Más de 15.000 personas perderán el empleo con la política antitrasvasista de Sánchez en el Tajo-Segura

Un total de 15.300 personas perderán su empleo con el recorte de 105 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo-Segura que prepara el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez. Así, lo certifica un estudio del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante elaborado por el prestigioso catedrático Joaquín Melgarejo, director del citado instituto, para la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia. Esos 15.300 empleos cuantifican lo que sería un primer impacto, pero sus consecuencias serían aun más terribles por la pérdida de poder adquisitivo de esas personas derivadas del cese en su actividad laboral e incluso por la posibilidad de que se convirtieran en migrantes, lo que afectaría de un modo u otro a otros servicios.

Hace apenas unas horas, el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana el alicantino Carlos Mazón reprochaba al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig que no hacían falta más comisiones de expertos para defender el trasvase Tajo-Segura frente a la intención del Gobierno de Sánchez de recortar el aporte de agua de esa infraestructura. Los acontecimientos dan la razón a Mazón.

Porque el informe definitivo ya está hecho. Y es el del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que lleva la rúbrica del prestigioso catedrático Joaquín Melgarejo, quien vaticina que un nuevo recorte del volumen y las características del que prepara Sánchez tendría como consecuencia un impacto de 15.300 despidos en la Provincia de Alicante, Región de Murcia y Almería. Joaquín Melgarejo es, además, el director del citado instituto y autor o coautor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales que versan sobre agua y economía o sobre la gestión de los recursos naturales. Por tanto, un experto de trascedencia internacional.

Y el experto sostiene en su informe que la pérdida patrimonial que supondría el recorte del Tajo-Segura que ultima Sánchez sería de 5.700 millones de euros, de los que casi 4.000 corresponderían al lucro cesante a 40 años. Las pérdidas por ese lucro cesante equivalen, para que se hagan una idea, a lo que el Gobierno de Sánchez recibió como inyección extra de Bruselas en febrero del pasado año para que España no perdiera el tren de la recuperación. Un tren que sí parece escaparse para esos 15.300 potenciales afectados por los futuros despidos y, como consecuencia, para otros muchos miles de trabajadores que se verían afectados por las consecuencias de esos despidos.