Esto que hacen en Portugal con las pensiones deberíamos hacerlo en España: lo dice el economista Manuel Álvarez

España se enfrenta a una pregunta incómoda que cada vez suena con más fuerza: ¿será posible mantener unas pensiones dignas dentro de 20 años, cuando la generación del baby boom esté jubilada? Un debate que no es nuevo, pero que resulta cada vez más urgente. Con una población que envejece, una esperanza de vida que se alarga, y un gasto que ya supera los 13.600 millones de euros al mes, la tensión sobre la Seguridad Social es evidente.

El economista Manuel Álvarez, con una larga trayectoria en el análisis de sistemas de pensiones, advierte del modelo actual y de cómo podría tener los días contados si no se llevan a cabo reformas profundas. En su último libro, Pensiones: la promesa rota, plantea distintas fórmulas que otros países ya han aplicado y que persiguen lo mismo que preocupa a España: asegurar que las próximas generaciones no se queden sin una renta mínima al llegar a la jubilación. Entre esas fórmulas destaca la que denomina el recorte a la portuguesa. Una medida polémica que, pese al alto coste social y político que supuso en su día para Portugal, permitió al país ganar margen financiero. Álvarez sostiene que España debería, al menos, mirarse en ese espejo si quiere garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Lo que han hecho con las pensiones en Portugal y recomienda Manuel Álvarez

Portugal atravesó una de sus etapas más duras tras la intervención de Bruselas y, como respuesta, decidió aplicar ajustes muy severos a las pensiones. En la práctica, esto significó rebajar el importe mensual que cobraban los jubilados así como eliminar las pagas extra. Fue un golpe directo al bolsillo de quienes ya estaban retirados, y la contestación ciudadana no tardó en llegar. Sin embargo, esa medida permitió rebajar el gasto público de forma inmediata y estabilizar las cuentas.

Álvarez señala que, aunque en España este tipo de recorte tendría un impacto social muy alto, no se puede descartar del todo en un escenario de déficit crónico. «El gran error es pensar que la sostenibilidad se garantiza sola», advierte.

Qué es lo que hace España: retrasar la edad de jubilación

En España, la estrategia que se ha elegido hasta ahora ha sido otra: retrasar la edad legal de jubilación y endurecer los requisitos de acceso. Desde la reforma de 2011, la edad se eleva de manera progresiva hasta situarse en 67 años en 2027. También se amplía el periodo de cálculo, lo que reduce la cuantía de muchas pensiones futuras.

Es una fórmula menos agresiva que la portuguesa, pero no exenta de problemas. Penaliza especialmente a quienes empezaron a trabajar pronto o desempeñaron empleos más duros físicamente, ya que no todos los trabajadores pueden alargar su vida laboral en igualdad de condiciones. Además, crece la brecha entre generaciones: quienes se jubilen en los próximos años tendrán condiciones diferentes a las de sus padres, algo que alimenta el malestar social.

El ejemplo japonés: congelar las pensiones

El tercer modelo que analiza Álvarez es el recorte a la japonesa. En este caso, no se tocan las pagas ni la edad de jubilación, pero tampoco se revalorizan las pensiones en función del IPC. En Japón, con una economía marcada por la deflación, esta medida no ha tenido un impacto tan dramático. Pero en España, donde la inflación es una constante, supondría una pérdida evidente de poder adquisitivo para millones de pensionistas.

La principal crítica a esta vía es que golpea mucho más a quienes menos tienen. Un jubilado con pensión mínima se vería mucho más perjudicado que alguien con una prestación alta, lo que incrementaría aún más la desigualdad dentro del colectivo.

Una hucha vacía y más desigualdades

El diagnóstico es claro: el sistema español no está blindado. La famosa hucha de las pensiones, que llegó a acumular más de 60.000 millones de euros, apenas cubre hoy un mes de gasto. Al mismo tiempo, las diferencias internas son notables: mientras la pensión media de jubilación alcanza los 1.507 euros, los autónomos apenas superan los 1.000, y las mujeres siguen cobrando, de media, 522 euros menos que los hombres.

Colectivos como ASJUBI40 o la Plataforma de Mayores y Pensionistas recuerdan que, en este contexto, las reformas que se han aprobado hasta ahora no resuelven las desigualdades de fondo. Y los sindicatos insisten: la carga de los ajustes siempre recae en los más vulnerables.

¿Habrá pensiones en 2050?

La gran pregunta que muchos se hacen es sencilla y a la vez inquietante: ¿tendrán pensión quienes hoy rondan los 30 o 40 años? Para Manuel Álvarez, la clave no está en elegir un único camino, sino en combinar medidas. Defiende que España debe avanzar hacia un sistema multipilar, en el que la pensión pública siga siendo el eje, pero complementada con planes colectivos de empresa y fórmulas privadas de ahorro.

Ese cambio de mentalidad ya ha comenzado en otros países europeos, donde millones de trabajadores cuentan con planes de empleo que refuerzan su futura jubilación. En España, los planes de este tipo ya suman casi tres millones de partícipes, aunque todavía están lejos de alcanzar el peso que tienen en otros mercados.