El Gobierno quiere aprobar de aquí al 28-A más decretos económicos que en estos ocho meses

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado cuatro ‘medidas’ económicas en los ocho meses en los que ha estado en el poder: el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales y la subida de la base mínima de los autónomos en un 12,5% son las dos medidas 100% socialistas aprobadas hasta ahora, mientras que la subida del salario de los empleados públicos en un 2,25% y el aumento de las pensiones para este año en relación al IPC fueron previamente negociadas por Mariano Rajoy.

Sea como fuere, son cuatro las medidas estrictamente económicas aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que pretende aprobar antes de que acabe su legislatura al menos seis ‘decretazos’ más, completamente electoralistas, para lograr arañar unos cuantos votos de cara a los comicios del 28 de abril. Una Oferta de Empleo Público, un Plan de Igualdad, la Transferencia a Comunidades, una nueva Negociación Colectiva, un decreto para alquiler o un paquete de medidas contra la pobreza, son algunos de los avanzados y confirmados hoy por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Nuevos ‘decretazos’

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tratará de apurar al máximo su legislatura marcándose unos tantos ‘in extremis’. Uno de los ‘decretazos’ más polémicos es el que pretenden hacer para derogar partes de la reforma laboral de 2012, dando más poder al empleado frente al empleador.

Pero eso no es todo, Sánchez también pretende sacar adelante un decreto-ley de Igualdad (al que ha accedido OKDIARIO y que pueden consultar íntegro aquí), titulado: “Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”.

Los planes de igualdad socialistas contienen un conjunto de medidas en el ámbito laboral, como realizar una “auditoría salarial entre mujeres y hombres”, hacer un “ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral” o medidas relacionadas con la “prevención del acoso sexual y por razón de sexo”.

El Gobierno de Sánchez también ha adelantado que verá la luz la Oferta de Empleo Público de 2019. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha confirmado que el Gobierno está negociando con los sindicatos una oferta pública de empleo para 2019, para dar “seguridad” a los opositores y “garantía” de que los servicios públicos van a seguir funcionando.

Por el momento, CSIF exige la contratación de al menos 17.500 funcionarios. En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo, Batet ha dejado claro que esta convocatoria de empleo, cuyo número de plazas no está decidido, responde a un compromiso adquirido por el Gobierno con los sindicatos y que no va a “dejarla para después de las elecciones”.

El gabinete de Sánchez prepara también la actualización de las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas para «mejorar la recaudación de los principales impuestos» y, sobre la ultraactividad, limitada a un año por la reforma del Gobierno del PP, también se esperan varios cambios, como la supresión de los actuales límites. Eso sí, será la negociación colectiva, en cada caso, la que determine la duración de un convenio mientras se negocia otro.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigió recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que regulara los alquileres por decreto ley “como se comprometió”, y aseguró que aún está a tiempo de aprobarlo. En este sentido, desde el Ejecutivo no descartan tampoco tomar cartas en el asunto, dado lo populista que podría ser una medida de este tipo.

‘Decretazos’ insólitos

El líder del PP, Pablo Casado, ya advirtió a Sánchez de que era «insólito» aprobar este tipo de decretos en la Diputación Permanente. Según recordó el popular, cuando llegó a La Moncloa, el pasado mes de junio, España creaba 6.000 empleos al día y ahora se destruyen 6.000 empleos al día. Todo ello, en un contexto de incertidumbre para las empresas, puesto que el Gobierno amenaza con “tumbar” la reforma laboral a golpe de decretos y pasando por la Diputación Permanente, algo “insólito”, ha advertido Casado.

Cabe recordar que las Cortes se disuelven el próximo cinco de marzo, de modo que tendría que ser la Diputación Permanente la que convalidase estos decretos-ley en un plazo de 30 días. Un real decreto-ley lo aprueba en Consejo de ministros y el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo publica casi de forma inmediata, con lo que entra en vigor sin haber pasado por el Congreso.