Crisis empresarial

Pánico en la SEPI ante el derrumbe de Duro Felguera: temen acabar en los tribunales por el rescate

SEPI, Duro Felguera
Sede de Duro Felguera.
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

Cunde el pánico en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) por la crítica situación de Duro Felguera, rescatada con 120 millones de dinero público en 2021. Dentro del holding empresarial del Estado, se teme que sus responsables e incluso sus técnicos acaben en los tribunales por aquella operación, por el posible incumplimiento de las normas del fondo de rescate creado en la pandemia.

«Hay mucho nerviosismo en la SEPI con Duro Felguera. Saben que la empresa está quebrada y no saben qué hacer con ella. Y lo peor es que, viendo lo que está pasando con Air Europa, temen acabar en el banquillo por el rescate», explica una fuente conocedora de la situación.

Como adelantó OKDIARIO, Duro Felguera se ha gastado ya esos 120 millones del rescate -a los que se sumaron otros 6 millones del Principado de Asturias, donde tiene la sede la empresa-, así como los 90 millones que pagaron los grupos mexicanos Prodi y Mota Engil para hacerse con el 56% del capital. Por tanto, no tiene dinero en caja, y la banca acreedora se niega a concederle nuevos créditos o avales.

Esta desesperada situación ha llevado a la salida delconsejero delegado de Duro Felguera, Jaime Argüelles (nombrado por la SEPI), después de la dimisión de varios directores financieros. Y como también informó este periódico, los citados mexicanos están revisando en profundidad su gestión para averiguar cómo se ha fundido esos 216 millones en apenas tres años.

Aquel rescate fue responsabilidad de Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dependiente de la SEPI. Las ayudas de este fondo estaban sometidas a dos condiciones de dudoso cumplimiento en el caso de la compañía asturiana: que se tratara de una empresa estratégica -algo que la SEPI salvó diciendo que era estratégica a nivel regional- y que sus problemas se derivasen exclusivamente de la  paralización de la actividad provocada por el covid, mientras que Duro Felguera arrastraba problemas desde mucho antes de la pandemia. De hecho, fueron los bancos los que forzaron el rescate al negarse a refinanciar su deuda.

Rescate político

En aquel rescate pesó mucho la política, por tanto. Algo que se ha confirmado recientemente cuando se desvelaron los mensajes con los que José Luis Ábalos justificaba ante Pedro Sánchez la visita ilegal de Delcy Rodríguez. En ellos, el entonces ministro de Transportes argumentaba kla oportunidad de la visita para que Duro Felguera cobrara los 120 millones -cantidad idéntica a la del rescate- que le debía el Gobierno de Venezuela. Una deuda que no cobró entonces y que sigue sin cobrar, como informó OKDIARIO.

Este rescate se decidió cuando la SEPI tenía como presidente en funciones a Bartolomé Lora, protegido de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. No podía ocupar la presidencia por estar imputado en el caso de las Minas de Aznalcóllar, pero era quien dirigía el organismo. Actualmente, Lora sigue siendo vicepresidente del mismo, por debajo de la presidenta Belén Gualda.

Opciones de la SEPI

Más allá de las posibles implicaciones penales, la SEPI tiene pocas opciones ante la imposibilidad de recuperar el dinero del rescate y la dudosa supervivencia de Duro Felguera -que ya cuestionó el auditor en las cuentas de 2023, entre otras cosas porque debe 183 millones a Hacienda-.

Según las fuentes consultadas, lo más probable es que ejecute la parte del rescate que se hizo mediante un crédito participativo (100 millones) y se quede con la compañía para liquidarla ordenadamente. La otra opción sería llevarla a concurso de acreedores y que entonces la liquidación quede en manos de un juez y un administrador concursal. La SEPI no puede inyectarle más dinero porque ya caducó el citado fondo de rescate y se consideraría ayuda de Estado ilegal.

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