Intervención detectó riesgo alto en controles de pago de 22 entidades de la Generalitat de Puig

El área de Intervención de la Generalitat Valenciana detectó y advirtió en 2022 de un riesgo «alto» en los «controles de pago» de 22 entidades de la Generalitat Valenciana en 2021, bajo el gobierno del socialista Ximo Puig.

Así, se desprende del dictamen ejecutivo de esa misma área al que ha tenido acceso OKDIARIO. Esas empresas forman parte de las que se encuentran bajo la lupa del nuevo Gobierno valenciano después de que su actual presidente el popular Carlos Mazón revelase que los gobiernos de Ximo Puig pagaron en los últimos cuatro años 713 millones de euros en 253.122 contratos menores y anunciase una auditoría para, entre otras cuestiones, desentrañar si existieron supuestas irregularidades en ese proceder.

Mazón anunció, también, la supresión inmediata de media docena de empresas del sector público instrumental. Fundamentó su decisión en que la labor de esas empresas ya la desempeñaban otras direcciones generales. Es decir, se suprimen porque generan duplicidades innecesarias en la Administración valenciana.

Niveles de «riesgo alto» en 22 empresas

Según consta en el citado dictamen, en 22 de 29 entidades sujetas a la auditoría operativa los niveles de riesgo detectados fueron altos. En cifras absolutas, fueron analizadas un total de 48 entidades. De las 19 restantes, en 15 no se observó riesgo significativo y, en otras cuatro, el riesgo advertido en todas las áreas era bajo. Es decir, que según se desprende de la citada auditoría, las empresas con riesgo alto (22) totalizan más que las que carecen de riesgo (15) o tienen un riesgo bajo (4) sumadas ambas (19).

El martes 16 de enero de este 2023, el actual presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón reveló que el Gobierno que le precedió y que presidía el socialista Ximo Puig gastó 713 millones en 253.122 contratos menores en cuatro años: esto es, en el periodo que transcurrió entre 2019 y 2023.

Mazón reveló, también, que la Generalitat Valenciana había realizado más de 4.000 contrataciones de personal en 2021 que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos. En aquel 2021 al que se refirió Mazón el presidente de la Generalitat seguía siendo Ximo Puig.

Es más, el nuevo presidente de la Generalitat añadió que una empresa pública, la encargada de la gestión de las emergencias, que estaba bajo la responsabilidad de la entonces consejera Gabriela Bravo, trató de «colar» en vísperas de las elecciones autonómicas de 2023 un total de 1.800 nuevos empleos públicos.

Una cosa y la otra han llevado a la Generalitat de Carlos Mazón a poner en marcha una auditoría que se extenderá por todo este año 2024. Además, PP y Vox han presentado ante la Mesa de las Cortes Valencianas una iniciativa para que la Cámara cree una comisión de investigación en torno a las gestión de las empresas de la Generalitat y muy especialmente de lo que se denomina el sector público instrumental para saber cómo se gastaron 713 millones de euros en 253.122 contratos menores en cuatro años.

Controles de pago «deficientes o inexistentes»

Pero una de las cuestiones que ha llamado la atención es que, según el dictamen ejecutivo de Intervención, un total de 22 de las 48 entidades analizadas presenta un nivel de riesgo «alto» en el área referida a los controles de pago.

Según se desprende del cuadro que aparece en el citado informe, un total de 22 entidades se encontraban en riesgo «alto» por controles de pago «deficientes o inexistentes». Esa cifra, duplica el número de empresas que aparecen en riesgo alto, también, por «cargos tramitados sin ajustarse al procedimiento legal establecido, que son 11.

Además, había seis entidades también en riesgo alto por «salidas de fondos que no cuentan con soporte documental adecuado». Seis más, también, por «cargos no registrados en la contabilidad de la entidad». Nueve entidades aparecen también con riesgo alto por lo que el informe denomina «pagos especiales (pagos al extranjero, talones/cheques y tarjetas de crédito)».

Más allá de la mención que se efectúa en ese cuadro, el dictamen es claro: «Cabe destacar que en 22 entidades se ha observado un nivel de riesgo alto en el área referida a los controles de pago, advirtiéndose deficiencias en la emisión y firma de las órdenes de pago por el órgano competente, en el documento de domiciliación bancaria o alta de terceros aportada por el destinatario del pago y/o en la identificación de la cuenta bancaria donde se ha efectuado el pago al que corresponde el pago auditado».

En el citado informe se destaca también que: «En este sentido, las principales incidencias se refieren a la ausencia de procedimientos formalmente aprobados de verificación de los datos de terceros con los que se relaciona económicamente y sus cuentas bancarias, así como la ausencia de identificación electrónica segura del tercero y de la cuenta bancaria destinataria del pago».

Todo ello, está contenido en el apartado 3.5 del citado dictamen ejecutivo, referido al área de tesorería, en el que se explica que la auditoría operativa llevada a cabo en su día (2022) consistió «en la revisión del área de tesorería de las entidades, en concreto de los procesos de pago de las obligaciones económicas adquiridas con terceros con el objeto de analizar que los controles existentes sobre las salidas de fondos de las cuentas bancarias de su titularidad evitan o reducen determinados riesgos de fraude o error».