Vuelco al ‘caso Acuamed’: un laudo arbitral da la razón a FCC sobre Flix y tumba la acusación

El Tribunal de Arbitraje de Madrid, al que recurrió FCC, ha dictaminado que la constructora ahora controlada por Carlos Slim «cumplió con sus obligaciones contractuales de dragado y descontaminación del lecho del embalse, de acuerdo con las instrucciones decretadas por la Dirección de Obra» de Acuamed.

Asimismo, el árbitro señala que la «depuración de las aguas confinadas en el embalse no formaba parte del objeto del contrato» con la compañía pública, por lo que falla que Acuamed rompió el contrato con FCC en 2017 de manera injustificada y la condena a pagar a la constructora un total de 1,76 millones de euros por los perjuicios ocasionados. Hay que recordar que FCC no pedía ninguna indemnización millonaria -eso podría producirse a partir de ahora- sino determinar si cumplió o no con el contrato.

La decisión del Tribunal de Arbitraje da un giro radical al ‘caso Acuamed’, donde se investiga desde 2015 la presunta adjudicación por esta empresa pública de obras infladas de precio a determinadas constructoras a cambio de sobornos a sus directivos.

Acuamed adjudicó en marzo de 2008 los trabajos de descontaminación del pantano de Flix a FCC por 155 millones de euros, la mayor inversión realizada en una obra de estas características en España. Según la Guardia Civil y la Fiscalía, directivos de Acuamed y de FCC tenían un pacto para dar apresuradamente por terminadas las obras y que así FCC pudiera cobrar 36,9 millones de euros en reclamaciones y sobre costes.

Tanto los directivos de Acuamed procesados como los de FCC han defendido que no existía ningún pacto y que en efecto la descontaminación del pantano de Flix estaba concluida. Ahora, este laudo arbitral da la razón a FCC y echa por tierra los argumentos de la acusación. La obra, dice el árbitro, estaba terminada. Además, como recuerdan fuentes del caso, la empresa pública nunca llegó a pagar a FCC el dinero de las reclamaciones -36,9 millones-.

Se da la circunstancia además de que esta obra es clave en el proceso porque es una de las cinco grandes adjudicaciones de las casi veinte que están bajo sospecha de la Fiscalía.

Tragsa

La ruptura del contrato de Acuamed con FCC en 2017 -ante la negativa de la constructora a seguir adelante porque consideraba que ya estaba descontaminado- motivó que el ministerio de Agricultura contratara a Tragsa para continuar con los trabajos en el pantano, supuestamente no terminados.

Agricultura adjudicó ese contrato a Tragsa por 44 millones de euros y en mayo de 2018 se iniciaron los trabajos. Una inversión que ahora el Tribunal de Arbitraje de Madrid ha señalado como innecesaria porque FCC solo dejó pendiente «completar el desmantelamiento de las instalaciones de tratamiento» y «clausurar el vertedero controlado», según el dictamen.

Además, como adelantó este diario, la Fiscalía no cuenta con un peritaje de las obras bajo sospecha de sobornos, de forma que no se conoce el precio de los proyectos. «Si no se conoce el coste de los proyectos, ¿cómo puede la Fiscalía defender que Acuamed infló las adjudicaciones?», se preguntan fuentes del caso.