Audiencia Nacional

El juez y el fiscal vuelven a acusar a BBVA de entorpecer la investigación de Villarejo

torres gonzález villarejo
Carlos Torres y Francisco González, presidente y ex presidente de BBVA.

El juez Joaquín Gadea y la Fiscalía Anticorrupción empiezan a perder la paciencia ante la falta de colaboración de BBVA en la investigación de sus relaciones con el excomisario José Villarejo. Ambos han vuelto a criticar su actitud entorpecedora y el magistrado le ordena que remita la información que se le ha solicitado y se niega a aportar. Además, concede a Antonio Béjar acceso a sus cuentas de correo y cita a Julio Corrochano -exjefe de seguridad del banco- tras acusar a Francisco González de ordenar la contratación de Villarejo.

En un auto del 4 de noviembre, García-Castellón ordena a BBVA que envíe de una vez la información que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones, como la documentación de la apertura de cuenta a nombre de Cenyt (la empresa de Villarejo) en 2004, la normativa que era aplicable en ese momento o si los poderes que tenía Corrochano eran similares a los de su antecesor (y por qué se le concedieron esos poderes en 2004 cuando fue nombrado en 2002).

Especialmente duro se muestran los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, a los que ha sentado muy mal un recurso del banco en el que sostiene que “¿Cómo puede sostener la Fiscalía que nada de esto haya sido aportado por BBVA a la causa? En un pendrive adjunto a nuestro escrito de 15/2/19 aportamos la información bancaria disponible en relación con las cuentas bancarias (…) titularidad de la mercantil CENYT”. Este escrito añade que “entre esos archivos se aportaba toda la documentación con la que se cuenta relativa a la apertura de la cuenta, el NIF de la mercantil titular, las escrituras de apoderamiento que se incorporaron al expediente, copias de los DNI, el listado de intervinientes en la cuenta, los listados de movimientos bancarios, etc.)”.

Sin embargo, los fiscales hacen un repaso exhaustivo de lo que en realidad ha enviado BBVA en una serie de carpetas con nombres tan peregrinos como «¡MOVIMIENTOS» o «DOC NO ENTREGABLE (A incluir en el escrito)», y constatan que lo que allí aparece son documentos que nada tienen que ver con lo solicitado (incluyendo contraseñas de acceso a la intranet), otros sin fechar ni firmar, posteriores a los solicitados o que  ni siquiera se pueden abrir, e incluso hay pantallazos del sistema operativo de BBVA.

«Hemos de destacar que lo que se requiere son los documentos originales, no pantallazos de ningún sistema operativo y, como ES UN HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, cuando cualquier persona física o jurídica, abre una cuenta en una entidad bancaria, firma documentos no pantallazos», sostiene la Fiscalía con evidente enfado.

De ahí que solicite, y que el juez lo conceda, que se inste de nuevo al BBVA para que remita lo que se le ha pedido y deje de entorpecer la investigación. Este entorpecimiento es precisamente lo que ha provocado la imputación de Paul Tobin, director de comunicación de la entidad, que es quien maneja los correos y las famosas carpetas con la documentación referida al caso Villarejo.

Béjar tendrá acceso a sus correos

En relación con esto, en otro auto el juez también da la razón a la Fiscalía en su rechazo a otro recurso del BBVA en el que se oponía a conceder acceso a Antonio Béjar, exdirector de riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte, a sus cuentas de correo en la entidad y en dicha filial. Ahora bien, le impide hacerse con ellos para evitar que pueda copiarlos, por lo que su representación legal tendrá que consultarlos en la Audiencia.

Cabe recordar que Béjar fue el primer directivo que admitió ante el juez la relación entre el expresidente de BBVA, González, y la contratación de Villarejo para espiar presuntamente a empresarios, periodista y políticos, y para realizar distintas actividades -incluyendo algunas privadas de FG por las que se le acusa de administración desleal- durante 13 años. Esta relación ha sido confirmada por Corrochano en su reciente escrito que ahora deberá ratificar en sede judicial.

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