LOS POPULARES ADVIERTEN DE QUE HAY HASTA 7 CONSEJERÍAS AFECTADAS

El PP pedirá más diligencias en el caso del hermano de Puig mientras la Generalitat aplaza personarse

Gabriela Bravo junto a Mónica Oltra y Ximo Puig en una imagen de archivo.
Gabriela Bravo junto a Mónica Oltra y Ximo Puig en una imagen de archivo.

La Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig no se personará en la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia por las supuestas irregularidades en las subvenciones recibidas presuntamente por empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del presidente valenciano, si las cantidades obtenidas «de forma irregular» no superan los 120.000 euros. Así, lo manifestó la consejera de Justicia valenciana Gabriela Bravo en su intervención en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas en respuesta a la pregunta realizada por la presidenta del Grupo Popular en la Cámara la oriolana Eva Ortiz. El PP ha advertido de que hay hasta 7 consejerías afectadas por el caso y ha anunciado que solicitará más diligencias: en concreto, le citación de nuevos testigos y la petición de más imputaciones.

El escándalo que se produjo ayer en el Parlamento valenciano a raíz de que Gabriela Bravo diera, desde esa misma tribuna de oradores, datos que supuestamente forman parte diligencias incluidas en el secreto de sumario del caso, dejó en segundo plano la que era la cuestión de fondo de su intervención. Se trataba de conocer si finalmente la Generalitat Valenciana, supuestamente perjudicada por las presuntas irregularidades iba a personarse de una vez en el procedimiento. Una circunstancia que el PP ha solicitado reiteradamente por el menoscabo que presuntamente ha supuesto para las arcas valencianas.

A Gabriela Bravo le insistió varias veces en esta cuestión Eva Ortiz, que considera que el daño a las arcas públicas valencianas a causa de las citadas presuntas irregularidades puede superar los 1,2 millones de euros. Entiende además, que hay nada menos que 7 consejerías supuestamente perjudicadas y que además consta como imputado el director general de Política Lingüística, también de la Generalitat Valenciana. En suma, entiende que hay razones más que sobradas para esa personación.

Fue esa pregunta la que motivó la ya famosa respuesta de Gabriela Bravo, origen de que el PP haya elevado una queja ante el Juzgado: «La Administración, ahora, -dijo Gabriela Bravo- aún no se puede personar en el procedimiento porque a pesar de los 388 folios del informe de la Guardia Civil, no hay un solo párrafo que concluya que la cantidad obtenida de forma irregular supere los 120.000 euros».

El PP, que como ha informado OKDIARIO ha presentado una queja ante el Juzgado, no comprende cómo Gabriela Bravo conoce todos esos datos si, precisamente, la Generalitat Valenciana no está personada en el procedimiento. Pero a la consejera le sirvió el argumento para rechazar esa personación.

Pero además, Gabriela Bravo esgrimió que «por eso , el Ministerio Fiscal ha pedido un informe de la Intervención de la Generalitat de Cataluña y también de la Comunidad Valenciana. Si no se da esa premisa de obtención irregular no estamos ante un hecho delictivo de fraude y por eso, en este momento, aún no se puede personar» la Generalitat.

No es esa la opinión del Partido Popular, que sí está personado en la causa y que ya ha adelantado que va a solicitar más imputaciones y más testigos porque considera especialmente relevantes las declaraciones en sede judicial de esta misma semana tanto de Francis Puig como Juan Enrique Adell Bover. Y tiene serias dudas acerca de por qué a este último supuestamente se le han solicitado el reintegro de 7 subvenciones, mientras que a Francis Puig no se le ha pedido ninguno, según dijo Eva Ortiz.

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