El cuento de nunca acabar de Abengoa: 20 meses sin rescate y en vísperas de las elecciones andaluzas

La quiebra o salvación de Abengoa (concretamente la filial Abenewco1, la que aglutina el negocio) se ha convertido en la historia interminable del mundo empresarial español. Desde que se anunció el plan de viabilidad en agosto de 2020, han pasado 20 meses con todo tipo de vicisitudes pero en los que seguimos sin saber si la empresa sevillana sobrevivirá. Su destino está en manos de la SEPI y su caída sería una catástrofe para Andalucía… en puertas de las elecciones autonómicas, que se convocarán la próxima semana casi con toda seguridad.

En este culebrón, todo el mundo ha puesto su granito de arena para el estancamiento actual. Por supuesto, el Gobierno es el principal responsable, puesto que Nadia Calviño se negó a que el ICO avalara un crédito de hasta 230 millones que habría cerrado la cuestión en otoño de 2020 y ahora lleva un año sin ser capaz de aprobar el rescate de la SEPI.

La excusa de Calviño hace año y medio fue que la Junta de Andalucía se echó atrás en su promesa de poner 20 millones. Esa es la parte de culpa de Juanma Moreno, que se asustó ante la posibilidad de acabar en los tribunales por el precedente del caso Isofotón. El Banco Santander, principal acreedor de Abengoa, se ofreció a poner esos 20 millones, pero Calviño no se bajó del burro. Miles de empleos en el aire por una pelea de políticos.

La entidad tampoco está libre de culpa, puesto que el plan de agosto de 2020 trataba muy mal a los accionistas minoritarios, que perdían todo su dinero. Es cierto que, si una empresa quiebra, sus dueños pierden antes que los acreedores, pero en la reestructuración se les podía haber dado algo y se habría evitado su reacción violenta. Controlan la vieja Abengoa (ahora convertida en un mero holding), que tiene mayoría en Abenewco mientras no se ejecuten las conversiones de deuda en capital que contempla el plan citado.

Todos los implicados tienen parte de culpa

Los minoritarios también han hecho todo lo posible por poner palos en las ruedas en la búsqueda de una solución sin aportar ninguna alternativa. Además, han echado a los presidentes que ellos mismos habían nombrado (primero Gonzalo Urquijo y luego Marcos de Quinto) por considerar que les habían traicionado al buscar fórmulas que implicaban pérdidas para ellos, porque no había otra manera.

Ahora han nombrado a Clemente Fernández, expresidente de Amper, que tampoco ha logrado traer a ningún inversor -tanteó a los hermanos Amodio, dueños de OHLA, pero sin éxito-. Al menos, ha acercado posturas con los acreedores y al administrador concursal (EY), que está ahí porque Santander instó el concurso de la matriz para intentar forzar la mano de Calviño, también inútilmente.

La SEPI lleva un año mareando la perdiz

Esta concatenación de calamidades ha conducido a la situación actual. La única propuesta encima de la mesa es la venta de Abenewco al fondo estadounidense Terramar, que está dispuesto a poner 250 millones de euros entre inyecciones de liquidez y préstamos para quedarse con el 70% de la compañía. Ahora bien, esta oferta está condicionada a que la SEPI apruebe el rescate solicitado por la ingeniería sevillana hace más de un año, 249 millones de euros. Y el holding empresarial del Estado lleva todo este tiempo mareando la perdiz.

Detrás de este retraso está el miedo tanto de los técnicos de la SEPI como del asesor que debe dar el informe financiero favorable (Grant Thornton) a terminar imputados tras el precedente del rescate de Plus Ultra, que ha acabado en una causa penal en un juzgado de Madrid. Y es que es muy difícil sostener que Abengoa era solvente y que sus problemas derivan exclusivamente del covid, cuando ya tuvo que ser salvada de la quiebra en 2016 con enormes quitas para los acreedores (hasta el punto de que Moody’s lo consideró un default). Ahora bien, la SEPI ha rescatado a Duro Felguera, que también se salvó del concurso en 2018 gracias a las quitas.

Mientras tanto, los 13.500 trabajadores de Abengoa (unos 2.500 en España) y sus proveedores viven en la más absoluta incertidumbre. El cierre de la única gran empresa industrial que queda en Andalucía es tabú para los políticos regionales y probablemente sea un tema estrella de la inminente campaña electoral. OKDIARIO ha adelantado que la fecha más probable para los comicios autonómicos será el 12 de junio, lo cual obliga a convocarlos la próxima semana.

Claro que eso puede tener un efecto negativo: para no interferir en las elecciones, la SEPI puede retrasar todavía más el rescate y prolongar la agonía. De momento, Terramar tendrá que alargar la vigencia de su oferta. Pero si esto se sigue alargando hasta el infinito, no se puede descartar que acabe tirando la toalla y se vaya con sus 250 millones. Y eso sí que sería una debacle.