Las constructoras ganan otro arbitraje a Acuamed: ya ha perdido 31 y ha pagado 47 millones al sector

Nuevo arbitraje que pierde con las constructoras la empresa pública Acuamed, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) ha estimado parcialmente la reclamación de Comsa y Acsa, y condena a Acuamed a pagarles 1,6 millones de euros, según una sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Además, un arbitraje de 2019 condenó a Acuamed a pagar 1,5 millones a Rubau por otro tramo de esta misma obra.

Con esta derrota, referida a una obra adjudicada en 2009 a Comsa y Acsa para la mejora del abastecimiento del embalse de Losa del Caballo, Acuamed acumula ya 31 arbitrajes perdidos con el sector desde 2016 y ha tenido que pagar, hasta el momento, más de 47 millones de euros por negarse a aceptar acuerdos bilaterales para zanjar las divergencias por los sobrecostes de las obras -habituales en toda construcción pública-.

Precisamente fue en 2016 cuando se puso en marcha la Operación Frontino o caso Acuamed, que investiga a la ex cúpula de la empresa pública por el pago de sobrecostes a compañías a cambio de regalos como entradas de fútbol. La base de ese caso es el supuesto daño a las arcas públicas por haber inflado los pagos a las constructoras por las obras, algo que estos arbitrajes están poniendo en duda.

En varios casos, el arbitraje ha determinado que Acuamed tendrá que pagar ahora más dinero por los sobrecostes de lo que había pactado abonar la ex cúpula investigada y habían aceptado las constructoras. Tras los registros en 2016 y la entrada en la cárcel de algunos implicados, esos pactos quedaron en papel mojado y las constructoras iniciaron los arbitrajes. El caso de FCC y el embalse de Flix es uno de estos ejemplos.

Además, en este último laudo sobre el caso del embalse de Losa del Caballo –resolución fechada el pasado 31 de octubre–, la obra estuvo entre las investigadas al principio por la Audiencia Nacional. Finalmente salió de ese proceso, pese a que posteriormente se han aportado escritos a la causa en los que se denuncia que en esta obra se pagó de más a las constructoras.

Se da la circunstancia de que la responsable de esta obra era Gracia Ballesteros, una de las tres personas que denunciaron el caso ante la Guardia Civil en 2016, lo que originó la Operación Frontino. Ballesteros está siendo investigada también en una pieza separada por hacer lo mismo que supuestamente denunciaba de sus superiores, favorecer a una empresa concreta en un concurso, Contratas Vilor, como ha publicado este diario. Sin embargo, los escritos aportados a la causa han caído en saco roto y la Fiscalía no ha investigado.

Acuamed: 47 millones

El inicio de la instrucción del caso Acuamed en 2016 por el juez Eloy Velasco -hoy en manos del magistrado Manuel García Castellón-, supuso el fin de los acuerdos con las constructoras respecto a los sobre costes en las obras. Eso ha tenido un coste para las arcas públicas de más de 47,5 millones de euros.

Es lo que ha tenido que pagar Acuamed desde 2016 hasta ahora a las constructoras que han acudido a los tribunales de arbitraje. Constructoras como ACS, Sacyr o Acciona han ganado arbitrajes a la empresa pública, cuyo servicio jurídico ya ha recomendado a la presidencia acudir en caso de necesidad a la justicia ordinaria en vez de a los arbitrajes.