Otro episodio en la guerra Calviño vs Díaz: la reforma laboral

Un mes después de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) enfrentase a las ministras de Trabajo y Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, y la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la derogación de la reforma laboral del PP vuelve a convertirse en un campo de batalla entre la vicepresidenta y la política que quiere ser el nuevo referente de la izquierda española.

Díaz entiende que Calviño, en un «intento de injerencia”, quiere quitarle protagonismo y competencias en una reforma laboral, de difícil explicación ante Bruselas, y que es uno de los argumentos más aireados por los podemitas en sus intervenciones y en sus promesas en el ámbito económico.

Además, desde este sector de la extrema izquierda se entiende como un incumplimiento del pacto de Gobierno de coalición.

Al final, Yolanda Díaz pierde el timón de la negociación de la reforma laboral que hasta ahora dirige como ministra de Trabajo con los agentes sociales y los sindicatos.

Ante la creciente disputa interna por el control de esta cuestión, este viernes, desde Bruselas, el presidente Pedro Sánchez ha recalcado que se trata de «una reforma estructural que afecta a cinco ministerios del Gobierno». Por eso, ha enfatizado, «he pedido, ordenado, que se coordinen entre todos».

Sánchez ha negado que haya «una intromisión» de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sobre las funciones de la vicepresidenta segunda. Lo que ha denunciado Podemos esta mañana. La formación morada ha exigido a sus socios una reunión urgente de la mesa que analiza el acuerdo de coalición, al considerar que la titular de Economía había invadido las competencias de Díaz.

Hasta en cinco ocasiones se le ha preguntado al presidente si apoyaba a Calviño, frente a la líder de Unidas Podemos, a lo que se ha negado a responder de forma explícita las cinco veces.

Lo ha hecho en todo momento con evasivas que caben deducir que Yolanda Díaz ya no es la última responsable y que ahora el peso de las decisiones recaen en cinco ministerios distintos -Trabajo, Economía, Hacienda, Seguridad Social y Educación-, la mayoría en manos del PSOE.

Pedro Sánchez ha manifestado, tras la celebración del Consejo Europeo, que «estamos ante una gran oportunidad» para «actualizar las normas laborales en nuestro país, de la mano de empresarios y sindicatos». «He pedido y ordenado» ha sentenciado «que sea así». Desde que anoche estallase la polémica, que se ha conocido esta mañana, el presidente no ha hablado con Yolanda Díaz.

La discusión ha trascendido más allá de la coalición y ha provocado que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, saliera a apoyar a Calviño tras las críticas de injerencia por parte de los podemitas.

El líder de los empresarios ha señalado que él entiende que el Gobierno «es uno, no son dos» y que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sólo dijo este jueves que se va «a hablar» de la reforma laboral.

Garamendi ha asegurado que no entiende «absolutamente nada» sobre las discrepancias abiertas en el Gobierno sobre la reforma laboral.

La reforma laboral ha supuesto durante meses una manifestación de los distintos conceptos económicos de las dos políticas, mientras se intenta, sin éxito, que las patronales y los sindicatos acompañen al gobierno en una reforma laboral que despierta miedos entre las empresas y los socios comunitarios.

En el acuerdo de gobierno se señala que se derogará la reforma laboral del PP, al interpretar que en 2012 se lastraron algunos derechos laborales, mientras que Calviño ha expresado en distintos foros la necesidad de buscar consensos y de relajar las aspiraciones podemitas.

Este mismo jueves, Calviño subrayó que «antes de final de año» debe estar listo un «paquete equilibrado» de medidas para modernizar el mercado laboral español e instó a patronal y sindicatos al acuerdo.

Acuerdo en el diálogo social

En declaraciones a los medios tras su intervención en el 12 Congreso Confederal de CCOO, emplazó a todas las partes a llegar a un acuerdo en el diálogo social para contar cuanto antes con un marco que dé «seguridad jurídica» y permita encauzar la recuperación con empleo de calidad y mejoras de la productividad.

Mientras Calviño llegó a asegurar que «aún no se había iniciado ese paquete de reformas», desde el entorno de Díaz se defiende que se negocian desde el 17 de marzo y que, por ejemplo, entre los cambios sobre la negociación colectiva –que en el acuerdo contemplan, por ejemplo, que se recupere la prioridad aplicativa de los colectivos sectoriales sobre los de empresa- los acercamientos de posturas de sindicatos y patronales se habían acelerado.

Todo esto se produce mientras Europa sigue observando cómo se afronta en España esta reforma laboral, ya que Bruselas analizará si los cambios se enmarcan en las políticas que persiguen como objetivos los fondos de recuperación, que suponen la llegada a España de 140.000 millones de euros.

Entre otros puntos de enfrentamiento se encuentran los relativos a los tipos de contratos, ya que desde Trabajo se pretende prácticamente eliminar los temporales sin atender a los argumentos de Economía, que los considera “necesarios” en determinados sectores y épocas del año. Además entiende que suprimirlos radicalmente merma las posibilidades de recuperación y crecimiento económico.

El pasado 16 de septiembre la subida del SMI volvió a hacer que esas diferencias entre departamentos se visibilizaran, ya que después de que se informase a primera hora del día de que el Gobierno y los sindicatos habían cerrado un acuerdo sin el apoyo de la patronal, que lleva varias semanas manifestando su oposición, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, desmintió que se llegase a un punto de encuentro entre las dos partes.

Al final, el acuerdo se cerró en la tarde-noche como pretendían la ministra de Trabajo y los representantes sindicales.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) volvió a protagonizar ese jueves titulares económicos junto al precio de la luz, las negociaciones para alargar los ERTES, el incremento del coste laboral de las empresas, o el desplome de la cotización de las eléctricas en Bolsa.

El supuesto pacto alcanzado a esa primera hora contemplaba un alza de 15 euros, aplicándose de manera retroactiva desde el 1 de septiembre de 2021.

Con esta subida, el SMI alcanzaba los 965 euros mensuales, según se hizo saber a la SER, que lo difundió.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró durante la jornada que seguía negociando con UGT y CCOO un acuerdo para subir este salario 15 euros, para lo que queda de año, con efecto desde el 1 de septiembre, mientras los sindicatos lo condicionaban a que se comprometan también las subidas para 2022 y 2023.Esta subida de 15 euros es la media entre los 12 y 19 euros que aconsejaron recomendaron los expertos consultados para esta medida.

Aunque a primera hora de la mañana asociaciones, patronales y algún que otro representante sindical creía que se había alcanzado el acuerdo anunciado, tanto Calviño, como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, lo desmintieron horas después.

«En este momento las conversaciones con los agentes sociales siguen manteniéndose (…) No hay ningún acuerdo (…) Vamos a esperar a tomar la decisión y se aplicará a partir de entonces (…) Hay que dejar que sigan las conversaciones antes de tomar la decisión, que es la responsabilidad del Gobierno», explicó Calviño ante la insistencia de los periodistas que habían creído la información transmitida.

«No hay aún acuerdo porque estamos pasando papeles y porque la subida del SMI no está ligada a la senda de hitos para 2022 y 2023», agregó Sordo, que también se mostró optimista al señalar que «de eso depende que se cierre o no el acuerdo a lo largo del día de hoy».

Para Sordo, la subida del SMI para los cuatro últimos meses de este año debía ir acompañada de un compromiso por parte del Gobierno para llevar los sueldos más bajos hasta los 1.000 euros en 2022 y alcanzar el 60% del salario medio en 2023, con una cuantía que debería ser calculada en ese momento.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, defendía que la confederación no firmará una subida del SMI porque no es el momento para acometer un nuevo incremento.

«Ellos verán», dijo en declaraciones a Antena 3 tras conocerse que el Gobierno estaba ultimando un pacto con los sindicatos. Añadió que la subida no afecta a las grandes empresas del Ibex 35, sino al pequeño empresario del campo, al autónomo o al empleo doméstico, y que tendrá como consecuencia que haya menos empleo y más economía sumergida.

«Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida y (…) podemos llegar a que el Gobierno dentro de dos años prácticamente coloque el salario a 4 millones de personas y eso rompe el diálogo social», afirmó.

En la tarde de ese jueves, Nadia Calviño volvió a remarcar que todavía no había acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, aunque confiaba en que se cerrase «en los próximo días”.

Lo que volvió a quedar claro es que existían dos posturas y dos ministras: Díaz, que ya había señalado más de una vez que el PSOE era el responsable de no aprobar una subida rechazada por la patronal. Y Calviño, que apostaba por cerrarlo bien atado con todos los agentes sociales involucrados, analizando las consecuencias que puede tener para la creación de empleo y para la recuperación económica tras la pandemia.

Las diferencias de posturas se centraban en cuándo subir el salario, si en el último trimestre de 2021 o más adelante, y en ceder a la petición de los sindicatos de un aumento de 25 euros, vincular la subida a más ejercicios y acompañarla de un compromiso por parte del Gobierno para llevar los sueldos más bajos hasta los 1.000 euros en 2022.

Finalmente se cerró el acuerdo

Al final del día, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO difundieron un comunicado señalando que habían cerrado un acuerdo para subir el SMI 15 euros para lo que resta de 2021, hasta los 965 euros brutos mensuales, con efecto del 1 de septiembre.

En este comunicado conjunto del ministerio y los sindicatos, aseguraban que se comprometen al cumplimiento del objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023.

Las posturas de Díaz y los sindicatos se impusieron en este Ejecutivo sobre la cautela y el análisis que esgrimían Calviño y las patronales. Parece que con la reforma laboral no será así.