El SMI vuelve a exponer las profundas discrepancias entre Calviño y Díaz

Después de que se informase a primera hora del día de que el Gobierno y los sindicatos habían cerrado un acuerdo sin el apoyo de la patronal, que lleva varias semanas manifestando su oposición, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, desmintió que se llegase a un punto de encuentro entre las dos partes. Al final, el acuerdo se cerró en la tarde-noche como pretendían la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los representantes sindicales.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha vuelto a protagonizar este jueves titulares económicos junto al precio de la luz, las negociaciones para alargar los ERTES, el incremento del coste laboral de las empresas, o el desplome de la cotización de las eléctricas en Bolsa.

El supuesto pacto alcanzado a esa primera hora contemplaba un alza de 15 euros, aplicándose de manera retroactiva desde el 1 de septiembre de 2021. Con esta subida, el SMI alcanzaba los 965 euros mensuales, según se hizo saber a la SER, que lo difundió.

Sin embargo, el Ejecutivo aseguró durante la jornada que seguía negociando con UGT y CCOO un acuerdo para subir este salario 15 euros, para lo que queda de año, con efecto desde el 1 de septiembre, mientras los sindicatos lo condicionaban a que se comprometan también las subidas para 2022 y 2023.

Esta subida de 15 euros es la media entre los 12 y 19 euros que aconsejaron recomendaron los expertos consultados para esta medida.

Aunque a primera hora de la mañana asociaciones, patronales y algún que otro representante sindical creía que se había alcanzado el acuerdo anunciado, tanto Calviño, como el secretario general de CCOO, Unai Sordo, lo desmintieron horas después.

«En este momento las conversaciones con los agentes sociales siguen manteniéndose (…) No hay ningún acuerdo (…) Vamos a esperar a tomar la decisión y se aplicará a partir de entonces (…) Hay que dejar que sigan las conversaciones antes de tomar la decisión, que es la responsabilidad del Gobierno», explicó Calviño ante la insistencia de los periodistas que habían creído la información transmitida.

«No hay aún acuerdo porque estamos pasando papeles y porque la subida del SMI no está ligada a la senda de hitos para 2022 y 2023», agregó Sordo, que también se mostró optimista al señalar que «de eso depende que se cierre o no el acuerdo a lo largo del día de hoy».

Para Sordo, la subida del SMI para los cuatro últimos meses de este año debía ir acompañada de un compromiso por parte del Gobierno para llevar los sueldos más bajos hasta los 1.000 euros en 2022 y alcanzar el 60% del salario medio en 2023, con una cuantía que debería ser calculada en ese momento.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, defiende que la confederación no firmará una subida del SMI porque no es el momento para acometer un nuevo incremento.

«Ellos verán», dijo en declaraciones a Antena 3 tras conocerse que el Gobierno estaba ultimando un pacto con los sindicatos. Añadió que la subida no afecta a las grandes empresas del Ibex 35, sino al pequeño empresario del campo, al autónomo o al empleo doméstico, y que tendrá como consecuencia que haya menos empleo y más economía sumergida. «Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida y (…) podemos llegar a que el Gobierno dentro de dos años prácticamente coloque el salario a 4 millones de personas y eso rompe el diálogo social», afirmó.

En la tarde de este jueves, Nadia Calviño volvió a remarcar que todavía no había acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional, aunque confiaba en que se cerrase «en los próximo días”.

Lo que ha vuelto a quedar claro hoy es que existían dos posturas y dos ministras: Díaz, que ya había señalado más de una vez que el PSOE era el responsable de no aprobar una subida rechazada por la patronal. Y Calviño, que apostaba por cerrarlo bien atado con todos los agentes sociales involucrados, analizando las consecuencias que puede tener para la creación de empleo y para la recuperación económica tras la pandemia.

Las diferencias de posturas se centraban en cuándo subir el salario, si en el último trimestre de 2021 o más adelante, y en ceder a la petición de los sindicatos de un aumento de 25 euros, vincular la subida a más ejercicios y acompañarla de un compromiso por parte del Gobierno para llevar los sueldos más bajos hasta los 1.000 euros en 2022.

Finalmente se cierra el acuerdo

Al final del día, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO difundieron un comunicado señalando que habían cerrado un acuerdo para subir el SMI 15 euros para lo que resta de 2021, hasta los 965 euros brutos mensuales, con efecto del 1 de septiembre.

En este comunicado conjunto del ministerio y los sindicatos, aseguraban que se comprometen al cumplimiento del objetivo de situar el SMI en el 60% del salario medio, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023.

Así que parece que las posturas de Díaz y los sindicatos se imponen en este Ejecutivo sobre la cautela y el análisis que esgrimían Calviño y las patronales.

Pérdida de empleo por la subida de 2019

Veremos los resultados, sin olvidar que en un estudio del Banco de España sobre el impacto de la subida del SMI en el empleo en el 2019 se señalaba que este incremento ocasionó una pérdida de empleo neta de entre 6 y 11 puntos. De esta forma, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019 la ralentización de entre el 0,6% y el 1,1% se traduce en la no creación de hasta 180.000 empleos.

Impacto negativo sobre el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo

Esta semana se publicó un estudio de Randstad Research, en colaboración con Cepyme, en el que se indica que subir el SMI en el 2022 hasta 1.000 euros al mes, por catorce pagas en el año, tendría un impacto negativo sobre el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta 2023,.

Este impacto sobre el empleo incluiría tanto los puestos de trabajo que se destruirían por esta subida del SMI como los no creados como consecuencia de la misma. Más de la mitad de los empleos que desaparecerían con esta medida podría concentrarse en los sectores de hostelería y comercio, los más dañados con la actual crisis, según el informe.