El 27,5% de entidades de la Generalitat de Puig recibieron valoración desfavorable de Intervención

Un total de 14 de las 51 entidades del sector público instrumental de la Generalitat Valenciana auditadas en 2022, cuando el socialista Ximo Puig era presidente del Ejecutivo autonómico, obtuvieron una valoración desfavorable, frente a sólo cuatro con valoración positiva. El resto, otras 33, no merecieron más que una calificación favorable con salvedades.

De hecho, se registraron hasta 219 observaciones o incidencias, ya fuera en la elección del procedimiento de contratación (36), en la fase previa de contratación administrativa (65), en la fase de licitación (1), en la adjudicación de los contratos (13), en la formalización de los contratos (5), en la fase de ejecución de los contratos (44) o en las obligaciones de publicidad y transparencia en la contratación pública (22).

Así, se desprende del Informe General del Artículo 96.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero Plan Anual de Auditorías del Sector Público 2022, correspondiente al ejercicio de 2021, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Ese informe fue realizado por la Intervención de la Generalitat Valenciana y contiene en su dictamen ejecutivo varios de los datos revelados por el actual presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón, que han puesto en duda la gestión que el Gobierno de Ximo Puig realizó en torno a las denominadas entidades públicas instrumentales.

La más relevante de las revelaciones de Mazón y que ha desatado el escándalo es la referente a que el Gobierno de Ximo Puig gastó 713 millones de euros en 253.122 contratos «a dedo» en sólo cuatro años. Así, como la referente a que sólo en el ejercicio de 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal no autorizadas por la Dirección General de Presupuestos.

El Gobierno de Mazón ha iniciado los trámites para poner en marcha una auditoría que arrancará en este primer trimestre de 2024 con el objetivo de conocer el trasfondo de lo sucedido, sin descartar, si se derivaran responsabilidades, posibles acciones en el ámbito judicial. Además, PP y Vox han registrado ante la Mesa de las Cortes Valencianas una iniciativa para activar una comisión de investigación en torno a esta misma cuestión.

Un 27,5% de los informes con «valoración «negativa»

En el apartado dedicado al área de contratación, dentro del mencionado dictamen ejecutivo, es donde se revelan, también, los datos antes expuestos. Por un lado, un 27,5% de los informes presentan valoración «negativa».

En concreto, 14 de 51. Y, por otro, «se han registrado hasta 219 observaciones», que el informe agrupa en función de varias categorías «que se corresponden con los distintos aspectos considerados en la legislación de los contratos públicos o con las distintas fases del procedimiento de contratación».

De esas 219 observaciones, hay ocho casos «de limitación de alcance al no haber presentado la entidad la documentación que se le requirió», el 3% del total.

Desglose de incidencias

En el desglose de incidencias detectadas, un total de 36 se refieren a la «elección del procedimiento seguido o por haber omitido el exigible (un 16% del total)». Y, apunta además, como más frecuentes tres:

Uno, que «se realizan gastos por prestaciones contractuales sin tramitar los procedimientos para su adquisición o, e su caso, prescindiendo de los tramites o requisitos esenciales que la normativa regula para ello».

Otro, que «en 28 informes se formulan salvedades por haber utilizado la contratación menor para contratar prestaciones de carácter recurrente que se repiten anualmente». Y agrega que son «expedientes de contrato menor que presentan indicios de fraccionamiento injustificado del objeto, presumiblemente, para eludir los límites temporales y cuantitativos que establece la ley y que obligan a tramitar expedientes con formalidades más estrictas».

Además, el informe sostiene que «también se registra una insuficiente justificación de la emergencia en contratos que reciben esa calificación (en 4 supuestos).

Hay, además, 65 incidencias detectadas en la fase previa a la contratación administrativa, un 38% del total, que el informe desglosa. Una de ellas, porque «no consta una declaración de ausencia de conflicto de los intereses suscrita por los intervinientes en la contratación o, en su caso, otras medidas adecuadas adoptadas por el órgano de contratación en los términos que establece la ley».

Pero, también, porque «no se justifica adecuadamente la necesidad de la contratación o la adecuación del objeto del contrato a los fines de la entidad en 13 supuestos».

En 11 informes, «se incurre en una defectuosa descripción del método de cálculo del presupuesto base de la liquidación, del valor estimado del contrato y/o del precio del contrato». En otros casos, «no se incluye en el expediente, o no se han aportado después de la fase de alegaciones, algunos informes y documentos esenciales, como el informe de la Abogacía de la Generalitat, de la intervención general, el informe de insuficiencia de medios en contratos de servicios, la designación del responsable del contrato o el nombramiento de los integrantes de la mesa de contratación».

En un caso, se formuló una incidencia porque «no obran en el expediente los requerimientos de documentación realizados al licitador». Además, hay 13 incidencias que se relacionan con la adjudicación de los contratos.

Expedientes con «irregularidades de distinto signo»

En tres de esas adjudicaciones «no obra en el expediente la justificación de que el adjudicatario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y seguridad social». En dos, «no consta la resolución de adjudicación en el expediente examinado», pro además, según el informe: «Hay ocho adjudicaciones con irregularidades de distinto signo».

También se detectaron, siempre según el documento citado, cinco incidencias relativas a la fase de formalización del contrato: «Pliegos de cláusulas administrativas particulares que no están firmados ni fechados y se desconoce si los aprobó o no el órgano de contratación» y «expedientes de contratación en los que no consta el ejemplar del contrato o, está, pero no se ha firmado».

Otras 44 incidencias hacen mención a la fase de ejecución del contrato: «La más recurrente», según ese informe, «es la referida al pago de facturas que se realiza fuera de plazo legal o en el que se aprecian irregularidades». En esa categoría «se incluye facturas no conformadas, facturas en las que no consta algún dato esencial como la fecha de recepción».

Otras de las «anomalías de esta clase» son «las que se producen cuando en el contrato de servicios o suministros existe un desajuste entre los plazos contractuales, las fechas de prestaciones, la de facturación y la de aprobación del gasto». Y «otros tipos de infracción que se adscriben a la fase de ejecución del contrato» son «las prórrogas y modificaciones contractuales en las que no se reajusta simultáneamente la garantía del contratista».

Por último, otras 22 incidencias tienen por causa, según el citado informe «infracciones referentes a las obligaciones de publicidad y transparencia en la contratación pública». Según el documento: «En esencia, esta categoría incluye los casos en que no se ha comunicado o no se ha aportado constancia documental de que la entidad ha comunicado la adjudicación y la formalización del contrato a los registros oficiales de contratos y de su publicación en el perfil del contratante, así como los supuestos en los que se han consultado los registros sin encontrar los actos publicados».

Esta parte del informe concluye poniendo de manifiesto que «se aprecia que casi un 54% de las incidencias» se producen «bien por la inadecuada elección del procedimiento de contratación que se ha seguido» o bien «por defectos en la preparación del expediente, esto es, en la fase previa a la contratación», ya que «representan, respectivamente, un 16 y un 38 por ciento de las 219 incidencias», recogidas en los informes de auditoría de los citados 51 organismos que conforman el sector público de la Generalitat Valenciana.