Nuevo escándalo del Gobierno: sólo 3.000 caseros han recibido la ayuda prometida para desahucios suspendidos en cinco años

Cinco años después de que el Gobierno pusiera en marcha las compensaciones para propietarios y arrendadores con desahucios suspendidos, las cifras revelan un panorama desolador: apenas 3.000 expedientes han sido resueltos de forma favorable en todo el país, dejando a miles de afectados en la estacada.

Lo que se anunció como una red de seguridad para los propietarios afectados por el escudo social ha terminado convirtiéndose en un laberinto burocrático de difícil salida.

Un sistema de compensaciones bloqueado

El mecanismo se diseñó para paliar el impacto económico sobre los pequeños y grandes propietarios cuyas viviendas estaban ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad. Bajo la promesa de que el Estado asumiría el coste de estas suspensiones, se habilitó una partida de ayudas que, en la práctica, ha resultado ser un espejismo administrativo.

Según los datos más recientes, el volumen de solicitudes denegadas o atrapadas en el silencio administrativo supera con creces al de los pagos efectuados. Esta situación ha provocado que muchos caseros lleven años soportando impagos, gastos de suministros y el mantenimiento de sus viviendas sin recibir la compensación económica que el Gobierno garantizó por decreto.

Los obstáculos de la letra pequeña

La baja tasa de éxito de estas ayudas no es casual. El proceso se enfrenta a varias problemáticas que explican el fracaso de la medida:

• Burocracia asfixiante: los requisitos para demostrar la vulnerabilidad del inquilino y el perjuicio del propietario son tan estrictos que muchos expedientes son rechazados por defectos de forma.
• Plazos vencidos: la demora en las resoluciones judiciales sobre los lanzamientos impide que los propietarios puedan iniciar el trámite de compensación a tiempo, creando un círculo vicioso de esperas.
• Desequilibrio territorial: la gestión de estas ayudas recae sobre las comunidades autónomas, lo que ha generado una enorme disparidad en la agilidad de los pagos dependiendo de la región.

Un perjuicio acumulado para el pequeño propietario

El escándalo no reside sólo en el número total de beneficiarios, sino en la cuantía de la deuda acumulada. Muchos de estos 3000 pagos apenas cubren una fracción del tiempo que la vivienda ha estado bloqueada. Para muchos de los afectados, que dependen de la renta del alquiler para cuadrar su economía familiar, esta barra libre de suspensiones sin respaldo estatal real se ha traducido en una expropiación de facto de sus ingresos.

Mientras el Ejecutivo presume de protección social, la realidad de las cifras oficiales muestra que el peso de la política de vivienda sigue recayendo sobre los hombros de los propietarios particulares, quienes se encuentran desprotegidos ante una Administración que promete ayudas que rara vez llegan a materializarse.

El mapa de la ineficiencia: las regiones con más impagos

La gestión de estas compensaciones ha quedado en manos de las comunidades autónomas, lo que ha derivado en una brecha territorial inaceptable. Mientras algunas regiones han intentado agilizar los expedientes (como Asturias o el País Vasco), los datos reflejan que en grandes núcleos urbanos (como Madrid y/o Barcelona), donde se concentra el mayor número de lanzamientos suspendidos, la saturación administrativa es total.

Esta descentralización ha permitido que el Gobierno central se desvincule de la ejecución directa, dejando a los propietarios a merced de unos presupuestos regionales que, en muchos casos, no priorizan estas indemnizaciones, haciendo que el problema se vuelva permanente o de larga duración debido a las características socioeconómicas de la zona donde se ubica el inmueble.