acceso al mercado, pero que impide la salida si no se asumen elevadísimas pérdidas. Esas pérdidas, en el caso del taxi, van contra la cuenta de 100.000 familias en España, y no se les puede, o, mejor dicho, nadie debe arruinarlos sin más.

En consecuencia, ante lo inevitable, descartando su libre caída, y, por otro lado, su rescate público, se vislumbra como opción más razonable la de acometer medidas de reestructuración del sector del taxi, mayoritariamente con capital público y parcialmente con privado. Ese proceso, si ocurre, parece que va a estar capitaneado por un Gobierno incompetente, cuyo éxito en la planificación de esta operación sería insólito, puesto que para que el resultado sea la generación y mantenimiento de un renovado sector público flexible, moderno, tecnológico, medioambientalmente eficiente y sostenible en lo económico, requiere de un soporte técnico -libre de sesgos ideológicos-, del que adolecen ahora mismo aquellos que nos gobiernan. Sobre todo, porque en esta declaración de estado de alarma, su objetivo no coincide con el interés general.

Las plataformas serán las herederas de la parte más lucrativa del transporte discrecional de viajeros, mientras acabarán organizando para las administraciones su big data

En el caso de que el Gobierno no obre milagros, nos encontraremos en 2022 -sea cual fuere el resultado de la demagógica “lucha” contra el covid-19, bien por mitigación bien por eliminación-, con un sector del taxi zombi, empobrecido e inviable. La variable de rescatarlo -siempre pan para hoy y hambre para mañana-, lo domeñará como un sector eternamente subvencionado para atender su sobredimensión como útil método de mantener su clientelismo político, y, altamente costoso, que languidecerá hasta la entrada del taxi autónomo, o, mejor dicho, “taxi monitorizado”, gestionado por plataformas digitales.

Serán estas las herederas de la parte más lucrativa del transporte discrecional de viajeros, mientras acabarán organizando para las administraciones (como método más eficiente de avanzar en los objetivos públicos para la movilidad sostenible, descarbonizada, segura y conectada), a cambio de embridar su actividad, su tratamiento del big data y su fiscalidad a las condiciones del Estado. Será este mercado entonces el que se encuentre sometido a más competencia y volatilidad, intentando librarse del paradigma de “el ganador se lo lleva todo”, que amenaza con convertirlo en monopolístico, cosa harto improbable dada su dinamismo y dependencia de la tecnología. Pero esa ya es otra historia.