Un Puig acorralado por imputados, Cortes y el olvido de Sánchez fía su futuro a un ‘milagro’ electoral

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 02/06/2022 10:01
  • Actualizado: 02/06/2022 12:28

El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig está políticamente acorralado a un año de las elecciones por las sospechas de corrupción sobre el socialismo valenciano investigadas en el ‘caso Azud’, la causa judicial en la que está imputado su propio hermano Francis Puig y la imputación que amenaza seriamente a su vicepresidenta primera Mónica Oltra. Además, las Cortes Valencianas se han convertido en una tortura política para él -no fue a la última sesión de control- y el presidente del Gobierno de España el también socialista Pedro Sánchez es ya en uno de sus mayores problemas en temas como el Agua, las Infraestructuras y la Financiación. Por si algo faltara, los profesionales de la Sanidad valenciana no dan tregua, presentando denuncias un día sí y otro también.

Fuentes próximas al Gobierno valenciano sostienen que existe una prueba del algodón de que las encuestas no le dan a Puig. De haberle sido favorables habría convocado ya elecciones y las habría hecho coincidir con las andaluzas. Pero no es así. Esta idea llegó a formar parte de la hoja de ruta de Ximo Puig hacia una tercera legislatura al frente del Gobierno valenciano. Ahora, esa posibilidad se aleja a pasos agigantados por múltiples motivos.

Corrupción socialista

El ‘caso Azud’, que investiga los presuntos pagos y cobros de supuestas comisiones a cambio de también supuestos favores urbanísticos en el Ayuntamiento de Valencia muestran, cada vez con más claridad, una presunta trama corrupta en el entorno del socialismo valenciano. Un ex delegado del Gobierno y un ex responsable de finanzas del propio partido han sido imputados. Se investigan también las posibles conexiones de la trama con otras Comunidades como Andalucía o Extremadura.

Por si ello fuera poco, el síndico socialista en las Cortes Valencianas Manuel Mata decidió dimitir para centrarse en la defensa del principal imputado en el citado caso Azud el empresario Jaime Febrer y le generó a Puig una profundísima crisis de Gobierno, que afectó a 4 consejeros y 5 carteras. Puig bautizó a aquel cambio el del «nuevo impulso» en áreas como Sanidad o Educación -esta última de Compromís-. Algunas semanas después, ese nuevo impulso ha desaparecido.

Francis Puig

Francis Puig, hermano de Ximo Puig, declaró como imputado la pasada semana en la causa que investiga las subvenciones a empresas relacionadas con el propio Francis por la Generalitat Valenciana. Este es el caso que más afecta a Ximo Puig, porque aparecen varios miembros de su familia. «No lo soporta» sostuvieron algunas fuentes la pasada semana, cuando Ximo Puig viajaba a Portugal mientras su hermano Francis declaraba en sede judicial en Valencia. Por si fuera poco, la consejera de Justicia socialista Gabriela Bravo, muy próxima a Puig ofreció en las Cortes datos que presuntamente, según el PP, no debía conocer sobre el caso, que está bajo secreto de sumario. Los populares enviaron una queja formal al juzgado informándole de lo sucedido y abriendo la posibilidad de que se la investigue.

Imputados

Sin desviarnos del tema, es crucial señalar el problema de los imputados. Son nada menos que 13 en el caso en torno al ex marido de Mónica Oltra entre cargos y personal de la Consejería de la vicepresidenta valenciana. A ello, se suma un director general en el caso del hermano de Puig. Esta misma semana, una asociación ha presentado una querella contra otros 2 directores generales por presuntamente promocionar el chemsex, una práctica que supuestamente relaciona el sexo y el consumo de ciertas sustancias. Demasiada carga.

Mónica Oltra

Otro asunto que acorrala a Ximo Puig es la situación judicial de su vicepresidenta primera y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra (Compromís) en un caso relacionado con los abusos del ex marido de la vicepresidenta a una menor tutelada. La situación actual es la siguiente: el titular del Jugado de Instrucción 15 de Valencia solicitó formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación de Oltra en el caso que indaga si cargos y/o personal de la Consejería de Oltra supuestamente ocultó las denuncias de la menor. Como Oltra es aforada, quién decide si se la imputa o no es el TSJCV. El procedimiento ha empezado a tomar forma con una diligencia previa y con todos los focos políticos y mediáticos mirando hacia allí. Oltra se ha personado en el caso. Si resulta imputada, la legislatura en la Comunidad Valenciana estará acabada de facto. Ella lidera Compromís y engarza al tripartito valenciano. Es su portavoz, también.

División en el tripartito

El clima en el Gobierno valenciano no es bueno. Atrás quedaron tiempos mejores. Pero ha empeorado. Sobre todo, a raíz del ‘caso Oltra’. La consejera de Justicia Gabriela Bravo, muy próxima a Ximo Puig, insinuó en una entrevista que si la situación judicial de la vicepresidenta tal vez debiera dimitir. Pero lo dijo hablando de ella misma. Le cayó la mundial desde Compromís. Tanto Bravo como el propio Puig tuvieron que salir a matizar las palabras de la propia consejera. Declaraciones posteriores de algún otro destacado socialista marcaron también distancia con Compromís respecto a este caso, sin que pasara nada entonces, lo que da una idea de cuál era el problema.

Sanidad judicializada

En vísperas de unas trascendentales elecciones sindicales, la Sanidad de Puig se dirime entre las quejas de los profesionales y los pacientes y los asuntos judiciales, de los que OKDIARIO está dando cumplida cuenta. Un sindicato ha presentado recurso por la designación ‘política’ de miembros de tribunales de oposición y ha identificado, presuntamente, hasta 3 casos supuestamente relacionados con ese tipo de designación. Otro, por los cambios de fecha de unas oposiciones. Y están pendientes de resolución los recursos por la falta de elementos de protección a los médicos en la pandemia. Además, hay quejas por agresiones en centros de salud a profesionales y la falta de médicos tiene al borde del cierre a la UCI de Vinaroz. El nuevo consejero Miguel Mínguez no da abasto para cerrar las vías de agua que quedaron abiertas en la etapa de Ana Barceló, su predecesora.

Abandono de Sánchez

Hay 3 cuestiones trascendentales en las que el Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez está empeorando la situación de Puig: Agua, Financiación e Infraestructuras. La primera, el agua, con los recortes en el trasvase Tajo-Segura, que ponen en serio peligro miles de puestos de trabajo y tienen en pie de guerra a los agricultores y regantes. Si se reduce el trasvase al punto que lo solicita el presidente de Castilla-La Mancha, el PSOE no sólo habrá perdido definitivamente a toda la comarca de la Vega Baja del Segura, sino también a la Región de Murcia y Almería.

A ello, se suma la iniciativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar -CHJ- de cerrar media docena de acuíferos del Vinalopó, que se encuentra en punto muerto hasta dentro de un par de semana y cuya decisión coincidirá, en Alicante, con las fiestas de Hogueras.

La provincia de Alicante constituye un auténtico quebradero de cabeza para Puig. Las escasas inversiones del Gobierno de Sánchez en materia de infraestructuras, la aportación de los presupuestos y la atención al territorio no contenta a nadie. Y se une a la gran cuestión de fondo: el malestar de todo el territorio y todos los partidos por la financiación autonómica. La Comunidad Valenciana aporta al Estado mucho más de lo que recibe y Puig no está forzando, ni lejanamente, al Ejecutivo de Sánchez a que dé una solución. La situación de Oltra impide a Compromís forzar más la máquina en este tema pero incluso los nacionalistas están ya al límite de su paciencia, porque fue una de las cuestiones esenciales para sellar el apoyo a la investidura del presidente del Gobierno.

Países catalanes

Esta cuestión está directamente relacionada con la identidad valenciana: la de la propia Comunidad, la lengua y la Educación. Pero todo gira en torno a un mismo eje: hay una fuerte presión independentista por integrar de facto a la Comunidad Valenciana en el proyecto de los países catalanes (Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana). Esquerra Republicana ya trabaja abiertamente en esta idea y está intentando aglutinar a una serie de colectivos minoritarios. Oriol Junqueras y Gabriel Rufián ya han estado en tierras alicantinas para apoyar a sus candidatos y un sector cada vez más fuerte de la Coalición Compromís camina en esa misma dirección, que una parte de los socialista tampoco ve con malos ojos.

El acoso catalanista también es patente en la ampliación del puerto de Valencia, que pugna con el puerto de Barcelona por la hegemonía en esta parte del Mediterráneo. El problema se ha dirimido en varios frentes. El último, el Congreso de los Diputados. No obstante, la pugna continúa y camina hacia los juzgados.

Hay, también, una alianza audiovisual con Baleares y Cataluña y una creciente imposición del valenciano en la Educación y la Administración, que en esta última esfera está intentando contener Gabriela Bravo, pero en el ámbito educativo, en muchos casos, son las madres y padres los que están trabajando en defensa de la libertad lingüística. Y las subvenciones y ayudas a ‘chiringuitos’ catalanistas se han disparado como ha venido informando OKDIARIO.

Política impositiva

Las familias se están viendo especialmente afectadas por todo ello. Pero además, por una política impositiva que no cede, mientras que un sector del tripartito valenciano nada desdeñable -Compromís y Unidas Podemos- está abiertamente dispuesto a imponer la denominada tasa turística, que da de lleno en el sector esencial de la Economía valenciana. La tasa turística, un impuesto para gravar las pernoctaciones en este territorio, incluso a los propios valencianos, es el impuesto que ya existe en Cataluña y Baleares, de ahí que se haya rebautizado como el ‘impuesto de los países catalanes’.

Presión de las Cortes

Ante todo este panorama la presión que la oposición, PP, Vox y Ciudadanos en las Cortes Valencianas es enorme. Las peticiones de comisiones de investigación sobre los asuntos de mayor relevancia -Francis Puig, Oltra…- son constantes. Las sesiones de control se han convertido también en un tormento para Puig y su gobierno y el clima comienza a ser muy similar al de aquel ya lejano 1994, en vísperas del vuelco electoral (1995) que sacó del Gobierno al socialista Joan Lerma. Curiosamente, el mentor político de Ximo Puig.

Ultimas ocurrencias

Hay otras cuestiones que afectan a otras Consejerías -Transparencia, Agricultura y Medio Natural, con el caso de los burros de Castellón, Política Territorial, con el tren de la costa…- pero al lado de las que aquí se han esbozado son asuntos de otro calado que, eso sí, son susceptibles de pasar en cualquier momento a primera línea. Todos, sumados, acorralan a Ximo Puig.

Tal vez por ello, el presidente valenciano ha decidido refugiarse en ocurrencias como la de la ‘España polifónica: por un país en forma de malla’ fundamentado en la deslocalización de las instituciones y que contempla el cambio de ubicación de hasta 10 instituciones del Estado, pero hasta en eso se vislumbra el ‘cariño’ hacia Cataluña y el guiño al nacionalismo que representa, porque es la única Comunidad para la que el proyecto de Puig reserva 2 de esas instituciones. Y no son menores: parte del Senado y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 

Puig en su laberinto

Ante todo este panorama, Ximo Puig está empeñado en resistir el año que resta. Confía en la resolución favorable de parte o la totalidad de las causas abiertas en sede judicial. La estrategia estriba en que el asunto de Oltra se solucione antes de verano, que los meses de julio y agosto permitan que se recupere cierta tranquilidad e iniciar una ofensiva política en otoño hasta el final de legislatura. Si una de estas premisas no se da, la legislatura estará acabada a pesar de que se sostenga hasta mayo del próximo año y Puig seguirá acorralado.