La presidenta de la rescatada Duro Felguera afronta una querella de dos ex directivos de la compañía

La presidenta no ejecutiva de la rescatada Duro Felguera, Rosa Aza, afronta una querella de dos ex directivos de la compañía que fueron despedidos de la compañía por el ex consejero delegado, José María Orihuela, y señalados públicamente por Aza como los responsables de las filtraciones de información negativa contra la empresa que incidieron en la cotización de la ingeniería asturiana. La querella se presentó en abril de 2021 y en estos momentos se encuentra en fase de recurso después de que un juzgado de Madrid la haya sobreseído recientemente. Aunque el riesgo jurídico para Aza se ha reducido, el proceso penal sigue adelante, lo que podría tener su repercusión en la reputación de la compañía.

El proceso se inició después de que la presidenta de Duro Felguera, que ha recibido un rescate público de 120 millones de euros por parte de la SEPI, acusara al ex director general, Javier García, y a Alfonso Gordon, ex director de Recursos Humanos, de filtrar información negativa de la empresa que tuvo su incidencia en el valor de la acción. «La compañía venía arrastrando una situación de fuga de información que coincidía en muchos casos con variaciones en el valor de la acción, eso es una práctica penada por la ley», declaró públicamente sobre la razón por la que se había despedido a estos dos directivos.

«Presentamos la querella porque queremos ver restituido nuestro honor», explica uno de los directivos, que rechaza el sobreseimiento de la demanda y lo ha recurrido ante el juzgado de Madrid.

La querella iba dirigida también contra el ex consejero delegado de la compañía, José María Orihuela, que estuvo declarando por este asunto junto a la presidenta Aza en diciembre. Además, Orihuela había presentado anteriormente una denuncia contra ellos ante la fiscalía para que investigara la supuesta filtración de la información.

Esa denuncia no llegó ni siquiera a admitirse a trámite y fue archivada por la fiscalía al no encontrar ninguna prueba contra los ex directivos. Esto motivó que respondieran con la querella que ahora está en fase de recurso, que incluía la acusación de denuncia falsa. «En el auto de sobreseimiento argumenta un defecto de forma en este tema de la denuncia falsa», explican fuentes conocedoras de la situación.

2,6 millones para afrontar denuncias

Además de este conflicto de la presidenta, la compañía asturiana arrastra todavía problemas de la etapa anterior al rescate. Tras la entrada del nuevo consejero delegado, Jaime Argüelles, y de los consejeros de la SEPI, la firma se ha negado a abonar a Orihuela el salario que solicita por haber sido apartado de la compañía.

Duro Felguera reconoce que al ex consejero delegado le corresponden 625.000 euros, pero no se los ha abonado al entender que no corresponden a una empresa rescatada. Orihuela ha reclamado en el juzgado el pago de esa indemnización. Además, la ingeniería asturiana admite también en su informe anual que ha provisionado un total de 2,6 millones de euros para afrontar posibles litigios por indemnizaciones.