La nueva jornada laboral NO es para todos: las personas que no se benefician de la reducción de horas

La reforma para reducir la jornada laboral en España ha vuelto al foco del debate político y social. Anunciada con cierta expectación, su presentación en el Congreso se retrasó un día debido al apagón energético que paralizó buena parte del país a comienzos de semana. Ahora, con el texto sobre la mesa, se reabre un viejo dilema: ¿quién gana y quién queda al margen cuando se habla de derechos laborales? Conozcamos ahora, las personas que no se benefician de la reducción de horas.

Más allá del titular optimista, la realidad es que esta nueva medida, que pretende establecer un máximo de 37,5 horas semanales sin pérdida de salario, no será universal. Según estimaciones, más de 6,3 millones de personas quedarán fuera de esta reforma. Un número abultado que incluye a dos pilares clave de nuestra economía: los trabajadores autónomos y los empleados públicos. Y a ellos se suman otros colectivos que, por distintos motivos, ya contaban con condiciones más favorables que las que ahora se proponen. El debate entonces está servido dado que muchos trabajadores sí podrán disfrutar de esas horas libres a partir de ahora, mientras otros se van a tener que conformar con sus 40 horas semanales, o en algunos casos (a veces los autónomos) incluso más.

La nueva jornada laboral NO es para todos

La nueva reducción de la jornada laboral es algo que muchos trabajadores ya celebran, pero lo cierto es que no va a servir para que todo el mundo pueda trabajar menos horas. De hecho hay un colectivo que no celebra esta mejora en materia laboral teniendo en cuenta que en su caso, las cosas no van a cambiar demasiado. Nos referimos a los autónomos que representan a más de tres millones de trabajadores en España.

¿El motivo? Su jornada no está regulada por el Estatuto de los Trabajadores, sino por su propio sentido común y, muchas veces, por la necesidad. En la práctica, esto significa que podrán seguir trabajando diez, doce o más horas diarias si su actividad lo requiere. No habrá cambio alguno en sus ritmos, ni en su capacidad para conciliar, descansar o desconectar. Pero sí podrían verse afectados indirectamente. Por ejemplo, aquellos autónomos que tienen empleados deberán adaptarse a los nuevos límites horarios, lo que podría suponer contratar a más personal o redistribuir tareas. Algo que, en el caso de pequeños negocios, puede ser una carga difícil de asumir.

Además, se verán obligados a reorganizar su día a día para ajustarse a clientes y proveedores que sí entren dentro de la reforma. En resumen: mientras otros ganan tiempo, ellos podrían perder equilibrio. Y todo ello sin ningún tipo de compensación ni apoyo por parte del Estado.

El caso particular del sector público

Algo similar sucede con los empleados públicos. A diferencia del sector privado, su jornada laboral está regulada por normativas específicas que no se ven alteradas por esta nueva reforma. Muchos de ellos ya trabajan menos de 37,5 horas semanales, especialmente en administraciones autonómicas o locales donde se ha avanzado en la mejora de condiciones. Pero esto no es una norma general.

Por eso, aunque sobre el papel no necesitarían una reducción, algunos sectores del funcionariado consideran que esta era una buena oportunidad para unificar criterios y establecer un marco común. En lugar de eso, se vuelve a optar por una regulación dual, donde lo público y lo privado siguen caminos separados.

Este enfoque genera tensiones internas, especialmente entre quienes sí superan actualmente ese umbral de horas y no verán ningún cambio. También plantea un dilema político: si se trata de una mejora que beneficia a la salud y al bienestar de los trabajadores, ¿por qué no extenderla también a quienes representan al Estado?

Quienes sí se beneficiarán

La parte positiva de la reforma es que beneficiará a un amplio número de trabajadores del sector privado que todavía están sujetos a jornadas largas. Especialmente en sectores como la hostelería, la construcción o el comercio, donde las 40 horas semanales siguen siendo lo habitual.

Para estos empleados, la reducción supondrá una mejora tangible en su calidad de vida. Menos horas de trabajo significan más tiempo para estar con la familia, para descansar, para cuidar la salud mental o, simplemente, para vivir. Y todo ello sin merma salarial, algo clave para garantizar que la medida sea realmente efectiva y no acabe generando desigualdades económicas.

Eso sí, la implementación será progresiva y dependerá en buena parte de las negociaciones colectivas. Los convenios sectoriales tendrán que adaptarse y definir cómo se aplica la medida, en qué plazos y con qué ajustes. No será automático, pero sí marca una dirección clara hacia un modelo laboral más sostenible.

La gran paradoja de esta reforma es que busca corregir desequilibrios y acabar generando otros nuevos. Porque si bien atiende a las necesidades de muchos trabajadores, también refuerza la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda en el mundo laboral. La cifra de 6,3 millones de personas que no se beneficiarán directamente del cambio es el reflejo de esa brecha.