VIVIENDA

España dejaría de ingresar hasta 1.270 millones anuales con el regalo fiscal de Sánchez a los caseros

Los técnicos de Hacienda consideran que los rentistas preferirán subir el precio del alquiler que aprovechar la bonificación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa
Alba Martín

El regalo fiscal que Pedro Sánchez ha ofrecido a los caseros para convencerlos de no subir aún más el precio de sus alquileres provocaría que España dejara de recaudar 1.270 millones de euros al año. Se trata de un ahorro privado y para los expertos «insuficiente» que golpearía de lleno a las arcas públicas dedicadas a sostener servicios públicos como la Sanidad o la Educación, de lo que tanto se ha jactado el Gobierno del propio Sánchez.

Según las estadísticas fiscales consultadas por este medio, si los más de 2,1 millones de caseros con personalidad física de España decidiesen no subir la renta a sus inquilinos y aprovechar la reducción del 100%, ahorrarían de media 584 euros adicionales al año. Una cantidad que se sumaría al ahorro actual, pero que por sí sola ya supondría que el Estado dejara de ingresar 1.270 millones.

La medida contempla una bonificación fiscal completa a los propietarios, del 100%, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensaría, según el Gobierno, lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda consultados por OKDIARIO dudan de la efectividad de la propuesta de Sánchez y vaticinan que la gran mayoría de los caseros no van a preferir aumentar la reducción del 60 al 100%: «Les saldrá mejor mantener o subir el precio de su alquiler que ahorrarse esos impuestos», aseguran, pese a que las propias cifras de rentabilidad, si no se paga el IRFP, son ya altas.

Ayuda a las rentas más altas

Los expertos en materia fiscal aseguran que la bonificación que pretende implantar el Ejecutivo beneficiaría en realidad a las rentas más altas. Si bien las estadísticas oficiales de recaudación no se encuentran actualizadas a 2025, sino a 2023, en un vistazo rápido se puede hacer una estimación del ahorro en cada caso.

Actualmente, un contribuyente que esté ingresando hasta 6.000 euros al año y quiera adherirse a dicho aumento de reducción de impuestos disfrutaría de un ahorro anual de 269 euros adicionales, que sumados a su ahorro habitual le llevarían a no tener que pagar 673 euros.

Por su lado, si un gran contribuyente con unos ingresos anuales de más de 600.000 euros se sumara a la bonificación prometida por Sánchez, ahorraría 2.700 euros adicionales al año, que sumado a su reducción actual de más de 4.000 euros le supondría un ahorro fiscal de más de 6.750 euros.

Una medida incoherente

En plena crisis de acceso a la vivienda resulta llamativo que un gobierno socialista como el de Sánchez anuncie como salvavidas para los inquilinos una rebaja de impuestos a una figura tan demonizada en el sector de la izquierda como es la de los caseros.

De hecho, la rebaja de impuestos también choca frontalmente con el discurso habitual del PSOE y el aumento de la presión fiscal al que ha sometido al país durante su legislatura. Según un informe anual elaborado por el Instituto Juan de Mariana, España en 2025 ya había incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras que el conjunto de la Unión Europea había recortado su carga en 0,9 puntos.

El aumento acumulado de la recaudación desde que Sánchez llegó al Gobierno ya ascendía hace un año a 127.744 millones de euros, que se traduciría en una aportación media de 1.223 euros por persona y 3.079 euros por hogar. Pese a ello, el Ejecutivo habitualmente ha justificado la tan criticada «asfixia fiscal» y defendido que gracias a dicha recaudación España puede mantener su estado de bienestar.

Ahora, pese a que resulta altamente improbable que todos los contribuyentes con una propiedad alquilada se sumen a la bonificación, de hacerlo se estarían dejando de utilizar en España más de 1.270 millones de euros para Sanidad, Educación o Infraestructura pública.

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