Las Cortes Valencianas investigarán los 253.122 contratos ‘a dedo’ del Gobierno de Ximo Puig

Las Cortes Valencianas crearán una comisión de investigación para desentrañar las supuestas irregularidades cometidas en las empresas instrumentales de la Generalitat entre los años 2016 y 2023. O, lo que es lo mismo, durante los gobiernos del socialista Ximo Puig.

Así, se desprende de la iniciativa presentada conjuntamente este jueves por los síndicos en la Cámara autonómica de PP y Vox, Miguel Barrachina y Jose María Lllanos. Un documento de ocho puntos que ya obra ante la Mesa de las Cortes y que será aprobado presumiblemente con los votos de los partidos que conforman el actual Gobierno valenciano. Además, es la primera cuestión de fondo que ambas formaciones, PP y Vox, que comparten responsabilidades en el Gobierno valenciano, llevan a las Cortes de modo conjunto.

Y se produce, además, poco después de que Vox haya llevado a cabo un cambio estratégico en su equipo parlamentario, con la entrada de José María Llanos como portavoz. Llanos ha relevado en esta tarea a Ana Vega.

Esta comisión de investigación se desarrollará a la vez que la auditoría que, durante el primer trimestre de este 2024 pondrá en marcha el Ejecutivo que preside el popular Carlos Mazón.

Más de 253.000 contratos «a dedo»

Y responde al monumental escándalo generado en la Comunidad Valenciana después de que el propio Mazón revelase este martes que el Gobierno de Ximo Puig adjudicó de manera directa, y por tanto «a dedo», la friolera de 253.122 contratos por un montante total de 713 millones de euros en los últimos cuatro años: los que van de 2019 a 2023.

Y de que revelase, también, que estamos «ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo». De hecho, un informe de la Intervención de la propia Generalitat revela, según explicó también Mazón que sólo en el año 2021 se produjeron más de 4.000 contrataciones de personal «que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos».

La iniciativa de PP y Vox

En su iniciativa parlamentaria, PP y Vox reclaman al Pleno de las Cortes Valencianas la creación de una comisión de investigación «sobre las irregularidades cometidas en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana» desde 2016 a 2023.

Piden que la composición de esa comisión sea la misma que la actual de las comisiones permanentes legislativas previstas en el artículo 45 del reglamento de las Cortes Valencianas y que se constituya de forma inmediata a su aprobación.

Esa comisión de investigación deberá elaborar un dictamen en un plazo máximo de 18 meses, lo que nos lleva hasta a febrero o marzo de 2026. En ese dictamen, se plasmarán sus conclusiones. Además, el dictamen será elevado al Pleno de la Cámara para que sea debatido y aprobado.

PP y Vox incluyen en su iniciativa que la comisión de investigación pueda requerir la presencia de expertos de reconocido prestigio y solvencia profesional, de colegios profesionales, representantes sindicales y de organizaciones empresariales, así como de sociedades científicas «y otras personas relacionadas con las materias de que se trate».

También, podrá solicitar informes y documentación a la Administración autonómica y a los «servidores jurídicos», los letrados, de las Cortes Valencianas referidos a asuntos de estudio. Y podrá nombrar en su seno una ponencia que, tras el estudio de los temas que sean susceptibles de acuerdo, elaborará un dictamen que, una vez aprobado por la Comisión, será elevado al Pleno.

«Un nido de enchufismo y amiguismo»

Según ha explicado el portavoz del PP en las Cortes Valencianas Miguel Barrachina: «Todo parece indicar que las empresas públicas han sido un nido de enchufismo y amiguismo. Y queremos aclararlo».

Además, PP y Vox pretenden analizar «si de esta práctica generalizada de amiguismo y malgasto se deriva alguna responsabilidad política», porque «más que responsabilizar a un empleado público de Ximo Puig, tendrían que preguntarle a Ximo Puig», según ha explicado también Miguel Barrachina.

Vox advierte de «gravísimas irregularidades»

Por su parte, José María Llanos, que recientemente ha relevado a Ana Vega como síndico de Vox en las Cortes Valencianas ha explicado que con la petición pretenden «estudiar y analizar todas las gravísimas irregularidades que se han producido en el sector público instrumental». 

Llanos ha hecho hincapié en la SGISE, la empresa de gestión de las Emergencias, que era responsabilidad de la consejera Gabriela Bravo, donde «muy poco antes, prácticamente ya en pre campaña electoral de las elecciones pasadas, se hizo una contratación sin dotación presupuestaria, sin informe, sin ubicación laboral de casi 2.000 nuevos empleos públicos que, gracias a Dios, se pudo frenar a tiempo».

Frente a ello, el síndico de Vox ha explicado, también, que el nuevo Gobierno valenciano ha reducido en un 50% los nombramientos de altos cargos «y todo ese gasto superfluo que lo que hacía era apesebrar a los amigos, contentar a algunos colectivos y, siempre, quien lo pagaba, es el bolsillo de los valencianos». José María Llanos ha reclamado «luz y taquígrafos para los valencianos».

Muy gráficamente, José María Llanos ha sostenido que el anterior Gobierno valenciano, el presidido por Ximo Puig, «parece que está poniendo el carro delante de los caballos», para agregar un término jurídico: «excusatio non petita, acusatio manifiesta». 

La iniciativa conjunta de Partido Popular y Vox ha sido registrada este jueves ante la Cámara autonómica. Y se suma a la auditoría que desde el poder ejecutivo ha puesto en marcha Carlos Mazón.

Por tanto, el legislativo y el ejecutivo están en la tarea de investigar los contratos de la etapa de Ximo Puig, con el añadido de que si se derivan posibles responsabilidades trasladarlas a la esfera judicial.