Más del 23% de los españoles tachan los productos catalanes de su lista de la compra

El 23,2% de los consumidores españoles, sin incluir a Cataluña, ha dejado de comprar productos catalanes y otro 21 % se plantea hacerlo en el futuro, según el informe El impacto del desafío independentista en la reputación de las empresas catalanas, elaborado por Reputation Institute.

En el caso de que Cataluña fuese independiente, el 49,1% de los consumidores españoles, sin contar a los catalanes, dejaría de comprar productos de esa comunidad autónoma, lo que se traduciría en una pérdida de 20.000 millones de euros para las empresas catalanas, ha explicado este miércoles el director general de Reputation Institute para España y Latinoamérica, Enrique Johnson.

Del 50,9% restante, el 15,4% no tiene claro que decisión tomaría y el 35,5% se muestra reacio a dejar de comprar productos catalanes incluso en caso de independencia. En cualquier caso, tan solo el 24 % de los españoles es capaz de identificar correctamente las compañías vinculadas con Cataluña.

Casi la mitad de los catalanes no aprueban los cambios de sede

El 47% de los catalanes afirma tener una peor percepción de las empresas que han decidido mudar su sede social o fiscal de la región desde la celebración del referéndum de independencia en Cataluña el pasado 1 de octubre, frente a un 77% de españoles (sin contar a los catalanes) que respalda esa decisión empresarial.

El director general de Reputation Institute, Enrique Johnson, ha explicado que los riesgos reputacionales impactan en el resultado económico y que el impacto es mayor en el caso de las empresas con mayor vinculación con Cataluña, si bien se constata que las empresas que han cambiado de sede social se han visto beneficiadas en el conjunto de España, salvo en Cataluña, donde tienen un impacto negativo.

En concreto, el informe muestra que el 77,5% de los españoles (sin Cataluña) se muestra totalmente de acuerdo con el cambio de sede social o fiscal de las empresas catalanas, frente a un 11,6% que es neutral y un 10,9% que está muy en desacuerdo con la decisión.

Cae la confianza y la intención de compra

En Cataluña, el 47% de los ciudadanos afirma estar muy en desacuerdo con el cambio de sede social o fiscal, frente a un 38,3% que sí lo aprueba, perdiendo estas compañías hasta 8,4 puntos en su reputación para el conjunto catalán. De hecho, las empresas que se han movido ven disminuida un 9,6% la confianza entre los catalanes y un 9% la intención de compra en la región. Por su parte, la reputación de las empresas que han optado por no cambiar su sede se mantiene estable para los catalanes.

Johnson ha explicado que hay una fuerte correlación entre la reputación y el comportamiento de los consumidores, ya que empeorar en cinco puntos la reputación disminuye la intención de compra. Así, las empresas que han movido su sede fuera de Cataluña han aumentado un 3,2% su atractivo como inversión en el resto de España, mientras que las empresas que han mantenido su sede en Cataluña han disminuido un 3,4% la confianza y un 3,2% la intención de compra en el resto de España.

La reputación de estas compañías que han permanecido en Cataluña se ha visto dañada a nivel nacional, salvo en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, según ha apuntado el director de Consultoría de Reputation Institute, Yeray Carretero. Los millennials son los más críticos con las empresas catalanas, habiendo caído su reputación 4,2% puntos entre enero y octubre, según el estudio.

En el caso del resto de españoles hay una mayor división, ya que el 35,4% opina que las empresas que se han marchado a otra región deberían volver, un 31,2% cree que no deberían regresar y un 33,4% se muestra neutral al respecto.

Estrategia y criterios de negocio

Jonhson ha señalado que «no hacer nada no es una estrategia empresarial» y que esa postura no ayudará «absolutamente en nada» a las compañías, por lo que recomienda tomar decisiones basadas en criterios de negocio, manteniéndose «al margen» de corrientes y movimientos políticos.

En esta línea, ha subrayado que una política «abierta y transparente» de comunicación de las compañías beneficia a nivel general y ha recalcado que la situación actual debe ser tratada como un «riesgo reputacional» en el corto, medio y largo plazo, lo que necesita de un plan de mitigación.