Acuamed pierde otro laudo arbitral de una obra y siembra más dudas sobre la acusación en el proceso

Se trata de las obras de abastecimiento de la Llosa del Cavall y El Castillo, en Cataluña, proyectos sobre los que se ha sospechado pero que finalmente no se han incorporado a la lista de proyectos que investiga el magistrado Manuel García Castellón en el llamado ‘Caso Acuamed’.

La constructora adjudicataria de la obra, Rubau Construcciones, acudió a un Tribunal de Arbitraje para reclamar los sobrecostes de esta obra, que Acuamed se negaba a pagar. Según el fallo de este viernes 19 de enero, los árbitros dan la razón a la constructora y condenan a la empresa pública a pagar 1,5 millones de euros.

De esa cantidad, un total de 283.765 euros son «en concepto de trabajos ejecutados y pendientes de abono», y otros 871.160 euros «en concepto de costes indirectos». Además, obliga a Acuamed a cancelar y devolver un aval a su nombre depositado en Banesto en julio de 2008 por una cantidad de 565.744 euros. Sumando los tres conceptos la cantidad supera los dos millones de euros. A esa cifra hay que añadir otros 120.000 euros por la condena y el aval a devolver por la obra de El Castillo.

Los árbitros, de nuevo, como ya ha pasado en otras cuatro ocasiones, dan la razón a las empresas frente a los argumentos de Acuamed respecto a los sobre costes de las obras adjudicadas. Además de este de la Llosa del Cavall, este diario adelantó el pasado domingo el fallo del laudo de la descontaminación del pantano de Flix, dando la razón a FCC en su reclamación y condenando a Acuamed a pagar 1,76 millones por los perjuicios ocasionados. Según señalaron los árbitros, la descontaminación del pantano de Flix estaba terminada, no como defendía Acuamed.

Además, de la Llosa del Cavall y Flix, diferentes Tribunales de Árbitraje ya han emitido fallos y dado la razón a las empresas en sus reclamaciones en los casos de Rambla Gallinera, Aldesa y en el caso de la Asistencia técnica de Moncófar. Son cinco laudos arbitrales ya en contra de la empresa pública.

Proceso judicial

La primera consecuencia de estos laudos arbitrales es poner en tela de juicio las acusaciones que la Guardia Civil y la Fiscalía mantienen contra directivos de Acuamed y de las constructoras procesadas. Estas acusaciones consisten en que la anterior cúpula directiva de la empresa pública aceptaron sobornos de las adjudicatarias a cambio de inflar los costes de las obras.

Estos laudos arbitrales muestran que peritos independientes estiman que las empresas adjudicatarias tenían razón en sus reclamaciones de sobre costes a Acuamed, lo que cuestiona que se inflaran para pagar un supuesto soborno. La obra de Llosa del Caval fue una de las denunciadas en un principio aunque finalmente no se incluyó en el caso.

Además, como ha publicado este diario el lunes, el peritaje de las obras encargado por el juez Castellón para determinar el coste exacto de los proyectos y poder esclarecer si se inflaron o no, aún no ha empezado. La investigación comenzó en 2016 y se ha ampliado hasta mediados de 2020.

Por otra parte, la empresa pública está recurriendo estos laudos arbitrales al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que los declaren nulos. El argumento es que se trata de cuestiones que están en un proceso penal y apela a la prejudicialidad del asunto.

Coste

Además de sus efectos en el proceso penal la otra consecuencia es el coste que tienen estas reclamaciones para la empresa pública. Acuamed tiene arbitrajes abiertos por una decena de obras que le podrían costar 50 millones de euros, según publicó Expansión.

De momento, ha perdido cinco arbitrajes. Se trata de reclamaciones que hacen las empresas y Acuamed se niega a reconocer. Se da la circunstancia de que a veces se condena a pagar a la empresa pública más de lo que reclamaba la constructora.