El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles por unanimidad la creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de 564 euros mensuales, que aumentará paulatinamente hasta alcanzar los 664 en 2020 y que sustituirá la Renta Mínima de Inserción (RMI) a partir del 15 de septiembre, cuando entre en vigor.
La ayuda entrará en vigor el 15 de septiembre y es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que inició su andadura en 2013 y que recogió 121.191 firmas de apoyo ciudadano, y su aprobación supone la derogación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), popularmente conocida como Pirmi.
La RGC está recogida en el Estatut pero hasta ahora no se había desplegado, y establece una prestación para que todas las personas y familias que no dispongan de unos ingresos mínimos puedan tener «una vida digna».
Hasta 2020, la RGC no alcanzará los 664 euros
Concretamente, estos colectivos percibirán una renta de 664 euros, un importe que se alcanzará en su totalidad el 1 de abril de 2020: se empezará abonando 564 euros y la cuantía se irá incrementando progresivamente hasta entonces.
Podrán solicitarla los mayores de 23 años con un mínimo de dos años de residencia en Catalunya que hayan agotado todas las prestaciones y no tengan recursos mínimos para atender sus necesidades básicas, y será compatible con prestaciones de la Ley de dependencia y becas de transporte y comedor escolar.
También podrán pedirla las familias monoparentales que tengan contratos a tiempo parcial pero no ingresen suficientes recursos, en cuyo caso se les abonará una renta complementaria para que puedan alcanzar los 664 mínimos que se han estipulado.
Opiniones diferentes en los grupos parlamentarios
Los grupos de todo el arco parlamentario han coincidido en calificar la aprobación de la iniciativa de día histórico y el ponente relator del texto, Chakir el Homrani (JxSí), ha explicado que para poder aprobarla se han redoblado los esfuerzos en la presente legislatura: se han celebrado 31 reuniones en el Parlament en un año y tres meses.
Desde las filas de Cs, Noemí de la Calle, ha dicho que esta ayuda «permitirá que muchas personas no caigan en el precipicio», pero ha alertado de que no se puede caer en la autocomplacencia y será necesario abordar con contundencia la lucha contra la pobreza.
Raúl Moreno (PSC) ha celebrado la aprobación de la RGC pero ha reclamado al Govern que garantice todos los recursos y planes de inserción laboral para su correcta aplicación, así como que presente cuanto antes la memoria económica y social de su aplicación: «¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se pagará?»
La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha dicho que el Parlament aprueba la ley «tarde y dejando a mucha gente por el camino», que en plena crisis económica no tenía unos ingresos mínimos y ha visto recortada la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 442 euros, que ahora quedará derogada con la RGC.
Marisa Xandri (PP) ha puesto énfasis en los planes de acompañamiento que acompañan la RGC y que deben permitir la inserción sociolaboral de los beneficiarios, y ha lamentado que la ayuda complementaria solo se haya estipulado de momento para familias monoparentales, sin tener en cuenta las numerosas.
La diputada de la CUP Mireia Vehí ha puesto en valor que la RGC ha podido ser una realidad gracias a la movilización ciudadana, aunque ha asegurado que hay una diferencia abismal entre la propuesta que hicieron los promotores y el texto que aprobado: «Es una propuesta de mínimos».
El diputado no adscrito Germà Gordó ha valorado que la iniciativa hace de Cataluña «un Estado más moderno», y ha pedido que su aplicación no repercuta en un incremento de la presión fiscal y que la ayuda no sea superior al salario mínimo interprofesional.
Cinco años de recorrido parlamentario
Los portavoces de la comisión promotora de la ILP Diosdado Toledano y Sixte Garganté han comparecido en el pleno para abrir el debate final de una iniciativa que acumula cinco años de recorrido parlamentario -se ha ido posponiendo por cambios de legislatura-, y han felicitado emocionados a todos los que han trabajado para que sea una realidad.
Toledano ha recordado que un 6,7% de la población catalana vive actualmente en situación de pobreza severa y que la pobreza infantil y laboral van en aumento: «Es muy importante que nos hayamos puesto de acuerdo y ha sido posible gracias a que todos hemos hecho concesiones».
Garganté ha dicho que esta renta permite reconocer como derecho subjetivo el hecho de tener unos ingresos mínimos y ha puesto en valor la derogación de la RMI, una renta de cerca de 450 euros mensuales que fue recortada en 2011 y no acababa de satisfacer las necesidades sociolaborales de los ciudadanos más vulnerables.
