Pensiones mínimas, máximas y no contributivas: se confirma el palo que llega en 2026 con el nuevo decreto

El Gobierno ha movido ficha tras el bloqueo parlamentario del decreto social presentado el pasado diciembre. La estrategia ha sido dividir el contenido en dos textos para asegurar que, al menos, las medidas relativas a la Seguridad Social no quedaran en el aire. El BOE ya ha confirmado que el Ejecutivo mantiene prácticamente intactas las cifras que ya había anunciado con las pensiones mínimas, máximas y no contributivas para 2026 siendo las mismas que empezaron a abonarse en enero, pese al rechazo inicial del Congreso.

La publicación del nuevo decreto llega en un momento sensible, con el debate sobre la sostenibilidad del sistema más presente que nunca y con una población envejecida que condiciona cualquier decisión. El Gobierno quiere blindar la parte relativa a las pensiones, consciente de que es uno de los pocos campos donde existe un consenso amplio, incluso entre partidos alejados ideológicamente. Este movimiento, sin embargo, no evita las consecuencias: los ajustes previstos siguen adelante, los topes se refuerzan y los incrementos no serán homogéneos. Las cifras confirman que 2026 será un año clave para ordenar los ingresos del sistema, pero también un año de cambios que, para algunos colectivos, pueden sentirse como un golpe directo en su economía, de modo que será bueno repasar cómo quedan a partir de ahora las pensiones mínimas, máximas y no contributivas.

Pensiones mínimas, máximas y no contributivas: así quedan

Las pensiones mínimas contributivas se garantizan mediante complementos a mínimos, pensados para quienes, aun habiendo cotizado, no alcanzan las cuantías fijadas por ley. Para cobrar ese complemento, los ingresos anuales no pueden superar los 9.442 euros si no se tiene cónyuge a cargo, o los 11.013 euros si sí existe cónyuge dependiente.

Las cuantías quedan así:

• Jubilación con 65 años y cónyuge a cargo: 17.592 euros anuales.
• Jubilación sin cónyuge: 13.107 euros anuales.
• Gran incapacidad con cónyuge a cargo: 26.386 euros.
• En viudedad, las cifras varían desde 9.932 euros para menores de 60 años hasta los 17.592 euros en casos con cargas familiares. Ahora mismo, más de 2,11 millones de pensiones en España están complementadas a mínimos, lo que da una idea del peso que este apoyo tiene dentro del sistema.

Subida de las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas, que están dirigidas a personas sin cotización suficiente y sin recursos, reciben una subida destacada. En 2026 alcanzarán los 8.803,2 euros anuales, es decir, 629 euros mensuales en 14 pagas, 64 euros más que en 2025.

En España hay unas 471.000 pensiones no contributivas, y seis de cada diez las perciben mujeres, reflejo de una brecha laboral histórica que sigue marcando las trayectorias profesionales. Además, existen complementos adicionales según la situación familiar, especialmente en casos de menores con discapacidad.

Pensión máxima

La pensión máxima para 2026 se sitúa en 3.359,6 euros al mes, o 47.034,4 euros al año, un aumento del 2,815%. Sube ligeramente por encima del 2,7% asociado al IPC porque incorpora el recargo derivado del refuerzo de cotizaciones en los salarios más altos.

Este ajuste afecta solo a los nuevos pensionistas y forma parte de la estrategia del Gobierno para aumentar los ingresos del sistema ante la presión demográfica.

Cambios en cotizaciones, MEI y autónomos

El decreto introduce varios movimientos en las cotizaciones:

• La base máxima sube hasta 5.101,2 euros, un 3,9% más.
• La aportación al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aumenta al 0,9%, repartido entre empresas (0,75) y trabajadores (0,15).
• También sube la cuota de solidaridad, que grava los tramos de salarios más altos.
• En cambio, los autónomos seguirán con las mismas cuotas que en 2025 ante la falta de un acuerdo. De momento, no habrá modificaciones en el sistema de tramos.

Los parados no tendrán que presentar IRPF

Una de las medidas más llamativas está fuera de todo lo que tiene que ver con las pensiones ya que quienes estén desempleados y perciban prestaciones no estarán obligados a presentar la declaración de la renta en 2026. El Gobierno argumenta que evitará carga administrativa adicional y descarta, por ahora, usar esta vía como herramienta de control fiscal.

También queda fuera del decreto la prórroga del SMI, que se aprobará por separado. La cantidad de 1.221 euros brutos al mes ya está pactada con los sindicatos y se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

En definitiva, este nuevo decreto confirma que 2026 será un año de transición para el sistema de pensiones, con ajustes que buscan reforzar los ingresos y dar estabilidad a largo plazo, aunque no todos los colectivos los perciban del mismo modo. Las subidas ya aplicadas en enero han traído alivio para quienes dependen de las prestaciones más bajas, mientras que los cambios en bases y cotizaciones apuntan directamente a quienes se sitúan en los tramos altos del sistema. Es un equilibrio complejo que el Gobierno deberá defender en el Parlamento, donde todavía necesita apoyos para convalidar la reforma.

Lo que sí parece claro es que el Ejecutivo quiere evitar un nuevo bloqueo y cerrar cuanto antes un capítulo que afecta a millones de pensionistas. En un contexto demográfico desafiante y con una sociedad cada vez más envejecida, cualquier movimiento en esta materia se convierte en un termómetro político y social, y 2026 será una prueba evidente de hacia dónde avanza el modelo.