Las eléctricas ceden al chantaje del Gobierno en Almaraz: perderán la rebaja fiscal a cambio de 3 años

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado este viernes que las eléctricas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de la central nuclear de Almaraz han cedido al chantaje del Gobierno para intentar prorrogar la actividad de las instalaciones, por lo menos, tres años más, hasta 2030. En concreto, la política ha revelado que estas compañías han renunciado a la rebaja fiscal, pese a que la carga impositiva les obliga, en numerosas ocasiones, a operar a pérdidas, pues tienen que pagar por el simple hecho de producir.

Los impuestos que sufren estas empresas sólo por producir energía de origen nuclear rozan los 900 millones de euros al año. Algo que, como han advertido en numerosas ocasiones desde el sector, puede provocar su cierre por problemas económicos.

Sin embargo, Aagesen ha sacado pecho por la prórroga sin condiciones que han presentado las empresas propietarias para extender la actividad hasta el 2030, lo que incluye la renuncia a una rebaja fiscal: «En esa solicitud lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que hemos dicho desde el Gobierno desde el principio, los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales».

En este caso, según la ministra, las compañías han presentado un calendario nuevo sólo para la central nuclear de Almaraz, frente a lo que sucedió en 2019 (con el pacto de Enresa y las empresas).

El chantaje del Gobierno a Almaraz

Pese a que el cierre de Almaraz, ya sea por decisión política o por la alta presión impositiva, provocaría un desastre sin precedentes en esa zona de Extremadura, tal y como han revelado a este periódico los ciudadanos del lugar, Aagesen presume de que las empresas están dispuestas a ceder a su chantaje.

La ministra ha asegurado que ahora queda por ver si la extensión de la central extremeña cumple con los criterios de seguridad nuclear, por lo que pasa la pelota al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tendrá que «avalar desde el punto de vista técnico si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear».

Aagesen ha asegurado que ahora «el Gobierno no va a prejuzgar nada que salga del consejo de seguridad nacional. No es el momento de posicionarnos, sino que sea el Consejo de Seguridad Nuclear y cuando tengamos ese informe veremos qué es lo que dice».

La titular de Transición Ecológica ha insistido en que cree que hacer cualquier valoración respecto al posible contenido del informe del CSN parece que están prejuzgando. Un documento, que ha señalado, «es un informe técnico, tiene que ser muy riguroso, es algo fundamental. Hablamos de seguridad nuclear».

La ministra ha insistido en que el Gobierno no se han movido de su chantaje, lo que denomina las tres líneas rojas, que se desglosan en que la ampliación no suponga un coste mayor para los contribuyentes, que haya seguridad para las personas y que se garantice la seguridad de suministro.

En el caso de la seguridad de suministro, Aagesen ha recordado que en el caso de cierre, la regulación sí que establece que se necesite un informe de Red Eléctrica, pero en el caso de que no se cierre «no es preceptivo el informe de Red Eléctrica».

Con independencia de la solicitud formal de prórroga para Almaraz, se da la circunstancia de que las eléctricas deben enviar al CSN antes del próximo 1 de noviembre la documentación que ese organismo tendrá que evaluar de cara al cese del primer reactor de la planta, previsto para el mismo día de 2027. Es decir, tienen menos de un día.

Preguntada por este aspecto, Aagesen ha señalado que «esa documentación ha sido solicitada directamente por el Consejo y entiendo que las empresas lo que harán es enviar también esa documentación al CSN».

Por otro lado, la política ha señalado que las empresas les han solicitado «congelar ese procedimiento» preguntada sobre si las eléctricas les han sugerido que hagan decaer el trámite de cese. «Es algo que no nos compete, le compete 100% al CSN y en algo que es seguridad nuclear, nosotros no nos vamos a posicionar», ha dicho Aagesen.

Las compañías presentaron este jueves la solicitud oficial para extender la vida operativa de la central de Almaraz hasta 2030, lo que, si recibe la autorización correspondiente, supondría prolongar tres años más el funcionamiento del primer reactor, cuyo cierre está previsto para el 1 de noviembre de 2027.

Al ser preguntada sobre si las empresas habían renunciado expresamente a la rebaja fiscal en su solicitud, la ministra aclaró que en la carta remitida con la petición de prórroga no se establece ninguna condición y que el contenido se limita exclusivamente a la central de Almaraz.